La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha abierto no solo un nuevo capítulo político en la Comunidad Valenciana, sino también una pregunta clave: ¿qué pasará ahora con su sueldo y qué compensaciones le corresponden?
Aunque el dirigente del Partido Popular ha evitado pronunciar la palabra dimisión en su comparecencia, ni siquiera ha aclarado si renunciará a su acta en las Cortes Valencianas, el futuro económico del ya expresident parece garantizado. Como explicó el periodista Miquel Valls, “no se va a ir a su casa ni va a dejar de cobrar”.
Mazón podría seguir cobrando como presidente en funciones
De momento, todo apunta a que Mazón seguirá siendo presidente en funciones hasta que se produzca el relevo institucional. Según trascendió, el político alicantino estaría valorando solicitar una baja médica recomendada por su psiquiatra, lo que le permitiría mantener su cargo temporalmente mientras se estabiliza la situación política.
Durante este tiempo, seguiría percibiendo su salario completo como president de la Generalitat, que asciende a aproximadamente 86.000 euros anuales.
Sin embargo, más allá de esta fase de transición, el futuro de Mazón dependerá de las decisiones que tome en los próximos días: si conserva su escaño en las Cortes Valencianas o si opta por acogerse al Estatuto de los Expresidentes.
El Estatuto de los Expresidentes y el Consejo Jurídico Consultivo
El catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido, de la Universidad de Valencia, ha explicado en detalle a Antena 3 cuáles son los derechos que el dirigente popular tiene reconocidos tras su salida del Ejecutivo autonómico.
“Según el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, y a partir de dentro de poco Carlos Mazón será expresidente, tiene la posibilidad de incorporarse como consejero nato al Consejo Jurídico Consultivo, que es el órgano equivalente al Consejo de Estado”, señaló Garrido. Este órgano, con sede en Valencia, está compuesto por juristas de reconocido prestigio que asesoran al Gobierno autonómico y a otras instituciones sobre cuestiones legales y constitucionales.
Según el experto, Mazón podría permanecer en este puesto durante un tiempo equivalente al que ha ejercido como presidente, es decir, dos años y cuatro meses. “Durante esos dos años y cuatro meses podría cobrar el sueldo de consejero, que aproximadamente es de 86.000 euros al año”, explicó el catedrático.
La diferencia entre una legislatura completa y una interrumpida
La situación habría sido distinta si Mazón hubiese agotado una legislatura completa o hubiese disuelto las Cortes para convocar elecciones anticipadas. Garrido detalla que, en ese caso, el expresident habría tenido derecho a mantener su cargo como consejero nato durante 15 años, con el mismo nivel retributivo.
Mazón había valorado convocar elecciones anticipadas, una posibilidad que finalmente fue descartada por la dirección nacional del partido. “Si él hubiera disuelto las Cortes Valencianas y convocado elecciones, se hubiera considerado que es una legislatura agotada, y por lo tanto tendría derecho a permanecer en el Consejo Jurídico durante 15 años”, aclaró el constitucionalista. La decisión de no convocar elecciones, por recomendación de Génova, habría truncado esa posibilidad.
Qué opciones tiene ahora Mazón
El escenario más probable es que Mazón combine su papel de expresidente con su escaño como diputado autonómico. En este caso, seguiría cobrando su retribución parlamentaria, que ronda los 60.000 euros brutos anuales, además de poder compatibilizarla con indemnizaciones o dietas específicas por asistencia a plenos y comisiones.
Otra posibilidad, prevista en el Estatuto de los Expresidentes, es que forme parte de órganos consultivos o representativos de la Generalitat, una práctica habitual entre antiguos jefes de gobierno autonómicos. En cualquier caso, como expresident, mantendrá de por vida el tratamiento honorífico, así como seguridad y asistencia protocolaria en actos institucionales.
Las diferencias con otros expresidentes
La situación de Mazón contrasta con la de otros expresidentes valencianos. Ximo Puig, por ejemplo, renunció a incorporarse al Consejo Jurídico Consultivo tras su salida en 2023 y se limitó a ocupar su escaño en las Cortes. Por su parte, Francisco Camps y Eduardo Zaplana también accedieron en su momento a los beneficios del Estatuto de los Expresidentes, aunque en sus casos renunciaron posteriormente a determinadas ventajas en medio de sus respectivos procesos judiciales.
En el caso de Mazón, sin embargo, el cese se produce en medio de una fuerte presión política y mediática tras la gestión de la DANA de 2024, que dejó más de 200 víctimas mortales y una investigación judicial en marcha.
