El Parlament balear debatirá en su próximo pleno la toma en consideración de una proposición de ley presentada por MÉS per Mallorca que plantea prohibir la compra de viviendas a personas no residentes en Baleares. La iniciativa deberá ser votada el martes y, en caso de salir adelante, continuará su tramitación parlamentaria antes de ser elevada al Congreso de los Diputados.
El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha defendido que la medida afectaría únicamente a Baleares, cumpliría con los requisitos de la Unión Europea (UE) y se ajustaría a la jurisprudencia que ha permitido limitaciones extraordinarias en otros territorios.
Según ha explicado, la propuesta no discrimina por origen o nacionalidad, sino por el uso que se pretende dar a la vivienda. “Tenemos que priorizar que las casas sean para vivir, para quienes quieran desarrollar su proyecto de vida en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, y no para quienes quieran especular”, ha afirmado.
Apesteguia ha asegurado que actualmente existen cerca de 100.000 viviendas vacías y unas 120.000 segundas residencias en Baleares, lo que representa aproximadamente la mitad del parque inmobiliario del archipiélago. Ha defendido además que se trata de “la primera ley en este sentido que se presenta en el Estado español” y que ya ha despertado el interés de territorios como Canarias o Catalunya.
Rechazo del PP y cautela del PSIB
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha adelantado el voto en contra de su grupo, al considerar que la iniciativa no es viable por las normas comunitarias, que solo contemplan este tipo de restricciones para territorios ultraperiféricos.
Por su parte, el socialista Marc Pons ha distinguido entre la “voluntad” de su partido de impulsar medidas que frenen la escalada de precios y las “posibilidades reales” de hacerlo dentro del marco europeo. Aunque ha señalado que la presión turística e inmobiliaria debería tenerse en cuenta, ha advertido de las limitaciones jurídicas existentes.
Desde Vox, su portavoz Manuela Cañadas ha calificado la propuesta de “demagógica” y ha acusado a la izquierda de intentar solucionar problemas que, a su juicio, generó durante sus años de gobierno.
Más impuestos a grandes tenedores
En el mismo pleno se debatirá otra proposición de ley, en este caso de Unidas Podemos-Esquerra Unida, que plantea un aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para grandes tenedores.
La iniciativa propone elevar el ITP hasta el 15% en operaciones superiores a dos millones de euros, crear un nuevo tramo del 11% entre 800.000 y un millón de euros, aplicar un tipo del 20% a quienes posean tres o más inmuebles residenciales, e incrementar hasta el 3,5% el impuesto sobre actos jurídicos documentados en operaciones de elevado valor.
El diputado de Podemos, José María García, ha defendido que la fiscalidad debe distinguir entre quien compra su primera vivienda habitual y quien adquiere propiedades con fines especulativos.
Comparecencias y sesión de control
El pleno incluirá además la comparecencia de la consellera de Presidencia y vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, quien deberá informar sobre el cumplimiento de una proposición no de ley relativa al servicio de socorristas y balizamiento.
La sesión de control al Govern abordará cuestiones como la reducción de plazas turísticas, la limitación de cruceros, la preparación del litoral ante temporales, la subida del salario mínimo interprofesional y la cogestión aeroportuaria. La presidenta Marga Prohens responderá también a preguntas sobre el coste de la vida, los permisos de Recursos Hídricos y el apoyo al sector del taxi.
El debate sobre la vivienda, con propuestas que van desde la prohibición de compra a no residentes hasta el aumento de impuestos a grandes propietarios, volverá así a situarse en el centro de la agenda política balear.
