La Policía Local de Sant Antoni y el Consell de Ibiza han precintado un piso dedicado al alquiler turístico ilegal en el municipio, una operación que se saldará con una sanción propuesta de 275.001 euros por infracción muy grave. Así lo trasladó el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany en una nota de prensa difundida este lunes.
Anuncio en internet y turistas alojados
El precinto se ejecutó tras dictarse la resolución de inicio del procedimiento sancionador. Los inspectores detectaron primero la comercialización de la vivienda en plataformas de internet y, en una segunda fase, comprobaron sobre el terreno que había turistas alojados en el inmueble. La actuación se enmarca en un dispositivo conjunto de control e inspección entre la Policía Local y el Consell.
Multas de hasta 500.000 euros
El Consistorio recuerda que la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares, supuesto en el que encajaría el piso precintado. Las infracciones contempladas en esa norma pueden alcanzar los 500.000 euros, en función de su gravedad. La sanción propuesta en este caso, próxima a los 275.000 euros, sitúa el expediente entre las de mayor cuantía aplicables a la oferta turística ilegal.
Ocho agentes contra el intrusismo
El Ayuntamiento de Sant Antoni asegura que mantiene una batería de medidas para erradicar la oferta turística ilegal y proteger la convivencia vecinal. Entre ellas destaca la figura del Agente de Intrusismo y Convivencia (AIC), un cuerpo específico que cuenta actualmente con ocho efectivos. Su cometido es informar, vigilar y velar por el cumplimiento de la normativa municipal y autonómica en materia de transporte y alquiler turístico, así como del decreto de turismo responsable.
Más de cien denuncias por la app
La aplicación municipal Línea Verde dispone de un apartado para comunicar incidencias y denunciar posibles pisos turísticos ilegales. Según los datos del Ayuntamiento, durante la pasada temporada se registraron más de cien denuncias a través de esa herramienta, gestionadas por los AIC. De ellas, 34 correspondían a posibles pisos turísticos ilegales, lo que se tradujo en el levantamiento de 17 actas que fueron remitidas al Consell de Ibiza para su tramitación.
Una ofensiva que se intensifica
La operación se suma a la presión creciente sobre la vivienda turística sin licencia en Ibiza, un fenómeno señalado por las administraciones como uno de los principales focos de tensión inmobiliaria y vecinal en la isla.
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