El Consell Insular de Ibiza ha aprobado este jueves, 1 de agosto, de manera definitiva la modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI), que introduce medidas clave para frenar la expansión del alquiler turístico en suelo rústico y proteger los recursos hídricos de la isla.
La reforma, elaborada por el área de Territorio, establece que ninguna vivienda nueva ni construida después de 1956 podrá obtener licencia de uso turístico, lo que supone una reducción del 82 % respecto al número actual de viviendas potencialmente turísticas.
“Cortamos de raíz el cordón umbilical entre la nueva construcción y el alquiler turístico”, señaló el conseller de Territorio, Mariano Juan.
Protección del agua y restricciones constructivas
Además de la limitación al turismo vacacional, la norma establece prohibiciones para construir viviendas o llenar piscinas si el acuífero afectado no está en estado óptimo. También se exige que las nuevas edificaciones incorporen sistemas de reutilización de aguas grises y reduzcan su consumo hídrico en un 60 % respecto a la media actual. El ahorro estimado de agua por estas medidas equivale al consumo diario de tres pueblos como Santa Gertrudis.
“No puede ser que se gasten 150.000 litros al año para mantener un jardín tropical mientras hay pozos que sufren”, advirtió Juan.
Medidas sociales, agrícolas y urbanas
La modificación incluye medidas orientadas a proteger el patrimonio rural y agrícola de la isla, como la segregación de fincas entre familiares para facilitar el relevo generacional, y la simplificación de transmisión de tierras a cooperativas agrarias. También se blinda la protección de las casas payesas incluso en municipios sin catálogo patrimonial.
En el ámbito urbano, se incorporan criterios obligatorios de sostenibilidad, como suelos permeables, cubiertas solares y arbolado. Además, se incentivarán los parques fotovoltaicos urbanos y periurbanos, que podrían cubrir hasta el 75 % del consumo energético local.
12 millones para bienestar social y movilidad
Durante el mismo pleno, el Consell aprobó la incorporación de 12 millones de euros de remanentes, con 3,3 millones para Bienestar Social, 1,3 millones para discapacidad, 7,9 millones para movilidad (incluyendo gratuidad del bus en 2025), 400.000 euros para las deixalleries y 159.000 euros en Promoción Económica para campañas como la moda Adlib.
