Enrique Gómez Bastida (1977, Cartagena, Murcia) asumió a finales de noviembre del año pasado como director insular de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, un cargo que se encontraba vacante desde la última legislatura y que ostentó la abogada Naihara Cardona.
Criado en la localidad gallega de El Ferrol, Gómez Bastida, teniente coronel de la Guardia Civil en Servicios Especiales, ya conocía la isla. No en vano, fue el responsable del destacamento de la Guardia Civil en la isla entre 2017 y 2020. Luego, se trasladó a Mallorca como número dos de la Guardia Civil de Baleares.
Se comió la pandemia, episodio que le permitió granjearse el respeto de la clase política y empresarial por su capacidad de organización y trabajo y, sobre todo, por su fiabilidad.
No solo en Ibiza sino también en el conjunto de la Comunidad. Así, entre enero de 2023 y abril de 2024 se fue con Rosana Morillo a Madrid en calidad de director de gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo.
Dentro de su extensa carrera profesional, entre 2014 y 2017 fue también director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Antes, su nombre tomó relevancia al encabezar la Operación Puerto, el operativo más importante contra el dopaje en el deporte de élite realizado en España.
El interés por su desembarco en el Consell Insular
Por todo ello, el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, no dudó en ficharlo para gestionar el proyecto del Impuesto sobre el Turismo Sostenible (ITS), conocida como ecotasa, que financia la lucha contra el alquiler turístico ilegal y los taxis piratas y que supone un antes y un después en la dotación de importantes medios técnicos, humanos y presupuestarios para luchar contra estas lacras.
Su arribada generó una enorme expectativa en el mundo empresarial cargando de alguna manera sobre sus espaldas la enorme responsabilidad de minimizar ambas prácticas en primer término y dejarlas como una actividad testimonial en segundo.
El reto era diseñar protocolos y dispositivos para evitar la proliferación de anuncios. «La policía no quiere detener ladrones, no quiere que haya robos», dice defendiendo la importancia estratégica de la labor preventiva.
Tras siete meses de trabajo, el Consell de Ibiza ha considerado que era un buen momento para atender las numerosas peticiones de entrevista de los medios locales.
La lucha contra el alquiler turístico
– ¿Sabe el número de plazas de turistas que han pernoctado esta noche en Ibiza?
– No lo sé, no tengo datos de la ocupación de la oferta ilegal en tiempo real. El cálculo de la oferta ilegal no se realiza por cuántos hay, sino por cuántos no hay en la oferta reglada, por eliminación. Entonces, para eso utilizamos los datos del sistema de inteligencia turística, que ya tiene dos años de vida, y cada vez mejora su capacidad analítica. Sabemos la gente que hay en la isla y sabemos los que se alojan en establecimientos legales, y sabemos los que se alojan en la oferta ilegal. No tengo los datos de ayer pero los tendremos calculados en unas semanas.
Lo que sí que existen son los datos de las plazas turísticas que se ofertan a través de canales de promoción mayoritarios: las principales plataformas de alquiler turístico, como pueden ser Airbnb, Booking, Vrbo, Homeaway, con las que normalmente colaboramos.
Los datos de plazas turísticas que se pueden estar ofertando por otros canales como Facebook, Telegram, WhatsApp u ofertas que se hacen por Instagram son muy difícil de calcular. Además, normalmente están duplicados en gran parte en las plataformas.
También es cierto que consideramos que el principal canal de comercialización de lo ilegal lógicamente son las plataformas. Por eso existen las plataformas y por eso realmente el problema de alquiler turístico legal o ilegal, el alquiler turístico de viviendas explota con la irrupción de las plataformas. Eso es lo que cambió el mercado, lo que cambió la situación y lo que provocó la irrupción del turismo en unas cifras muy elevadas, junto con los vuelos de bajo coste.
– ¿Y cuál es el último dato conocido?
– El último dato conocido no me corresponde a mí anunciarlo, sino al al señor vicepresidente o el señor presidente del Consell. Lo que sí puedo afirmar es que la reducción de la oferta, no voy a decir de número de personas, es muy elevada. Estamos hablando de una reducción en los canales que supera el 60%. Es decir, que en julio del año pasado, en Airbnb se estaban ofertando aproximadamente unas 14.500 plazas y a día de hoy unas 4.400. Creemos que los datos que vamos a sacar durante el fin de semana estaremos en otro descenso de entre 800 y 1.000 plazas menos anunciadas en las principales plataformas, lo cual seguirá dificultando la comercialización en canales mayoritarios.
