El Gobierno central ha confirmado que las comunidades con zonas costeras saturadas, como Baleares, podrán limitar el alquiler de embarcaciones privadas que operen bajo el modelo conocido como Airbnb náutico.
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Así lo explicó este martes el secretario general de Transporte Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.
Según Núñez, el nuevo real decreto que desarrollará la actual orden ministerial incorporará expresamente la posibilidad de restringir o vetar esta actividad en territorios con alta presión náutica, en respuesta a la preocupación expresada por Baleares.
“Baleares podrá limitar el alquiler de yates privados”
El representante del Ministerio detalló que la futura normativa permitirá a las autoridades locales y autonómicas poner límites a la comercialización de yates particulares en aquellas zonas donde se acredite “una saturación de sus espacios náuticos”.
De este modo, el Gobierno introduce un mecanismo de control territorial que, según el propio Núñez, responde a la necesidad de equilibrar la presión turística y medioambiental del litoral.
Semanas atrás, el Partido Popular de Ibiza ha acusado al PSOE insular de haber “perdido toda credibilidad” tras anunciar el pasado verano una supuesta excepción para Baleares en la normativa estatal que regula el alquiler temporal de embarcaciones privadas. Esta denuncia se produjo tras la confirmación oficial, por parte del Ministerio de Transportes, de que no habrá excepciones territoriales a la orden ministerial que permite a embarcaciones privadas operar como chárter un máximo de tres meses al año.
Actualmente, la orden de la Dirección General de Marina Mercante —en vigor desde el pasado 15 de agosto— autoriza a los propietarios de embarcaciones privadas a alquilarlas hasta tres meses al año. Sin embargo, el nuevo decreto “permitirá restringir esta opción en las islas y en otros puntos del país donde se detecte saturación o riesgo medioambiental”, puntualizó Núñez.
Impacto mínimo y pocas solicitudes
Durante su intervención, el secretario general subrayó que el impacto de la nueva medida ha sido hasta ahora mínimo.
“Desde el 15 de agosto solo se han recibido 17 solicitudes en todo el país, dos de ellas en Baleares, y únicamente se han concedido dos, ninguna en las islas”, afirmó.
También recordó que, para poder alquilar una embarcación privada, es obligatorio disponer de un seguro complementario de accidentes y operar a través de una empresa de arrendamiento náutico autorizada.
Con estos datos, la diputada socialista por Baleares Milena Herrera reprochó al Govern balear haber generado “alarmismo” sobre una supuesta liberalización del sector.
“No se ha producido ninguna avalancha de barcos alquilados, como se dijo desde el PP balear”, señaló, acusando al Ejecutivo de Marga Prohens de actuar “de manera irresponsable”.
El debate por el alquiler náutico
El anuncio de Núñez supone un giro respecto a la tensión surgida en las últimas semanas entre Madrid y Palma a raíz del reglamento de navegación marítima.
El Govern balear y las principales asociaciones del sector habían advertido de un posible auge del alquiler irregular de yates y lanchas privadas sin control administrativo, especialmente durante el verano, lo que se conoce popularmente como Airbnb náutico.
En su intervención ante el Congreso, Núñez rebajó la alarma y precisó que el Gobierno “no es ajeno a las preocupaciones del sector náutico en zonas sensibles como Baleares”, motivo por el cual el real decreto habilitará a las comunidades a limitar la actividad si lo consideran necesario.
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