El miércoles, al presentar el informe de IDOM sobre el proceso de participación ciudadana relativo a la gestión de residuos de Ibiza, el presidente del Consell insular, Vicent Marí, destacó que el plan piloto para enviar los residuos a Mallorca, que comenzará este año, requirió de diversas gestiones. De hecho, aún queda un camino administrativo por recorrer para ejecutar este plan, y está latente la amenaza de una traba.
Para ejecutar esta prueba piloto, el Govern publicó el 6 de septiembre un extenso decreto ley “de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Islas Baleares”. En ese escrito, entre una moratoria parcial para la instalación de energías renovables en suelo rústico o cambios en materia turística, se esconde la llave para destrabar el plan piloto.
Qué dice el decreto
En concreto, el decreto retoca la Ley 8/2019 de residuos y crea, ad hoc, una Disposición Adicional Octava para el caso Ca na Putxa: faculta a Eivissa a acordar el traslado de la fracción rechazo a Mallorca, siempre que el Consell de Mallorca lo autorice y fije condiciones. Además, declara el operativo como servicio público.
El mismo texto amarra el carácter temporal de esa solución: la importación se mantendría hasta que Ibiza revise su Plan Director y fije un sistema definitivo para esa fracción. Y, antes de activar nada, impone una prueba piloto: la ejecutará la concesionaria, el coste lo asumirá el Consell de Ibiza (o los beneficiarios) y solo puede arrancar con autorización previa de Mallorca. Incluso permite hacer ese piloto antes de culminar toda la tramitación administrativa del traslado ordinario.
Según el decreto ley, la duración de la prueba piloto se acordará entre los Consells de Ibiza y Mallorca. Vicent Marí ya dijo que se preveía al menos un año, para evaluar las fluctuaciones en el envío de residuos.
Vale recordar que el Govern, consciente del coste político y económico en la isla receptora, ha activado una “subvención legal”: hasta 50 millones en un máximo de 12 anualidades para cofinanciar los costes que soportan el Consell de Mallorca (incluida la amortización de inversiones de la concesionaria).
El paso clave en el Parlament
Con todo, nada empieza “ya”. El decreto está en vigor desde el día siguiente a su publicación, pero su permanencia depende de la convalidación . Si no la supera, decae.
Y en el Parlament, la película tiene su propia tensión. Tal como ha ocurrido en otras votaciones, todo indica que el PP necesita el apoyo de Vox para convalidar el decreto. A lo largo de este año, el grupo ultraconservador ha dado opiniones dispares en relación al traslado de residuos entre Ibiza y Mallorca (primero se pronunció a favor de la incineradora en Ibiza, luego, en pro del traslaodo). Sin embargo, el tablero actual no va tanto de residuos como de intercambios políticos.
De hecho, Vox, cuyo apoyo ha sido llave en esta legislatura, ahora lo condiciona abiertamente. Esta semana, el diputado Sergio Rodríguez advirtió que el apoyo del partido va ligado a la tramitación se su proposición de ley sobre vehicularidad del castellano. “Siempre hemos dejado claro que los votos de Vox no son gratis. No estamos obligados a votar todo lo que presente el PP», ha dicho Rodríguez.
