El nombre de Ana Millán ha vuelto al centro del debate político en Madrid tras conocerse la última novedad judicial sobre la causa que investigaba su etapa municipal. La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado el archivo del procedimiento abierto contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid al considerar que no se han podido acreditar los delitos que motivaron la investigación.
El caso llevaba años bajo análisis judicial y había situado a la dirigente popular en el foco mediático y político. Las diligencias se iniciaron a raíz de sospechas sobre presuntas irregularidades en contratos municipales adjudicados durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera ahora que las pruebas recopiladas no demuestran la comisión de delitos.
La petición de archivo llega después de varios años de investigación y tras una decisión previa de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló la ampliación del plazo de instrucción del caso.
Por qué la Fiscalía pide archivar la causa contra Ana Millán
Según el escrito remitido al Tribunal de Instancia de Navalcarnero, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía considera que no han quedado acreditados los delitos investigados en la causa abierta contra Ana Millán. El Ministerio Público solicita el sobreseimiento provisional del procedimiento al entender que las diligencias practicadas no han permitido demostrar la existencia de un delito.
En el documento judicial se señala expresamente que “de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que Ana Belén Millán hubiese recibido ingresos por parte de Francisco Vicente R. B. por su condición de concejal ni su conexión con una actividad de ella en el ejercicio de su cargo”.
En ese mismo análisis, la Fiscalía también indica que no se ha demostrado que determinados ingresos investigados procedieran de pagos del empresario relacionado con los contratos municipales. El informe explica que muchos de esos ingresos han sido justificados por la propia investigada y que no se ha podido establecer una relación directa entre los pagos investigados y las adjudicaciones públicas.
Según la Fiscalía, la principal sospecha era la coincidencia temporal entre el inicio de determinados ingresos en las cuentas de Millán y pagos realizados por empresas vinculadas al empresario investigado a personas de su entorno familiar. Sin embargo, el Ministerio Fiscal concluye que esos ingresos corresponderían a trabajos efectivamente realizados o a operaciones relacionadas con el alquiler con opción de compra de un ático.
Además, el escrito subraya que no se ha acreditado que Millán influyera para beneficiar a las empresas vinculadas al empresario ni que existiera trato de favor en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Los contratos investigados en el Ayuntamiento de Arroyomolinos
La investigación judicial sobre Ana Millán comenzó tras denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos municipales adjudicados durante su etapa en el consistorio madrileño. Según un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre los años 2005 y 2011 el Ayuntamiento adjudicó varios contratos a empresas vinculadas a un empresario. En concreto, señalaba que “por el Consistorio se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco R. entre 2005 y 2011”.
Las investigaciones también analizaron movimientos económicos relacionados con Millán, incluidos ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias y relaciones laborales entre empresas vinculadas al empresario y personas de su entorno. Entre los elementos investigados figuraban pagos relacionados con el alquiler de una vivienda propiedad de Millán, así como contratos laborales con familiares de la dirigente política.
Sin embargo, tras analizar la documentación y las declaraciones testificales, la Fiscalía concluye que no se ha establecido conexión alguna entre los ingresos investigados y los contratos adjudicados a las empresas implicadas.
La investigación judicial y su relación con el caso Púnica
El origen del conocido como “caso Millán” se remonta a las investigaciones sobre corrupción en la política madrileña vinculadas al llamado caso Púnica. El nombre de Ana Millán apareció por primera vez en el sumario de esa macrocausa en 2016, cuando se detectaron posibles vínculos entre contrataciones municipales en Arroyomolinos y empresas relacionadas con el sector de la organización de eventos.
Las primeras sospechas surgieron tras el hallazgo de documentación en el Ayuntamiento que reflejaba la relación entre la entonces concejala y un empresario propietario de la empresa Neverland. Posteriormente, la investigación se trasladó al Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, que comenzó a analizar posibles delitos relacionados con adjudicaciones municipales.
En 2022, agentes de la Guardia Civil realizaron registros en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y en la sede de la empresa investigada como parte de las diligencias del caso. En aquel momento, la causa se centró en determinar si existían indicios de delitos como cohecho, prevaricación administrativa, fraude a la administración o blanqueo. Las investigaciones también examinaron el alquiler de un ático propiedad de Millán y los pagos realizados por el empresario relacionado con los contratos municipales.
Durante el procedimiento, la dirigente popular sostuvo ante el juez que no había influido en la adjudicación de contratos y que las relaciones laborales investigadas se produjeron a través de procesos de selección ordinarios.
La decisión de la Audiencia que cambió el rumbo del caso
Antes de la petición de archivo por parte de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Madrid adoptó una decisión clave en la evolución del procedimiento. Los magistrados estimaron un recurso presentado por la defensa de Millán contra la ampliación del plazo de instrucción del caso.
El juzgado había decidido extender la investigación durante seis meses adicionales, pero la Audiencia concluyó que esa prórroga carecía de justificación legal. La defensa argumentó que la ampliación no estaba debidamente motivada y que las razones alegadas —como la carga de trabajo del juzgado o la existencia de diligencias pendientes— no justificaban prolongar la instrucción.
Los magistrados coincidieron con ese planteamiento y señalaron que el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece plazos máximos para las investigaciones penales. Según la resolución, la prórroga no cumplía los requisitos exigidos para prolongar la instrucción y podía vulnerar el derecho de la investigada a un procedimiento sin dilaciones indebidas.
La trayectoria política de Ana Millán
Ana Millán ha desarrollado la mayor parte de su carrera dentro del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Comenzó su trayectoria política en 2003, cuando fue elegida concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, donde ocupó responsabilidades en áreas como Juventud, Mujer, Infancia y Participación Ciudadana. Posteriormente asumió competencias en otras áreas municipales como Empleo, Formación, Industria y Comercio. Tras la pérdida del gobierno municipal por parte del PP, trabajó como asesora en la Comunidad de Madrid antes de regresar al Ayuntamiento como alcaldesa en 2020.
En paralelo a su actividad municipal, Millán ha desempeñado distintas responsabilidades dentro del partido. Llegó a sustituir a Isabel Díaz Ayuso al frente de la Secretaría de Comunicación del PP madrileño cuando esta fue designada candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Posteriormente, Ayuso reforzó su peso en la estructura del partido nombrándola vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, una posición considerada como la número tres dentro de la formación en la región.
Qué puede pasar ahora con el caso
Con la petición de la Fiscalía, el juzgado que instruye la causa deberá decidir ahora si acepta el sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público.
El archivo se plantea al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite cerrar una causa cuando no queda acreditada la comisión del delito que motivó su apertura.
Si el tribunal acepta la petición, la investigación quedaría archivada al no haberse demostrado la existencia de corrupción en los contratos investigados.
El caso de Ana Millán ha sido durante años uno de los episodios judiciales que han acompañado la política madrileña, y la decisión final del juzgado determinará si la causa se cierra definitivamente o si continúa el procedimiento.
