La reglamentación de la baliza V16 conectada en España ha chocado con un obstáculo inesperado en la Unión Europea: la Comisión Europea ha confirmado que el Ejecutivo español no cumplió con el protocolo de notificación previa al aprobar la normativa técnica de este dispositivo.
Este error de forma, lejos de ser un detalle menor, abre un escenario de inseguridad jurídica que podría derivar en la anulación de la medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Qué dice el fallo que podría inhabilitar a las balizas V16 en España
De acuerdo con las reglas del mercado común, cualquier Estado miembro que pretenda imponer requisitos técnicos a productos comerciales debe informar previamente a Bruselas. Al saltarse este paso, España podría estar vulnerando la libre circulación de mercancías, ya que la obligatoriedad de este dispositivo específico puede interpretarse como una barrera comercial para conductores y fabricantes de otros países de la UE.
Actualmente, España es el único país de la Unión que ha sustituido los tradicionales triángulos de emergencia por este sistema geolocalizado, lo que genera una desconexión normativa con el resto de los socios comunitarios.
Incertidumbre en conductores: ¿Siguen vigentes las multas?
A pesar de la advertencia de las autoridades europeas, la ley española entró plenamente en vigor el 1 de enero de 2026. Esto significa que, a nivel interno:
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La obligatoriedad persiste: los agentes de tráfico mantienen la potestad de sancionar a aquellos conductores que no cuenten con la baliza homologada en caso de incidente.
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La validez de los triángulos ha expirado: legalmente, el sistema de señalización física ya no es válido en las carreteras españolas para vehículos matriculados en el país.
Desde el Ministerio del Interior se ha defendido la seguridad y eficiencia del sistema, y se ha intentado aplacar los rumores sobre la privacidad de los datos. La DGT reitera que el dispositivo no actúa como un sistema de espionaje ni requiere el uso de aplicaciones externas, limitándose a comunicar la posición del vehículo en situaciones de emergencia.
El trasfondo político y la respuesta de Bruselas
La controversia ha ganado peso tras una consulta impulsada por el Partido Popular Europeo. Sectores de la oposición han calificado la gestión de «chapuza técnica», mientras que desde Bruselas se estudia si abrir un procedimiento de infracción contra España.
No obstante, expertos sugieren que el recorrido del conflicto podría ser limitado si España logra armonizar la norma con las exigencias de competencia de la UE. Por el momento, la medida se mantiene, pero queda a la espera de una posible resolución que obligue al Gobierno a modificar o suspender temporalmente el reglamento para alinearlo con el derecho europeo.
