La salida de prisión en régimen de semilibertad de Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, ha reabierto el debate sobre la política penitenciaria aplicada a condenados por terrorismo en España. La que fuera una de las principales dirigentes de ETA ha abandonado este martes la cárcel de Martutene, en San Sebastián, tras haber cumplido seis años de condena en territorio español, pese a acumular penas que suman centenares de años.
La escena, marcada por la discreción y la tensión, ha generado una fuerte repercusión pública. A las puertas del centro penitenciario, una decena de personas se situaron frente a ella para evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación, en lo que algunos han calificado como una imagen simbólica del momento.
Una salida en semilibertad tras años de condenas acumuladas
La excarcelación parcial de Iparraguirre se produce bajo el amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de condena. Gracias a esta medida, la exdirigente de ETA podrá salir de prisión de lunes a viernes, aunque deberá regresar cada noche.
La situación ha generado controversia debido al contraste entre el tiempo cumplido y el volumen de las penas impuestas. ‘Anboto’ fue condenada en España a un total de 700 años de prisión por el asesinato de 14 personas, aunque en el país ha cumplido seis años desde su extradición en 2019.
Antes de ser trasladada a España, Iparraguirre había permanecido 16 años en prisión en Francia por su pertenencia a la organización terrorista.
La escena a la salida de la cárcel
La salida de la prisión de Martutene no pasó desapercibida. Vestida con gafas de sol oscuras, una cazadora verde y vaqueros, la exjefa de ETA fue recibida por varias personas que aguardaban en el exterior.
Tras abrazarse con algunos de los presentes, Iparraguirre abandonó el lugar en un vehículo. La presencia de quienes intentaron impedir la captación de imágenes evidenció el interés mediático y la sensibilidad social que rodea su figura.
Otros casos recientes de semilibertad
El caso de ‘Anboto’ no es aislado. En los últimos tiempos, otros exmiembros de ETA también han accedido a regímenes de semilibertad en circunstancias similares.
Entre ellos se encuentra Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’, también exdirigente de la organización, condenado a 377 años de prisión por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.
Asimismo, han accedido a este tipo de beneficios penitenciarios Asier Arzalluz, responsable del asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, y Jon Bienzobas, alias ‘Karaka’, condenado por el asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente.
Estos casos reflejan una tendencia que ha cobrado relevancia desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las prisiones en esta comunidad autónoma.
Las condenas de ‘Anboto’ en España
El historial judicial de Soledad Iparraguirre en España es extenso y está marcado por múltiples sentencias firmes. Tras su extradición en septiembre de 2019, la exdirigente de ETA fue juzgada por diversas causas relacionadas con atentados cometidos durante décadas.
En julio de 2020, la Audiencia Nacional la condenó a 122 años de prisión por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en León en 1995, mediante la colocación de una bomba lapa.
Posteriormente, en marzo de 2021, fue condenada a 61 años de cárcel por dos atentados: uno contra policías en Bilbao en 1995, que dejó un agente muerto y otro gravemente herido, y otro contra una entidad bancaria en Getxo en 1994.
Un mes después, en abril de 2021, recibió una nueva condena de 39 años por el asesinato del cartero Estanislao Galíndez en Amurrio en 1985.
Además, se le impusieron 425 años de prisión por un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, en 1985.
A estas condenas se suma otra de 46 años por la colocación de una bomba trampa en un bar de Eskoriatza en 1987, que no causó víctimas, y una pena de 15 años por ordenar un atentado contra el rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.
Un pasado ligado a la cúpula de ETA
Soledad Iparraguirre fue una figura destacada dentro de la estructura de ETA. Fue detenida en Francia en octubre de 2004 junto a su pareja, Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, quien en ese momento era el máximo responsable del aparato político de la organización.
Durante años, ambos formaron parte del núcleo dirigente de la banda terrorista, lo que situó a ‘Anboto’ como una de las voces más relevantes en la toma de decisiones estratégicas.
Su protagonismo se mantuvo incluso en el tramo final de la organización. Iparraguirre fue una de las dos personas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva en mayo de 2018.
El contexto penitenciario actual
La concesión del régimen de semilibertad a ‘Anboto’ se enmarca en una política penitenciaria que ha permitido la progresión de grado de numerosos presos vinculados a ETA en los últimos años.
Desde que el Gobierno vasco asumió la competencia en materia penitenciaria, se han concedido 114 terceros grados a 94 presos de la organización. Actualmente, 57 de ellos se encuentran en esta situación de un total de 121.
Estos datos reflejan un cambio en la gestión de las condenas que continúa generando debate en el ámbito político y social, especialmente en casos de especial relevancia como el de Iparraguirre.
Un debate abierto en la sociedad
La salida de ‘Anboto’ en régimen de semilibertad ha reavivado una discusión que permanece latente en la sociedad española. El equilibrio entre el cumplimiento de las penas, la reinserción y la aplicación de beneficios penitenciarios sigue siendo objeto de controversia.
El caso de la exjefa de ETA, por su trayectoria y el volumen de condenas acumuladas, se ha convertido en un símbolo de ese debate. Mientras algunos sectores cuestionan la proporcionalidad de la medida, otros la enmarcan dentro de la legalidad vigente.
En cualquier caso, su salida marca un nuevo capítulo en la evolución de la política penitenciaria aplicada a los condenados por terrorismo, en un contexto en el que la memoria, la justicia y la convivencia continúan siendo elementos clave del debate público.
