El Parlament balear ha rechazado este martes la posibilidad de que los ayuntamientos del archipiélago puedan solicitar la declaración de zonas con el mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la ley estatal de vivienda que permitiría topar los precios del alquiler en municipios con fuertes incrementos o dificultades de acceso. La iniciativa, impulsada por la diputada socialista Carol Marqués, ha decaído casi en su totalidad tras obtener los votos en contra del PP y Vox.
La moción pedía que el Govern aplicara lo previsto en la legislación estatal y declarara zonas tensionadas en todos aquellos municipios que cumplieran los requisitos, además de permitir que los ayuntamientos que lo solicitaran activaran esta regulación. El Ejecutivo, en ese caso, debería aceptar su petición.
Propuestas que no prosperan
El texto también reclamaba legislar para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, así como modificar la ley autonómica de vivienda para permitir el derecho de tanteo y retracto en subastas de edificios completos. Asimismo, instaba al Govern a definir criterios objetivos para seleccionar a los inquilinos de los programas Construir para Alquilar y Alquiler Seguro, impulsar un pacto autonómico por la vivienda y presentar un calendario de cumplimiento de sus compromisos en materia habitacional.
A la moción se añadieron tres puntos más, todos ellos también rechazados por la Cámara. Entre ellos figuraba que las viviendas del programa Alquiler Seguro deban alquilarse durante un mínimo de diez años; que el Ibavi actúe como intermediario en este programa; que el Govern ofrezca garantías públicas a propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia estatal; y que se habiliten deducciones fiscales mientras no existan zonas tensionadas.
El único acuerdo: acelerar la vivienda pública
El único punto aprobado —con apoyo del PP y de los partidos de izquierda— fue el que insta al Govern a acelerar la construcción de vivienda pública protegida en las nuevas promociones anunciadas en los últimos meses. Este aspecto concentra uno de los pocos consensos en la Cámara respecto a la necesidad de aumentar el parque público de vivienda.
Un debate marcado por la tensión política
Durante la defensa de la iniciativa, la diputada socialista Carol Marqués advirtió de que la vivienda “se ha convertido en un lujo para unos pocos” y que los precios actuales dejan a “familias desesperadas” que se plantean abandonar Baleares. “Declarar zonas tensionadas no es un capricho, sino una herramienta para frenar precios abusivos”, afirmó, recordando que “muchos alcaldes lo han solicitado”.
Desde MÉS per Mallorca, Ferran Rosa denunció que “miles y miles de personas no llegan a final de mes” porque el alquiler es inasumible y criticó que el Govern “no ha tomado ninguna medida para protegerlas”.
El PP defendió su rechazo. La diputada Margalida Pocoví aseguró que estas medidas “no funcionan”, ya que —sostuvo— provocan que los propietarios retiren sus viviendas del mercado, reduciendo la oferta. Además, acusó al PSIB de no haber construido las 15.000 viviendas protegidas prometidas durante la etapa de Francina Armengol.
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, afirmó que la moción socialista “no pretende aportar soluciones”, sino “desgastar al Govern” y aplicar “modelos fracasados” que, según dijo, han agravado el problema en otras regiones. A su juicio, la clave está en “liberar suelo, facilitar la iniciativa privada y devolver al mercado las viviendas que hoy no están disponibles”.
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