¿Y cómo va a repercutir eso en números de personas alojadas en la oferta ilegal? Pues eso yo creo que no me corresponde a mí, pero le puedo adelantar que serán positivos. Creo que superan las expectativas que teníamos.
– Usted me dijo cuando volvió a la isla que si no baja un mínimo de un 30% sería un fracaso.
– Lo he superado.
– ¿Por qué no le corresponde a usted dar las cifras?
– Pertenezco a una institución jerarquizada, sigo manteniendo mi jerarquía. Yo anuncio lo que en buena fe creo que puedo comentar o puedo explicar, que es cómo trabajamos y qué resultados esperamos. Pero creo que corresponde a la gente que lidera realmente el proyecto de lucha contra el intrusismo, que no soy yo, yo simplemente soy uno más, ni siquiera soy el único, uno de los brazos ejecutores. Las personas que liberan el proyecto del Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo son el presidente del Consell y, segunda instancia, el vicepresidente y conseller de Territorio e Intrusismo (Mariano Juan).
– Permítame que le atribuya un papel de coliderazgo.
– No, coliderazgo no. Yo soy el que intenta hacer lo que le piden.
– Si le digo que 5.000 plazas, ¿me acerco?
– (Risas) No vamos a jugar… Solo le digo que los datos que manejos son buenos.
– ¿Todo anuncio de plazas turísticas ilegales es detectado?
– Todo lo que se anuncia por un canal de promoción turística, sí. Todo lo que se anuncia por otros canales minoritarios de más difícil de detección, y, por lo tanto, con mayor dificultad de comercialización y de que sea accesible a un turista general, nos es más complicado.
Es un plan que está estructurado en tres años, con lo cual, lógicamente, henos empezado por las prioridades el primer año. Y la prioridad marcada para el primer año es la colaboración con los canales principales, es decir, los que tienen mayor penetración y lo que nos va a dar un mayor resultado en volumen.
Si el Plan de Choque es un plan que tiene que dar respuesta a una serie de problemáticas que afronta la isla en cuanto a masificación, y eso se traduce a transporte y fuerte alojativo ilegal, tenemos que tratar de dar una respuesta lo más contundente posible a donde se comercialice la mayoría. Por eso hay un enfoque claro hacia las plataformas y no hacia canales más minoritarios.
No significa que se desprecie ese canal, simplemente que, si tú tienes un plan a tres años, tienes que ser capaz de ordenar y ser capaz de trabajar dando respuesta en fases para poder afrontarlo. Si se afronta todo junto, al final no tenemos una respuesta adecuada en ninguno de los frentes.
– ¿En qué punto está el proyecto financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible?
– El plan afronta transporte ilegal y oferta alojativa ilegal. Se ha incorporado un cierto grupo de gente que permite reforzar la capacidad que tenía el Consell de forma propia, con lo cual permite reforzar las actuaciones que se venían haciendo.
– ¿Cuánta gente se ha incorporado?
– Se han incorporado unas 25 personas y falta por incorporar personal todavía. Hay una parte que se coordina, se ha reorganizado la oficina de Lucha contra el Intrusismo para que haya una respuesta homogénea en la parte de oferta alojativa y de transporte ilegales, con lo cual se mantiene el equilibrio entre la aplicación de las tecnologías que nos ha permitido reducir el esfuerzo humano en la parte de oferta alojativa. Y hemos establecido también una fuerte colaboración con el aeropuerto de Ibiza y con Aena, en cuanto a aplicar procedimientos propios de Aena para dificultar la oferta ilícita en el aeropuerto (de taxis piratas).
De esta forma, se ha empleado un importante esfuerzo de inspectores de Intrusismo y agentes de transportes en el recinto aeroportuario, en colaboración con el aeropuerto y con la Policía Local de Sant Josep, para impedir el acceso y el ofrecimiento de servicios. No buscamos sancionar, sino disminuir la presencia o incluso minimizarla a los niveles más bajos posibles de ‘taxis piratas’.
– ¿También ha jugado un papel importante en este plan los ayuntamientos, han ido incorporando personal?
