El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional en el marco del denominado ‘caso Koldo’, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que su causa sea juzgada por un jurado popular y no por un tribunal de magistrados, como está previsto actualmente. La petición se enmarca en la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del diputado solicita la revocación del auto de procesamiento y argumenta que varios de los delitos que se le imputan encajan dentro de las competencias del jurado popular, tal y como recoge la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En concreto, se refiere a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación, que considera propios de este tipo de enjuiciamiento.
Según el escrito, solo dos de los delitos incluidos en la acusación —organización criminal y uso de información privilegiada— no corresponderían al ámbito del jurado. Sin embargo, la defensa sostiene que el peso principal de las imputaciones recae sobre los delitos que sí son competencia del jurado popular, por lo que estos deberían “arrastrar” al resto y no al contrario.
Ábalos recuerda además su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, pero defiende que ello no impide que el juicio se celebre con jurado popular. En este sentido, señala que el Alto Tribunal mantendría la competencia, aunque con una composición especial de la Sala, formada por un magistrado-presidente y nueve ciudadanos jurados.
Como precedente, la defensa cita el caso del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, cuya causa por la supuesta aceptación de regalos fue tramitada ante un jurado popular en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y terminó con una sentencia absolutoria.
José Luis Ábalos se convirtió en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión y se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en los contratos de suministro de mascarillas durante la emergencia sanitaria.
