El Gobierno ha rechazado asumir responsabilidades en la brutal agresión sufrida en febrero por una mujer de Sant Antoni a manos de su expareja, a pesar de que contaba con una pulsera de protección. El agresor consiguió vulnerar la orden de alejamiento de 100 metros, llegar hasta la víctima antes de que el sistema reaccionara y atacarla con un objeto punzante en el cuello, además de causarle graves heridas en la cabeza con un objeto contundente. La agresión se produjo delante de sus familiares, que fueron quienes alertaron a la Guardia Civil. La mujer tuvo que permanecer más de un mes hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha generado dudas sobre el funcionamiento del sistema de control telemático, especialmente porque el atacante pudo recorrer la distancia sin que se evitara el contacto. Sin embargo, en respuesta a las preguntas formuladas por el senador del PP Miquel Jerez, el Ejecutivo sostiene que no hubo fallos técnicos. Según indica, el dispositivo registró y transmitió correctamente las señales durante todo el incidente y la actuación de los operadores de la Sala COMETA se ajustó en todo momento al protocolo establecido.
Lejos de asumir errores, el Gobierno pone el foco en la orden de alejamiento, considerando que la distancia de 100 metros es insuficiente para garantizar una intervención eficaz. Argumenta que cuando la alerta se activa a esa distancia, el margen de reacción es mínimo y puede reducirse a segundos, especialmente si el agresor se desplaza en vehículo, lo que dificulta que las fuerzas de seguridad puedan impedir la agresión.
Por su parte, Miquel Jerez cuestiona esta explicación y acusa al Ejecutivo de desviar la responsabilidad hacia el ámbito judicial. Asegura que la versión oficial no coincide ni con los testimonios de los afectados ni con lo apuntado por fuentes judiciales, que hablan de posibles fallos o retrasos en el sistema. Además, recuerda que la distancia de alejamiento no depende únicamente de un juez, sino que también interviene el Ministerio Fiscal, por lo que considera que el análisis debería ser más amplio.
El senador también ha planteado por qué no se actuó antes de la agresión si, como sostiene el Gobierno, el sistema detectó y transmitió correctamente las señales. A su juicio, este punto es clave para determinar si hubo fallos en la cadena de respuesta.
