A un mes de la tormenta «Ex Gabrielle» que azotó Ibiza a finales de septiembre, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, asegura que la isla avanza hacia la normalidad, aunque advierte de que los efectos del temporal siguen siendo visibles en varias infraestructuras.
“Lo más urgente se resolvió con rapidez, pero todavía trabajamos en contratos de emergencia en distintas vías”, señaló el dirigente.
Según la primera estimación del Consell, los daños ocasionados por las lluvias torrenciales ascienden a unos tres millones de euros. La cifra incluye tanto carreteras y caminos insulares como edificios públicos, entre ellos el Auditori de Cas Serres, que permanece cerrado y no reabrirá hasta 2026 por los destrozos sufridos. “Hay elementos que han quedado inservibles y requerirán meses de obra”, admitió Marí en una entrevista con Radio Ibiza.
Coordinación institucional y fase de reconstrucción
El presidente destacó la reacción inmediata y coordinada entre administraciones municipales, autonómicas y estatales, con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los primeros días. “Fue un ejemplo de cooperación institucional”, subrayó.
El Consell mantiene activa una fase de reconstrucción a medio plazo, centrada en reparar daños estructurales y reforzar las infraestructuras para evitar que episodios similares vuelvan a provocar estragos. “Estamos planificando actuaciones preventivas que garanticen la seguridad de la red viaria ante lluvias intensas”, añadió.
Ayudas y coordinación con el Govern
Marí confirmó que el Consell será el encargado de canalizar los cinco millones de euros en ayudas autonómicas anunciados por el Govern balear para los afectados —particulares y empresas— a través de la Pimeef, la Cámara de Comercio y la Oficina de Atención Ciudadana. “Serán ayudas a fondo perdido. Si se demuestra que hacen falta más recursos, el Govern se ha comprometido a ampliarlos”, explicó. Las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma presencial como telemática.
El presidente insistió en que estas ayudas autonómicas son complementarias a las que deben activarse desde el Estado una vez el Consejo de Ministros apruebe la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. “Esa declaración es clave para que empiece la maquinaria de compensaciones estatales y del consorcio de seguros”, reclamó Marí.
Marí subrayó que la declaración de emergencia por parte del Gobierno central no es un trámite simbólico, sino el paso que permitiría activar las ayudas estatales directas y los fondos de compensación del Consorcio de Seguros. Recordó que experiencias anteriores en Baleares demuestran que las ayudas del Estado suelen llegar con meses de retraso, por lo que pidió “máxima celeridad” al Consejo de Ministros.
“Los damnificados no pueden esperar; cada día que pasa sin esa declaración son familias y empresas que siguen sin recursos”, advirtió, reclamando además que la medida incluya mecanismos para bonificar impuestos municipales y tasas a los afectados por las inundaciones.
El Govern aún no fija fecha para el pago de las ayudas
La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, informó que tanto el Govern balear como el Consell Insular están ultimando los convenios necesarios para distribuir los cinco millones de euros destinados a las ayudas de emergencia.
Estarellas expresó su confianza en que los primeros pagos puedan llegar antes de Navidad, aunque precisó que aún se están recabando las valoraciones de daños y que el proceso depende también de la esperada declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno central.
