El Parlament balear debate un nuevo endurecimiento del marco legal de las VTC a través de las enmiendas a la Ley 4/2014 de transportes, en una fase política que llega poco más de un mes después de la publicación del nuevo reglamento del taxi y los vehículos con conductor. Y con el sector del taxi en máxima tensión ante el temor a un aluvión de autorizaciones, especialmente en Ibiza.
Precisamente, el Govern balear, mediante las enmiendas registradas por el PP, pone ahora el foco en endurecer las restricciones materiales a las VTC y elevar de forma clara el coste de incumplir la norma. El objetivo político de las propuestas elaboradas por la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad es frenar prácticas que el taxi considera competencia desleal y anticiparse a un escenario de mayor presión sobre el mercado insular, como ya contó La Voz de Ibiza.
Requisitos estrictos
Por un lado, el PP introduce nuevas condiciones operativas para las VTC. Una de ellas obliga a que en cada servicio figure el municipio de origen y de destino, de modo que la Administración pueda comprobar si el trayecto está amparado por la autorización urbana o interurbana que corresponda. No es un matiz menor: permite convertir en verificable sobre el papel un punto que hasta ahora generaba zonas grises sobre el ámbito real de prestación del servicio.
También se endurecen los requisitos materiales vinculados a la flota. Todas las autorizaciones de VTC deberán disponer de espacio de aparcamiento, con al menos una plaza, y además cada empresa o particular deberá cubrir plazas para el 80 % de su flota. La medida busca evitar que la expansión del sector se traduzca en más presión sobre el espacio público, una cuestión especialmente sensible en una isla como Ibiza, donde la movilidad y la congestión se han convertido en uno de los ejes del debate regulatorio.
En materia de accesibilidad, el texto añade otra exigencia: en las empresas con más de diez autorizaciones en una misma isla, uno de cada diez vehículos deberá ser accesible. A ello se suma la obligación de que las nuevas autorizaciones inicien el servicio en un plazo máximo de un mes desde su otorgamiento, con la idea de evitar licencias inactivas o meramente especulativas. El mensaje de fondo es claro: quien obtenga autorización deberá operar de verdad y bajo condiciones más estrictas.
Infracciones graves
Otro de los cambios más relevantes está en el régimen sancionador. Desde la Dirección de Movilidad plantean que prestar servicios urbanos, interurbanos o en una isla sin la autorización correspondiente, así como captar clientes en la vía pública, pase a castigarse con multas de entre 6.001 y 12.000 euros. La novedad no es económica: esas conductas pasan a quedar reforzadas como infracciones muy graves, elevando la presión sobre los operadores que actúen fuera del marco habilitado.
Ese salto sancionador afecta directamente a una de las conductas más sensibles para el taxi: la búsqueda de viajeros fuera de la precontratación. El nuevo enfoque trata de cerrar la puerta a que las VTC funcionen de facto como un servicio de captación inmediata en aeropuertos, puertos, estaciones o zonas de alta demanda, un punto que conecta con el debate abierto desde la aprobación del reglamento y con el temor del sector a que una entrada masiva de vehículos altere por completo el equilibrio del transporte discrecional en Ibiza.
Las enmiendas también refuerzan la capacidad inspectora contra el intrusismo y los servicios no autorizados. Para ello se modifica el artículo 63 de contratación con una definición más precisa de qué debe entenderse por captación de clientes y con más margen de actuación para la inspección en enclaves especialmente sensibles. La intención es facilitar actuaciones más rápidas y con mayor cobertura jurídica allí donde históricamente se concentran los conflictos entre taxis, VTC y transporte ilegal.
Otros puntos del paquete de enmiendas
Aunque esta batería se concentra en el control a las VTC, el paquete de enmiendas a la Ley 4/2014 incluye también otros dos bloques ya adelantados por La Voz de Ibiza: la creación del permiso insular de taxista y la regulación de las empresas de intermediación para reforzar la transparencia, el control laboral y la verificación de que cada servicio cuenta con la autorización que le corresponde.
En conjunto, el movimiento del Govern consolida un giro restrictivo sobre las VTC dentro de la reforma que debate el Parlament, con un enfoque que ya no se limita a ordenar futuras licencias, sino que apunta a dificultar la operativa irregular, encarecer las infracciones y blindar el control administrativo en un momento en que el taxi de Ibiza sigue viendo en el nuevo marco legal su principal dique ante el avance de Uber y la bolsa de solicitudes pendientes.
