Los diputados de la Asamblea de Madrid verán incrementado su sueldo base hasta los 3 883,02 € brutos mensuales, y además recibirán mayores complementos por cargos específicos, según el acuerdo adoptado en julio por la Diputación Permanente del Parlamento regional, tal como desvela EL PAÍS. Esta subida de un 0,5 % se suma al 2 % aprobado en julio de 2024 y al 6 % de diciembre pasado, lo que suma un total de 8,5 % de incremento en menos de un año.
Dicho aumento contó con el apoyo del PP y el PSOE, y el rechazo contundente de Más Madrid y Vox, que tachan la decisión de fuera de lugar cuando los madrileños enfrentan problemas económicos. Los representantes del PP y PSOE defendieron que el alza “dignifica la política” en sus reuniones internas, según las propias actas.
-
Prohens para los pies a Sánchez: recurso urgente contra el reparto obligatorio de ‘menas’ a Baleares
La dignificación hecha pluses multimillonarios
En una acalorada reunión del Parlamento en diciembre, se discutió la subida del 6 %. Los defensores argumentaron que la asignación por exclusividad estaba un 16 % por debajo del Congreso, y que, incluyendo complementos, los diputados nacionales cobran un 42 % más que los madrileños. También se mencionó que en diez parlamentos autonómicos se cobra más que en Madrid. La portavoz de Más Madrid respondió con ironía, señalando que “dignificar no debería equivaler a subir el sueldo”, pero el aumento salió adelante con los votos del PSOE y el PP.
El nuevo acuerdo formaliza sueldos y pluses más concretos como:
-
Asignación por exclusividad: 3 883,02 €
-
Presidencia de la Asamblea: 2 354,72 €
-
Portavoz de grupo: 2 023,65 €
-
Vicepresidencia: 1 835,73 €
-
Secretarías y junta de portavoces: 1 615,45 €
-
Portavoz en comisión: 938,73 €
-
Presidente de comisión: 750,99 €
-
Vicepresidente/secretario de comisión: 563,23 €
Así, hay diputados que ya percibirán más de 5 900 € brutos mensuales, sumando sueldo base y complementos.
Además, se ha introducido un cambio polémico: el complemento de portavoz adjunto ahora está vinculado a la asistencia a la junta de portavoces, en medio de tensiones por ausencias de representantes de Vox y Más Madrid.
¿Es realmente obligatorio este aumento?
Un portavoz del Ministerio de Hacienda matiza que esta subida no es obligatoria, a pesar de basarse en decretos estatales que autorizarían un aumento del 0,5 % para todos los empleados públicos. Los parlamentos autonómicos tienen autonomía para tomar estas decisiones.
Para defender la subida, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), afirmó que “el Ejecutivo regional aplica el incremento salarial del 0,5 % a los altos cargos, y el acuerdo habla del Real Decreto Legislativo 4/2024, por lo que procede aplicarlo también a los diputados”.
La excepción de Isabel Díaz Ayuso
Quien sí se ha desmarcado voluntariamente del aumento ha sido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, campeona de la contención del gasto. Ella no aplicará el incremento salarial, y mantendrá un sueldo anual de 103 090,32 €, idéntico al que percibe desde 2019.

Críticas desde la oposición: “Incongruente y descontextualizado”
Más Madrid condena la medida como inadecuada: “Mientras madrileños atraviesan dificultades para pagar vivienda o llenar la cesta, los diputados se suben el sueldo en lugar de centrarse en resolver problemas reales”.
VOX, por su parte, se posiciona igualmente en contra: “Nos oponemos siempre. El PP y el PSOE quieren igualar la retribución a la de otros parlamentos regionales o el nacional, pero mucho nos preocupa el desmarque ideológico de una política salarial desbordada”.
En plena crisis económica, los diputados madrileños han aprobado su tercer aumento salarial en poco más de un año un año, alcanzando una subida acumulada del 8,5 %, arriba del sueldo base y con complementos elevados. Las explicaciones de «dignificar la política» chocan con las percepciones ciudadanas sobre desconexión institucional.
La excepción voluntaria de Ayuso añade un matiz sorprendente: quien lidera la Comunidad opta por no beneficiarse del aumento, visitando un contraste simbólico con una clase política que justifica aumentos en medio de dificultades colectivas. La pregunta que queda es si este modelo ‘dignificado’ está realmente a la altura de lo que exigimos de nuestros representantes.