El Parlament balear ha exigido este miércoles al Gobierno central que retire la posibilidad de habilitar embarcaciones particulares —las de lista séptima— para el alquiler turístico, una figura contemplada en la resolución estatal de Marina Mercante del 17 de julio de 2025.
La Cámara lo ha hecho con los votos de PP y Vox, frente a la oposición de los grupos de izquierda, en una iniciativa que reabre la disputa institucional por el “Airbnb náutico”, ampliamente cuestionado en Baleares, y especialmente en Ibiza y Formentera.
La PNL, defendida por el diputado ‘popular’ Sebastià Mesquida en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, reclama al Estado que anule la normativa que regula la transición del uso privado al comercial de las embarcaciones de recreo, al considerar que genera “consecuencias negativas” para la seguridad marítima y la sostenibilidad del litoral.
Mesquida ha sostenido que permitir que barcos privados operen como chárter, aunque sea de forma temporal, aumenta el riesgo de saturación en zonas especialmente sensibles de Baleares. El PP defiende que la medida estatal rompe el consenso autonómico sobre la regulación del sector náutico, un planteamiento reiterado en los últimos meses por el Govern de Marga Prohens, que ya activó dos líneas de actuación para bloquear este modelo.
De hecho, el Ejecutivo balear aprobó en verano una modificación exprés del decreto autonómico de chárter náutico para prohibir el alquiler turístico de embarcaciones particulares, incluso cuando soliciten un cambio temporal de uso. Prohens defendió entonces que el Estado pretende “imponer un modelo que ignora la realidad insular”, una reacción respaldada por ayuntamientos, el Consell de Ibiza y el sector náutico, que ha llegado a calificar la norma estatal como “una bomba de relojería” por el previsible incremento de actividad sin control.
Medir el impacto de la medida
La PNL aprobada hoy también insta al Gobierno, esta vez con apoyo unánime, a mantener el diálogo con administraciones y entidades dedicadas a la gestión del litoral para evaluar la densidad náutica en cada territorio y reforzar la seguridad, el control y la preservación ambiental. El objetivo declarado es evitar impactos sobre posidonia, fondeos y puertos autonómicos, donde PortsIB ya ha vetado expresamente el uso comercial de amarres reservados a embarcaciones privadas.
Mientras continúa el pulso institucional, desde Madrid se defiende que el impacto del nuevo sistema es mínimo: desde agosto solo se han presentado 17 solicitudes en toda España, dos en Baleares, y ninguna ha sido autorizada en las islas. El Ministerio de Transportes sostiene que la futura norma permitirá limitar o vetar esta actividad en territorios saturados, un matiz que, no obstante, no ha calmado el rechazo político y empresarial en Baleares.
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Debate sobre la línea exprés del Llevant
En la misma comisión se ha debatido una PNL distinta, presentada por Marta Carrio (MÉS per Mallorca), para mantener en invierno la línea exprés del TIB que conectó la comarca del Llevant con Palma durante el verano. La propuesta ha sido rechazada por PP, Vox y el diputado no adscrito Xisco Cardona, pese a que la autora defendía que las necesidades de movilidad “no desaparecen según la temporada turística”.
Carrio lamentó que, a su juicio, el Govern condicione “el derecho de los residentes a la disponibilidad del transporte público” al volumen de visitantes. Sí salió adelante, por unanimidad, el punto que insta al Ejecutivo autonómico a seguir dialogando con los ayuntamientos del Llevant para mejorar la red.
