El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lanzado una seria advertencia al Gobierno por el contenido del anteproyecto de ley destinado a regular el secreto profesional de los periodistas. En un informe que se aprobará previsiblemente este jueves, el órgano de gobierno de los jueces considera que la propuesta elaborada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes está plagada de “insuficiencias y fallas” y que, lejos de reforzar las garantías, podría incluso rebajar la protección actualmente vigente.
El texto, consensuado entre una vocal del sector progresista, Lucía Avilés, y otra del bloque conservador, Isabel Revuelta, cuenta con respaldo suficiente para ser aprobado. Ambas coinciden en que la redacción del anteproyecto “no ofrece la claridad, precisión ni el nivel de protección” exigidos por la Constitución y por el reciente reglamento europeo sobre la materia, de aplicación directa en los Estados miembros.
“Una garantía indisolublemente unida a la libertad de información”
El informe comienza recordando que el secreto profesional de los periodistas “es una garantía indisolublemente unida al derecho a la libertad de información”, y advierte de que su debilitamiento puede generar graves consecuencias para la labor periodística: “De no existir tal garantía, la capacidad de los medios de comunicación para obtener información relevante se vería seriamente mermada por el miedo, la inseguridad o el desaliento de quienes están en condiciones de compartirla”.
El CGPJ señala que, a pesar de la relevancia constitucional del secreto profesional, el legislador español “aún no lo había regulado” en una ley específica. Sin embargo, lamenta que la propuesta del Gobierno no haya aprovechado la oportunidad para hacerlo con rigor. “Tanto en la exposición de motivos como en el articulado se aprecian insuficiencias y fallas que deberían ser necesariamente reconsideradas”, afirma el documento.
Una protección más débil que la actual
Uno de los aspectos más preocupantes, según el informe, es que el anteproyecto no garantiza un nivel de protección igual o superior al del reglamento europeo aprobado recientemente. De hecho, sostiene que la redacción de los artículos 5 y 6 “comporta una protección más débil de la que ofrece y debe ofrecer nuestro ordenamiento jurídico”.
Esto implica, explican las vocales, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece actualmente una cobertura más sólida que la que introduciría la nueva norma, lo que resultaría paradójico al tratarse de una ley destinada a reforzar las garantías del periodismo.
Falta de claridad y previsibilidad
El documento del Poder Judicial también subraya la falta de claridad y precisión en el texto, que deja a los periodistas en una situación de incertidumbre sobre los límites reales de su derecho: “Se hace imprevisible saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas que determinan qué derecho prevalece en caso de conflicto”.
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El CGPJ recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen que cualquier limitación de un derecho fundamental esté regulada con “precisión y previsibilidad”, algo que el anteproyecto no cumple.
Críticas a la figura del juez y los límites al derecho
Otro de los puntos más cuestionados por el Consejo es que el texto otorga al juez la capacidad de determinar cuándo existen “razones imperiosas de interés general” para limitar el secreto profesional. Las autoras del informe consideran que este concepto es “indeterminado” y “especialmente abierto”, lo que deja demasiado margen a la interpretación judicial.
También muestran “perplejidad” ante el hecho de que el anteproyecto imponga más limitaciones al juez penal que a los de otros ámbitos, cuando debería suceder lo contrario, ya que las investigaciones penales suelen implicar una mayor afectación de derechos fundamentales.
Vigilancia intrusiva y normas europeas
El CGPJ advierte asimismo de que el anteproyecto copia de forma literal el artículo europeo que permite al juez autorizar la instalación de “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, sin establecer salvaguardas adicionales para proteger el secreto profesional de los periodistas. En consecuencia, “el nivel de protección frente a este tipo de medidas resultaría inferior al que actualmente se deriva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
En este punto, el órgano judicial recomienda al Gobierno revisar la norma para garantizar que el nuevo texto no debilite las garantías ya existentes, sino que las refuerce conforme a los estándares europeos y constitucionales.
Ocasión perdida tras el caso Cursach
El informe concluye lamentando que el Gobierno haya “perdido la oportunidad de corregir una carencia señalada por el Tribunal Constitucional”, referida al derecho de los periodistas a participar en los procedimientos en los que se decida sobre la limitación de su secreto profesional, incluso si no son los directamente investigados.
Esta recomendación deriva del llamado caso Cursach, en el que un juez se incautó de los teléfonos móviles de varios periodistas para identificar filtraciones sobre una investigación de corrupción policial en Mallorca. El Constitucional declaró ilegal aquella actuación y recordó la necesidad de establecer un marco legal más claro para evitar abusos.
Sin embargo, el CGPJ constata que el anteproyecto actual no aborda esta cuestión, lo que deja sin resolver un vacío que afecta directamente a la protección de las fuentes periodísticas.