– Los ayuntamientos han adaptado toda su actuación a su problemática específica. Unos tienen problemas en transporte ilegal, otros en transporte alojativo. Para eso son entidades locales independientes. En colaboración con el Consell, en ambos ámbitos, cada uno dando mayor peso a las actuaciones en un ámbito u otro. Han ampliado o bien plantillas de Policía Local, reforzado horas, contratado personal específico para determinados temas, impulsado medidas de colaboración de diferente tipo para poder dar respuesta dentro de su ámbito competencial a las dos problemáticas.
– Entonces, ¿qué se ha hecho con los 22 millones del proyecto del Impuesto de Turismo Sostenible contra el intrusismo?
– De eso monto, el Consell recibe el 50% y el resto, los ayuntamientos. Dese 50% que va al Consell, hay una parte que es implementación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay una parte básica que afecta, primero, al sistema de inteligencia turística que es ser capaz de extraer los datos de plataformas. Eso tiene un coste, lógicamente, y un personal que tiene que estar familiarizado con el manejo de datos, de un gran volumen de datos para poder facilitar la siguiente área de una forma que sea digerible.
A continuación, la implementación de nuevas tecnologías: con todos esos datos que elabora el sistema de inteligencia turística, el siguiente paso es invertir en nuevas tecnologías. Ya estamos hablando del propio Consell en el que se implementa un sistema de información geográfica. Es decir, poder de forma visual con coordenadas geográficas, situar toda la oferta reglada y ver cuál oferta no se corresponde con esa oferta que sí que está en nuestro registro. Eso supone, a continuación, el cotejo por imágenes.
En el momento en que uno sitúa toda la publicidad que se detecta sobre un ámbito geográfico, se confrontan imágenes de los propios anuncios con base de datos públicas del sistema geográfico que tiene el Govern balear o bien Catastro o bien incluso Google Earth. Es decir, se confrontan imágenes para poder identificar claramente las viviendas. En el momento en que se identifican las parcelas, a partir de ahí se asocia con un anuncio, con lo cual se asocia una propiedad, o sea, un anfitrión que hace la publicidad.
Esa es otra parte de la inversión, las nuevas tecnologías. A continuación va una parte de inspección, que conlleva una parte de apoyo administrativo, un apoyo informático para poder seguir trabajando sobre el mismo sistema. Se refuerza la parte de los inspectores con personal interino, que pivotan para dos tipos de trabajo: la oferta alojativa ilegal y transporte ilegal. Hay un esfuerzo importante de presencia para dar una respuesta clara y contundente en las dos partes.
Cuanto más trabajo hacen los inspectores y cuanto más se simplifica o más se automatizan los procedimientos, los inspectores generan mayor volumen de trabajo todavía del que venían generando, con lo cual hay que establecer una serie de sistemas que nos permitan aligerar o reforzar la parte de instrucción de expedientes sancionadores. Para eso tenemos que ser capaces de acortar los plazos en lo que se pasa de la inspección a instrucción y los plazos que dura la propia instrucción del expediente para que haya una respuesta lo más rápida posible. Todo eso supone incorporación de personal, incorporación también de medios informáticos para agilizar esa respuesta. Ahí se va el presupuesto. El presupuesto se va en todas esas fases.
– ¿Y todo eso se ha implementado?
– Todo eso se va implementando según vamos avanzando. No todo se implementa en un día. Esto arranca en enero, incluso antes de que realmente oficialmente se incorpore el personal. El trabajo con el sistema de inteligencia turística es el primer paso. ¿Hasta qué punto tenemos información? Eso es lo primero que hay que evaluar, es decir. Si yo se lo explico de esa forma, parece que todo es inmediato, le doy un botón y todo sale.
La pregunta va a ser: ¿cuánta gente hay en la oferta ilegal? Para llegar a esto hay que solucionar la metodología, una metodología que sea creíble, porque hay una parte de encuestas, hay una parte de muchas fuentes de información. Todo esto lleva un proceso.
– ¿Utilizan los datos del registro de viajeros de la Policía?
– Colaboramos con las policías locales, no utilizamos información del registro de viajeros.
– Pues ese sí que es un dato fidedigno de ocupación hotelera…
– Exactamente, pero no hay un acuerdo con entidades locales, ni de autoridades de organización turística y ni siquiera existía a nivel central un acuerdo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Industria y Turismo para compartir datos para hacer un seguimiento de la ocupación real o ya simplemente a nivel turístico. En otros países existe.
