El Govern balear ha autorizado el reparto de 7,8 millones de euros procedentes de fondos estatales destinados a financiar la atención a menores migrantes no acompañados, en un contexto marcado por la sobreocupación de los recursos de protección y la falta de capacidad del sistema autonómico. La distribución se realizará entre los cuatro consells insulares mediante convenios específicos suscritos con el Ejecutivo autonómico.
Los fondos proceden, por un lado, de una partida de 100 millones de euros transferida por el Ministerio de Juventud e Infancia a todas las comunidades autónomas para hacer frente a los costes derivados de la acogida de menores migrantes, de la que Baleares recibe 4,6 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 35 millones destinados a los territorios que el propio Ministerio reconoce como más afectados por la presión migratoria —Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares—, lo que supone una aportación adicional de 3,2 millones de euros para el archipiélago.
En total, Baleares contará con 7,8 millones de euros que se distribuirán en función del grado de acogida y la situación de sobreocupación de los servicios insulares de protección de menores. De esta forma, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) recibirá 3,1 millones de euros; el Consell de Formentera, 3,8 millones; el Consell de Ibiza, 728.000 euros, y el Consell Insular de Menorca, 88.600 euros.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reiterado que esta aportación estatal resulta “totalmente insuficiente” para cubrir los costes reales que soportan los consells insulares, en un escenario de presión asistencial sostenida. Actualmente, el sistema de protección de Baleares atiende a 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra muy superior a la capacidad ordinaria asignada a la comunidad autónoma.
En este sentido, el Ejecutivo balear ha vuelto a poner el foco en las “deficiencias” del Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida por comunidades autónomas y que asigna a Baleares un máximo de 406 menores. Según la Abogacía de la Comunidad Autónoma, esta asignación se basa en criterios “insuficientemente justificados” y en una aplicación “opaca y arbitraria” que genera desequilibrios territoriales y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
El reparto de fondos se produce, además, en paralelo a la decisión del Consell de Govern de autorizar a la Abogacía balear a interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la reubicación de un menor no acompañado procedente de Canarias. Se trata del tercer recurso presentado por el Govern frente a traslados acordados por la Delegación del Gobierno, en un contexto de saturación de los recursos de atención en las islas.
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