l Congreso de los Diputados aprobó hoy la nueva Ley de Navegación Aérea, que incluye un crédito especial de 319 millones de euros destinado a compensar a las aerolíneas por la aplicación del descuento del 75 % en los billetes de avión para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La decisión supone un paso decisivo en la regulación del transporte aéreo y garantiza la continuidad de un sistema vital para la conectividad insular.
319 millones para sostener el descuento a residentes
El descuento para residentes, vigente desde hace años, había llegado a un examen clave en el Congreso, ya que las ayudas económicas previstas se consideraban insuficientes. Finalmente, las islas, incluida Ibiza, se beneficiarán de los 319 millones aprobados, que permitirán a las aerolíneas recibir compensaciones por los trayectos subvencionados.
El Partido Popular defendió en el Senado elevar esa cifra hasta 1.200 millones de euros, argumentando que era más realista frente al incremento de costes y la creciente demanda. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la Cámara Baja. Desde el Gobierno, PSOE y Sumar defendieron que la partida aprobada representa un compromiso razonable y acusaron al PP de inflar las cifras en beneficio de las grandes compañías aéreas.
Mayor participación de las instituciones insulares
La ley introduce además un cambio institucional relevante. A partir de ahora, AENA deberá consultar al Govern balear y a los consells insulares —así como a los cabildos en el caso de Canarias— en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el instrumento que define las condiciones básicas de los servicios y operaciones de los aeropuertos.
Con esta modificación, las instituciones locales ganan voz en las decisiones estratégicas de gestión aeroportuaria, lo que refuerza la capacidad de influencia de Balears en un ámbito considerado fundamental para la economía y la movilidad.
Debate político encendido
La tramitación parlamentaria estuvo marcada por las críticas del PP, que acusó al Ejecutivo de no garantizar los recursos suficientes para preservar la eficacia del descuento del 75 %. Por su parte, los partidos del Gobierno defendieron que el acuerdo alcanzado aporta estabilidad y asegura la continuidad de la bonificación para los ciudadanos.