¿Está todo implementado? No. ¿Se va implementando al 100%? No. ¿Estamos trabajando en implementarlo? Sí. ¿Y por qué se está trabajando todavía? Porque es lo lógico. Si yo dijera que en seis meses he sido capaz de implementar todo un sistema de este tipo, cualquiera que supiese lo que supone implementar cualquier sistema novedoso de este calibre no se lo crearía.
– ¿A cuánto estamos de un funcionamiento tendente al óptimo de aprovechamiento de los recursos?
– No es tan fácil porque ahora afrontamos un escenario nuevo. La colaboración con las plataformas online ha sido muy contundente, ha dado muy buen resultado, que ha sido imitado por otros destinos como Murcia, Canarias, el resto de las Islas Baleares y otras comunidades autónomas que están trabajando en el mismo modelo con la implementación de la ventanilla única. El propio Ministerio de Vivienda ha llegado a acuerdos con las plataformas para poder facilitar la implementación progresivamente. Estamos en un escenario ahora que esperamos en unas pocas semanas que la oferta ilegal se reduzca prácticamente a un porcentaje completamente residual en las plataformas. Con lo cual nos va a poner en un escenario en el que hay que implementar nuevos cambios para poder adaptarnos.
– Simplificando, estamos a las puertas de erradicar el alquiler turístico ilegal en las plataformas. Pero la gente que se dedica a esto busca canales alternativos. ¿Por dónde están intentando comercializar que no se había hecho antes?
– Lógicamente, se incrementan los canales minoritarios, como pueden ser canales a través de aplicaciones de mensajería o a través de redes sociales. Es un canal que tiene menor penetración en el mercado, lógicamente. Aparte de que es más difícil localizar ofertas de ese tipo, el turista de cierto poder adquisitivo, que es el que normalmente viene a Ibiza, tiene que buscar una garantía. Las plataformas celebran contratos, lo cual supone un mínimo de garantías. Hacer un gasto elevado a través de un grupo de Facebook cuando las posibilidades de estafa son mucho mayores, ya es un freno.
Eso tiene una capacidad de penetración en el mercado mucho menor por la localización y por las garantías que pueda dar. Pero sí que se incrementa. No va a tener nunca el efecto que puedan tener las grandes plataformas en el mercado.
Luego, se detecta que hay anfitriones que están utilizando números de registro para poder seguir anunciándose en plataformas que son fraudulentos. Bien ficticios, lo cual se detecta fácilmente, o bien reales que están extraídos de otros anuncios. Eso se ha detectado, con lo cual se van identificando los anuncios y poco a poco se le han hecho unas actuaciones de inspección. Esas son tendencias que ya existían, simplemente que se acentúan o se agravan. Pero se detecta.
– ¿El problema de los anuncios en las plataformas es llegar a sancionar a todos los que son detectados o eso también está resuelto?
– La sanción es un medio. La policía no quiere detener a los que roban. Quiere que no roben. Lo que queremos es que no vengan turistas a la oferta ilegal. Lo cual supone que la prioridad es que un turista no pueda alquilar oferta ilegal, que la oferta ilegal no tenga acceso al mercado. Esa es la prioridad.
Segundo, de lo que sigue estando en el mercado o que se está detectando, hay que sancionarlo. La sanción es el medio, es la forma para que, aparte del esfuerzo que yo hago para que tu anuncio no esté y tú no puedas acceder al mercado, cuando yo te detecte te voy a sancionar para evitar que sigas haciéndolo. Todo lo que se detecta será sancionado. Y cobrado. Mayoritariamente se cobra.
– ¿No es un problema eso? ¿No hay subterfugios a través de sociedades en paraísos fiscales?
– Igual que cuando ha habido una forma de comercializar que se pensaba que era inafrontable y se ha afrontado, los problemas que surjan, los afrontaremos y buscaremos. Si hay un problema, habrá una solución.
Se está alquilando una propiedad que está en Ibiza y esa es la parte importante, esto no es una red de blanqueo de capitales del narcotráfico. Se está alquilando una propiedad que está en Ibiza. Y esa propiedad va a seguir estando en Ibiza, no se la puede llevar. Está aquí y va a seguir estando.
– ¿Qué le faltaría al sistema para ser todavía más eficiente?
– Tengo la plantilla idónea. Tengo las condiciones jurídicas y los recursos idóneos. No echo nada de menos. Tengo mi equipo y es el mejor que tengo. En todas circunstancias, tanto en normas, como en herramientas, como en personal. Y con eso ganamos.
