Baleares ha afrontado este verano una presión migratoria histórica. En apenas cuatro meses, entre junio y septiembre, llegaron a las costas baleares 3.900 personas a bordo de 224 embarcaciones, frente a las 1.900 que arribaron a Canarias en 34 pateras.
Esto supone que Baleares recibió un 105 % más de inmigrantes que Canarias durante el mismo periodo. También el número de cayucos se ha disparado: las embarcaciones que alcanzaron Formentera, Ibiza y Mallorca fueron seis veces más numerosas que las registradas en las islas atlánticas, según cálculos de The Objetive con datos del Ministerio del Interior.
Descenso general, pero con un foco creciente en el Mediterráneo
Pese al repunte balear, la radiografía nacional muestra una caída del 35 % en la inmigración irregular en lo que va de año. El descenso se explica por el frenazo de las llegadas a Canarias, que han recibido hasta septiembre 12.878 personas, un 58,3 % menos que en 2024, cuando superaron las 30.000.
Estos datos confirman que el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para contener los flujos procedentes del África Subsahariana empieza a dar resultados. Entre las medidas que lo sustentan se incluyen el acercamiento diplomático con Marruecos, las inversiones millonarias en Mauritania y el refuerzo policial contra las mafias dedicadas al tráfico de migrantes.
Un efecto colateral: la nueva ruta desde Argelia a Baleares
Sin embargo, esta estrategia ha tenido un efecto inesperado: la consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, que se ha convertido en una nueva puerta de entrada a la Unión Europea.
Desde enero hasta finales de septiembre, casi 6.000 personas han llegado a las islas por esta vía, un 84 % más que el año anterior. Los perfiles de los migrantes son diversos —subsaharianos, pakistaníes, afganos o bangladesíes—, pero las fuerzas de seguridad apuntan a un cambio claro: muchos de quienes antes intentaban alcanzar Canarias ahora optan por el Mediterráneo occidental, saliendo desde costas argelinas.
Si la tendencia se mantiene, Baleares podría cerrar el año con cerca de 12.000 llegadas, según las previsiones del Ejecutivo autonómico. Los últimos meses del año suelen concentrar el mayor número de arribos: entre octubre y diciembre de 2024 llegaron 2.716 personas, casi la mitad del total anual.
Falta de medios y peticiones a Bruselas
El Gobierno balear, presidido por Marga Prohens, denuncia la escasez de recursos humanos y materiales para hacer frente a la situación. En su encuentro con Pedro Sánchez en julio, la presidenta planteó la necesidad de evitar que se repita en Baleares el drama humanitario vivido en Canarias.
Entre las medidas reclamadas destacan:
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El despliegue de la agencia europea de fronteras (Frontex).
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Más vigilancia marítima en el Mediterráneo para frenar las salidas desde Argelia.
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Refuerzo de efectivos terrestres para colaborar con las autoridades españolas.
Estas propuestas serán trasladadas el 15 de octubre en Bruselas, en una reunión con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Fuentes del Govern adelantan que también solicitarán mediación de la UE para mejorar las relaciones con Argelia, deterioradas desde que España apoyó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en 2022.
La ruptura del tratado de amistad con Argelia ese mismo año marcó un antes y un después en la llegada de inmigrantes al archipiélago. En 2022 se alcanzó el pico histórico, con 2.637 personas en 176 embarcaciones, cuando antes apenas se registraban 500 llegadas anuales.
“Entonces advertimos de las consecuencias, pero el Gobierno central no quiso escucharnos. Hoy el tiempo nos ha dado la razón”, aseguran fuentes autonómicas citadas por THE OBJECTIVE.
La sobrecarga en la atención a menores
A la presión migratoria se suma la crisis en la acogida de menores extranjeros no acompañados. Los centros de tutela de Baleares registran una sobrecapacidad del 1.000 %, según datos de la Consejería de Bienestar Social.
El Govern recurrió el real decreto que obliga al reparto de menores entre comunidades autónomas, aprobado este verano por el Ejecutivo central e impulsado por Canarias, que acoge a más de 4.000 jóvenes. No obstante, el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de la norma, lo que obligará a Baleares a seguir asumiendo nuevas derivaciones.
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