El informe sobre exclusión social elaborado por Foessa para Cáritas Diocesana en Ibiza dibuja un escenario especialmente preocupante: más de 30.000 personas, el 20,4% de la población de la isla, se encuentran en situación de exclusión social. Un fenómeno que, lejos de ser coyuntural, se presenta como un problema estructural sin solución a corto plazo y con la vivienda como eje central de la crisis.
Desde la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), su gerente Manuel Sendino ha señalado de forma directa a la falta de vivienda como el principal factor agravante de la situación social. Sendino ha recordado que la patronal propuso al inicio de la legislatura que los propios hoteleros pudieran construir residencias para trabajadores, una iniciativa que no prosperó por la falta de suelo urbano o por las limitaciones de edificabilidad.
A ello ha sumado el fuerte crecimiento demográfico de los últimos años, un fenómeno que, según ha subrayado, no es exclusivo de Ibiza sino común a España y Europa, y que incrementa de forma constante la presión sobre el mercado residencial.
Desconfianza las políticas estatales
En la misma línea, el delegado de la CAEB en Ibiza y Formentera, José Antonio Roselló, ha destacado que el informe refleja una baja incidencia de la pobreza monetaria, lo que demuestra que la exclusión social en la isla no se explica por la falta de empleo, sino por la dificultad de acceso a una vivienda.
Roselló ha apuntado a la desconfianza de los propietarios ante las políticas estatales como una de las principales causas de la escasa oferta de alquiler y ha advertido de que, mientras este contexto no cambie, será difícil que el mercado se reactive. También ha alertado del efecto llamada de los trabajadores de temporada, muchos de los cuales acaban en asentamientos vinculados a la economía sumergida.
Una exclusión «silenciosa»
Desde el sector hotelero, la presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Baleares,AliciaReina, ha calificado los datos como “profundamente preocupantes” y ha advertido de que la crisis habitacional ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en una cuestión económica y estructural.
Reina ha denunciado situaciones de hacinamiento, subarriendos abusivos, trabajadores viviendo en caravanas o asentamientos y personas sin posibilidad de empadronarse, lo que genera una exclusión silenciosa que se cronifica. A su juicio, la falta de vivienda compromete la cohesión social, la calidad del empleo y la sostenibilidad del modelo turístico de Ibiza.
Una isla que excluye a sus trabajadores
Los sindicatos comparten el diagnóstico. El secretario general de UGT en Ibiza, Pedro Campillo, ha denunciado que la isla se ha convertido “en la superficie, en una isla para ricos”, de la que muchos residentes se ven obligados a marcharse.
Campillo ha reclamado políticas sociales y de vivienda adaptadas a la fragilidad medioambiental de la isla y ha exigido acuerdos reales entre administraciones, patronales y sindicatos. Para UGT, el informe de Cáritas debería analizarse en la Mesa de Diálogo Social del Consell, con medidas urgentes para erradicar los asentamientos y garantizar condiciones de vida dignas.
El informe de Cáritas ha puesto cifras a una realidad que patronales, empresarios y sindicatos coinciden en señalar: sin una respuesta estructural al problema de la vivienda, la exclusión social seguirá creciendo en Ibiza, poniendo en riesgo no solo la cohesión social, sino también el futuro económico y el modelo de isla.
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