– Entonces si no sale bien…
– Será mi culpa. Única y exclusivamente será mi responsabilidad. Eso lo tengo asumido.
– No va a ser responsabilidad del presidente y del vicepresidente…
– No es responsabilidad de ellos porque han contado con una persona para ejecutar lo que ellos querían hacer. Y yo me comprometí a que era posible hacerlo. Por tanto, asumo la responsabilidad de cualquier fracaso.
Fiestas en villas en Ibiza: no es una prioridad
– Me sorprende la proliferación de fiestas en villas y que este asunto no forme parte de la agenda política.
– Bueno, de la agenda política no lo sé. Sí que tiene una preocupación, pero a mí me consta que los ayuntamientos dentro del marco de actividades, con las policías locales ahora sí están actuando. A lo mejor nosotros no. También es cierto que hay muchos avisos que nos llegan a nosotros también de fiestas en viviendas que realmente a lo mejor no son fiestas ilegales. Son fiestas ruidosas, molestas o con mucha gente, lo cual supone que aparquen en la acera o en los caminos y eso provoca molestias. Y simplemente que son fiestas con muchísima gente. No significa que todos sean fiestas ilegales en el concepto jurídico sancionables.
– ¿Ha dejado de ser una prioridad para el Departamento de Lucha contra el Intrusismo?
– Para el Departamento de Lucha contra el Intrusismo, teniendo en cuenta que el plan de choque es un problema, está orientado a la reducción de la posible masificación de la isla, lógicamente las fiestas ilegales no son una prioridad. La prioridad es que la masificación está vinculada a la capacidad alojativa y a la movilidad, con lo cual la prioridad es la oferta alojativa ilegal y el transporte ilegal.
¿Cuál será la prioridad en noviembre para la temporada siguiente? Eso es lo que hay que revaluar dependiendo de los resultados que tengamos a día de hoy y los resultados que tengamos a fecha 1 de octubre, si son resultados esperados o no. Con lo cual habrá que volver a revaluar las prioridades.
A día de hoy, no es una prioridad del Departamento del Intrusismo las fiestas ilegales. Es una actuación que se está desarrollando en los municipios.
– Comparando lo que puede suponer el trabajo de un investigador de la UCO o el trabajo de un investigador de una trama de dopaje en el ciclismo y otros éxitos que ha tenido usted en su carrera, esto parece pan comido…
– No, cada aspecto tiene su dificultad, su reto, su entorno difícil. Este es un proyecto muy atractivo porque la oferta alojativa ilegal y su repercusión en los destinos turísticos es un problema nacional.
Si me pregunta cuál prefiero, mi etapa de capitán del Grupo de Delitos contra las Personas en la UCO, esa sería la mejor etapa de mi vida. Pero yo creo que la etapa de cualquier guardia civil hubiese sido ser jefe del Grupo de Delitos contra las Personas de la UCO. Incluso a los policías nacionales les hubiese gustado estar en mi lugar. Era el mejor grupo de investigación que había a nivel nacional. Tuve la suerte de formar parte de ese grupo de investigación, tuve la oportunidad de coordinarlo.
– Estoy seguro que en alguna ocasión se ha llevado usted las manos a la cabeza diciendo, ¿y esto por qué no se hacía antes?
– Eso es un error porque las circunstancias cambian. Y las decisiones que se toman o la forma de trabajar que se toma en un momento determinado es la idónea para trabajar ese día. Yo mismo le estoy respondiendo que el 1 de octubre valoraremos cuáles van a ser las prioridades y cómo vamos a trabajar. Mirar hacia atrás y reevaluar es un error.
– Pero me parece sorprendente el cambio sustancial que se ha producido en un año. Porque la prioridad ya existía, ya era un objetivo político.
– Pero hay un elemento que cambia que es la aprobación por parte del Consell, con una financiación externa del Impuesto al Turismo Sostenible, del programa contra la masificación, en este caso contra la oferta alojativa ilegal y el transporte ilegal.
Entonces hay un cambio significativo que es la aprobación de un plan específico que refuerza no solamente personal. ¿Y por qué se establece un plan de choque? Por lo mismo que le estoy diciendo que va a ocurrir el 1 de octubre en los meses de otoño. Porque hay una revaluación: hemos hecho esto, los resultados son estos. Y se van tomando decisiones. Eso es el gobierno, el tomar decisiones de gestión según las circunstancias en cada momento. Hay que reevaluar y ajustarse a las realidades.
