El debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica ha reabierto el enfrentamiento entre el Gobierno central y el Govern balear, después de que el Ministerio de Hacienda planteara un modelo que incrementaría en unos 412 millones de euros anuales los recursos que recibe Baleares, pero que ha sido rechazado de plano por el Ejecutivo autonómico.
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La propuesta sitúa a Baleares por encima de la media estatal en financiación por habitante ajustado, según los cálculos trasladados por el Gobierno de España, aunque el Govern sostiene que el modelo no corrige los desequilibrios estructurales del archipiélago y pone en riesgo su autonomía fiscal.
Más financiación ligada a la población ajustada
Desde la Delegación del Gobierno en Baleares se defiende que el nuevo modelo introduce variables que benefician de forma específica al archipiélago, como la insularidad y los costes fijos derivados de la fragmentación territorial. Estos criterios corrigen el actual sistema, en el que Baleares se sitúa por debajo de la media en financiación por habitante.
Además, el planteamiento del Ministerio incorpora el mecanismo IVA Pymes, que reconoce el peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía balear, así como un nuevo fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros, del que Baleares sería una de las comunidades beneficiadas.
El uso de los recursos y el mensaje al Govern
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha subrayado que el incremento de financiación permitiría reforzar servicios públicos esenciales, como vivienda, sanidad o dependencia. “412 millones más al año dan para muchas políticas públicas”, ha señalado, recordando que el Gobierno central no impone un destino concreto a los fondos, sino que confía en la gestión autonómica.
Rodríguez ha advertido de que renunciar a aprovechar estos recursos sería perjudicial para los ciudadanos, y ha pedido al Govern que no rechace de forma automática una mejora de la financiación, apelando a priorizar los intereses de Baleares en el debate estatal.
Rechazo frontal del Govern y amenaza judicial
La reacción del Govern ha sido inmediata y contundente. El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado la propuesta de “horrorosa” y ha advertido de que el Ejecutivo balear acudirá a los tribunales si el nuevo sistema obliga a subir impuestos en la comunidad.
Para el Govern, la posible imposición de límites al denominado dumping fiscal es una línea roja, especialmente en lo relativo al impuesto de Sucesiones y Donaciones. Costa ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no negocia cifras concretas, sino un modelo que defienda los intereses estructurales de Baleares.
Críticas a la negociación y a la pérdida de peso de la insularidad
El Govern también cuestiona el contenido y el método de negociación del nuevo modelo, al considerar que no incorpora variables clave como la población flotante o el crecimiento demográfico, mientras reduce el peso de la insularidad en el reparto.
Además, el Ejecutivo balear ha denunciado que el principio de ordinalidad se aplique solo a Cataluña, y ha criticado que la negociación del sistema se haya vinculado a acuerdos bilaterales, en lugar de abordarse de forma multilateral entre todas las comunidades.
Prohens fija la autonomía fiscal como línea roja
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reforzado el rechazo político al modelo al acusar al Gobierno de España de “maltratar” a Baleares con una propuesta que, a su juicio, no atiende ninguna de las reivindicaciones históricas del archipiélago.
Prohens ha situado la autonomía fiscal como el principal límite infranqueable del Govern, al advertir de que cualquier intento de recuperar impuestos eliminados contravendría la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. La presidenta ha asegurado que el Ejecutivo balear utilizará todas las vías políticas y jurídicas a su alcance para defender los intereses de la comunidad.
La propuesta de financiación autonómica deberá debatirse ahora en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades podrán presentar sus posiciones antes de que el modelo llegue al Congreso. El enfrentamiento entre el Govern y el Gobierno central anticipa una negociación compleja, con la fiscalidad y el reparto territorial de recursos como ejes del conflicto.
