La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este lunes la imposición de dos sanciones urbanísticas derivadas del uso turístico ilegal de viviendas, por un importe conjunto de 740.239,51 euros, según informó el Consistorio.
Las sanciones corresponden al valor de las edificaciones afectadas—453.416,77 euros en un caso y 286.822,74 euros en el otro—sobre el que se han aplicado los criterios sancionadores previstos en la normativa vigente, al haberse acreditado un cambio de uso de residencial a turístico sin el título habilitante necesario, una infracción tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares.
Viviendas destinadas a turistas sin autorización
Durante una de las inspecciones realizadas en 2024 por la Policía Local, los agentes comprobaron que una de las viviendas sancionadas estaba siendo utilizada para alojamiento turístico sin licencia, contraviniendo la ordenación urbanística. En aplicación del artículo 167.4 de la Ley 12/2017 —que establece multas de entre el 50 % y el 100 % del valor de la edificación cuando el cambio de uso no está permitido— se ha impuesto la sanción correspondiente.
El segundo expediente afecta a otra vivienda donde igualmente se verificó un uso turístico no autorizado. En este caso, la sanción se ha dictado de acuerdo con los artículos 163 y 167 de la Ley 12/2017 y el Reglamento del procedimiento sancionador aprobado mediante el Decreto 1/2024, que regula los criterios de graduación y responsabilidad en materia urbanística.
El Ayuntamiento mantiene la presión contra el intrusismo
El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ha defendido la importancia de actuar con firmeza ante este tipo de incumplimientos. “Los pisos sin licencia turística no se pueden alquilar a quien viene a Eivissa de vacaciones, porque suponen una competencia desleal para el sector hotelero o la vivienda turística legal. Continuaremos con la presión contra quienes incumplen las normas”, ha afirmado.
El Ayuntamiento recuerda que el uso turístico sin autorización constituye uno de los principales retos en materia urbanística y residencial en la ciudad, donde continúa reforzándose la labor inspectora para detectar y sancionar irregularidades.
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