Médicos del Mundo ha presentado en la Universitat de les Illes Balears los resultados de su última investigación, donde detecta 695 barreras para acceder a la sanidad pública en Baleares durante 2025, una realidad que también afecta de lleno a Ibiza, según datos divulgados por la ONG. Más de 300 de estos obstáculos son administrativos, seguidos de frenos informativos, culturales, económicos y físicos, lo que demuestra —según la entidad— que el acceso efectivo a la atención sanitaria aún está lejos de ser universal.
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En su nota, la organización advierte de que estas barreras “todavía impiden el acceso pleno” al sistema sanitario, especialmente para personas migrantes y otros colectivos vulnerables. Pese al reconocimiento legal del derecho a la salud, muchas personas continúan encontrando obstáculos que les impiden recibir atención en igualdad de condiciones.
La vivienda y la economía
Entre las principales barreras administrativas figuran los requisitos de empadronamiento o residencia superior a tres meses, que dejan fuera a quienes viven en alquileres informales, infraviviendas o directamente carecen de hogar. La ONG subraya que esta situación se agrava en menores y mujeres embarazadas, que deberían tener garantizada la atención sin restricciones. A ello se suma la “burocratización del derecho”, que obliga a trámites adicionales a personas extranjeras y retrasa injustificadamente el acceso.
Las barreras económicas también resultan determinantes: muchas personas padecen “pobreza farmacéutica”, al no poder costear medicamentos, asumir copagos del 40 % o abonar facturas en urgencias, lo que actúa como freno y pone en riesgo su salud. Médicos del Mundo añade que existen gastos ocultos, como transporte o productos sanitarios no cubiertos, que dificultan aún más el acceso. En Ibiza, entidades sociales han alertado del aumento de estas situaciones.
Barreras físicas
Las barreras físicas incluyen falta de centros sanitarios cercanos, horarios restringidos y obstáculos arquitectónicos que impiden el acceso a personas con movilidad reducida. Estas limitaciones afectan de forma especial a quienes trabajan en condiciones precarias, sin posibilidad de ausentarse para acudir a una cita médica.
Barreras informativas y culturales
Otro bloque relevante son las barreras informativas, que reflejan la ausencia de información clara sobre derechos y procedimientos, falta de interpretación y, en ocasiones, desinformación del personal administrativo, que puede exigir requisitos no previstos o incluso negar el acceso de manera injustificada. La situación empeora cuando se producen episodios de racismo o violencia verbal hacia personas migrantes o racializadas. Las ONG locales han detectado casos similares en Ibiza.
Las barreras culturales completan el diagnóstico: según la entidad, existe falta de sensibilidad ante necesidades socioculturales como la preferencia por profesionales del mismo sexo o el respeto a prácticas religiosas. La ONG señala que la ausencia de mediación intercultural y la escasa formación en perspectiva antirracista y de género perpetúan estas dificultades.
Pedido de medidas urgentes
Médicos del Mundo advierte que esta acumulación de obstáculos vulnera el derecho a la salud y provoca consecuencias graves: retrasos en diagnósticos, empeoramiento de enfermedades crónicas y deterioro de la salud mental por la sensación de exclusión. La organización pide actuar antes de que la situación se cronifique.
Para revertir este escenario, la ONG reclama medidas urgentes a nivel estatal, como aprobar la Ley de Sanidad Universal, asegurar la atención a menores, embarazadas y urgencias, garantizar el acceso gratuito a medicamentos para personas vulnerables y desvincular el empadronamiento como único medio de prueba de residencia.
A nivel autonómico, Médicos del Mundo Baleares pide servicios de traducción e interpretación, mediación intercultural en centros sanitarios, refuerzo de servicios sociales, reconocimiento de informes del Tercer Sector, evitar procedimientos paralelos para personas extranjeras y formación sanitaria y administrativa en normativa y perspectiva antirracista y de género, además de protocolos específicos para atender a personas migrantes.
“Es vital garantizar que todas las personas, sin importar su situación administrativa o económica, puedan ejercer este derecho fundamental”, concluye la entidad, que urge a eliminar las barreras que aún hoy dificultan el acceso efectivo a la sanidad pública en el archipiélago.
