El Defensor del Pueblo ha alertado en su último informe anual sobre el riesgo de explotación sexual en centros de menores tutelados y ha recomendado realizar un estudio específico para evaluar la situación dentro del sistema de protección.
El documento, entregado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, señala la dificultad para obtener datos fiables y la necesidad de profundizar en el análisis de los casos detectados en los últimos años.
Según recoge el informe, en 2025 se reactivó una investigación de oficio sobre la violencia sexual en estos centros. En este marco, el Defensor se dirigió a distintas administraciones para actualizar la información recabada, aunque a la fecha de cierre del documento aún faltaban varias respuestas.
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Entre las comunidades y territorios que sí remitieron datos figuran, entre otros, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia, Melilla y Baleares, a través de los consejos insulares de Ibiza y Mallorca.
Además, la institución realizó visitas a cinco centros de protección de menores en diferentes comunidades autónomas, donde habían sido acogidas algunas víctimas de abuso o explotación sexual. Entre ellos se encuentran instalaciones en Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia.
Tras estas inspecciones, el Defensor del Pueblo constató que los centros no habían recibido protocolos actualizados para la detección e intervención temprana en casos de abusos o explotación sexual.
El informe también advierte de una falta de adecuación en los perfiles de algunos menores atendidos, en relación con situaciones de discapacidad intelectual o problemas de salud mental.
