Un establecimiento de Benirràs que ofrecía alojamiento turístico sin autorización y que además funcionaba como centro de yoga sin licencia ha sido precintado este viernes en una actuación conjunta del Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, dentro del Plan de Choque contra el Intrusismo. En el operativo participaron los servicios de inspección turística del Consell, la Policía Local y el departamento de Urbanismo del municipio.
La vivienda había sido objeto de varias inspecciones en los últimos meses, que confirmaron distintas irregularidades. Además de la oferta alojativa sin permiso, sancionada con una propuesta de multa de unos 250.000 euros, el centro fue denunciado por desarrollar actividades de yoga sin autorización municipal, lo que conllevó otro expediente por infracción muy grave con una sanción propuesta de 165.000 euros y la prohibición de continuar con la actividad. A ello se sumaba la existencia de casas de madera levantadas en suelo rústico protegido sin licencia, sobre las que pesa una orden de demolición que los propietarios no han ejecutado.
Durante el operativo de este viernes, los inspectores constataron que el complejo mantenía elementos propios de un establecimiento turístico, como cartelería y zona de recepción, además de clientes alojados y personas residiendo en las casas ilegales, pese a la orden de derribo. Con estas evidencias, se procedió al precinto inmediato.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, valoró positivamente la coordinación entre instituciones y destacó que «este trabajo conjunto es clave para combatir con éxito las actividades ilegales». Subrayó además que se trata del primer precinto de una actividad turística ilegal desde la modificación legislativa aprobada a inicios de legislatura y afirmó que «las cosas están cambiando en Ibiza» gracias a la determinación del plan contra el intrusismo.
La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, aseguró que el consistorio «pondrá todos los recursos necesarios para combatir las actividades ilegales en el municipio y garantizar la convivencia y el cumplimiento de la legalidad».
Por último, el Consell d’Eivissa recordó que incumplir el precinto puede constituir un delito de desobediencia, lo que abriría la vía a actuaciones penales contra los responsables.
