La política migratoria española da un giro significativo con el fin de la vía exprés de regularización para venezolanos, un mecanismo que desde 2018 había permitido a más de 240.000 personas obtener residencia y permiso de trabajo de forma ágil. A partir de ahora, quienes quieran regularizar su situación deberán acogerse a los nuevos procedimientos que el Ejecutivo prevé poner en marcha en abril, en un cambio que, según el Gobierno, es de forma y no de fondo, pero que introduce nuevas condiciones en la práctica.
Fin de la vía exprés para venezolanos
El Gobierno de España ha decidido poner punto final al sistema de regularización exprés por razones humanitarias que beneficiaba a ciudadanos venezolanos. Este mecanismo, implantado en 2018, permitía obtener una autorización de residencia y trabajo de manera mucho más sencilla que a través del procedimiento de asilo.
Durante años, este modelo se convirtió en una de las principales puertas de entrada al sistema migratorio español para este colectivo. De hecho, las cifras reflejan su magnitud: en torno a 240.000 autorizaciones fueron concedidas bajo este esquema, llegando en algunos ejercicios a representar más del 95% de los permisos por razones humanitarias otorgados en España.
El procedimiento era relativamente directo: los solicitantes pedían asilo y, en lugar de recibir el estatuto de refugiado, obtenían una autorización de residencia por motivos humanitarios. Este permiso tenía una duración de 12 meses, prorrogable otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en el país, abriendo además la puerta a una regularización más estable con el tiempo.
Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido cerrar esta vía, devolviendo a los ciudadanos venezolanos al circuito ordinario del sistema migratorio.
Un cambio que el Gobierno define como “de forma”
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida asegurando que no supone un endurecimiento real de las condiciones. “Esto es una cuestión no de fondo, sino de formas, porque después de este importante proceso que terminará el 30 de junio y donde van a poder regularizarse miles y miles de ciudadanos, también venezolanos, seguiremos con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería que tan buenos resultados está dando y que da respuesta a muchas situaciones de personas a través de las diferentes vías de arraigo”, ha explicado.
En este sentido, el Gobierno insiste en que los venezolanos podrán acogerse al proceso de regularización extraordinaria que está previsto aprobar en abril. Este procedimiento estará abierto hasta el 30 de junio y podría beneficiar a más de medio millón de personas, incluyendo a un gran número de ciudadanos venezolanos.
No obstante, la desaparición de la vía exprés implica que desaparece un canal específico que durante años había funcionado como una solución administrativa masiva para miles de casos.
El nuevo escenario: regularización extraordinaria y vías ordinarias
A partir de ahora, quienes se encuentren en España deberán recurrir al nuevo proceso extraordinario o a los mecanismos habituales recogidos en el Reglamento de la Ley de Extranjería.
El Ejecutivo ha señalado que podrán acogerse a esta regularización quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
Una vez finalizado este proceso extraordinario, el sistema volverá a apoyarse exclusivamente en las vías ordinarias de regularización, como los distintos tipos de arraigo, reforzados tras la reforma aprobada por el Gobierno hace más de un año y medio.
Un sistema tensionado por el volumen de solicitudes
El cierre de la vía exprés también responde a la presión acumulada sobre el sistema de asilo en España. Con el paso del tiempo, lo que nació como una medida excepcional terminó convirtiéndose en un canal estructural que absorbía una gran parte de las solicitudes.
En algunos momentos, los ciudadanos venezolanos llegaron a representar más del 60% de las solicitudes de asilo en España. Además, entre el 80% y el 90% de las resoluciones favorables no eran concesiones de refugio, sino permisos por razones humanitarias concedidos casi exclusivamente a este colectivo.
Esta situación generó un importante embudo administrativo, con dificultades para gestionar citas, tramitar expedientes y resolver solicitudes en plazo. Según fuentes del Ministerio del Interior, una parte significativa de las solicitudes no respondía a persecución real, sino a una vía para lograr la regularización.
El contexto político y europeo del cambio
La decisión del Gobierno se produce en un contexto marcado por varios factores. Por un lado, la evolución de la situación política en Venezuela, especialmente tras los cambios producidos a comienzos de 2026, ha modificado el escenario que justificaba el tratamiento excepcional.
Por otro, España se encuentra en proceso de adaptación a un nuevo marco europeo en materia de asilo, más restrictivo, cuya aplicación comenzará en junio de 2026.
A ello se suma la necesidad de descongestionar el sistema migratorio, que en los últimos años ha experimentado una fuerte presión debido al elevado número de solicitudes.
Una comunidad en crecimiento en España
El impacto de esta medida también se entiende en el contexto del crecimiento de la comunidad venezolana en España. Según los datos disponibles, el número de personas nacidas en Venezuela ha pasado de algo más de 255.000 en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad, de las cuales más de 250.000 tienen nacionalidad española.
Solo en 2024, 35.403 venezolanos adquirieron la ciudadanía, reflejando la consolidación de esta comunidad en el país.
Durante años, España se ha convertido en uno de los principales destinos de la diáspora venezolana fuera de América, combinando una política de acogida en lo humanitario con una postura más contenida en el ámbito diplomático.
Un cambio que redefine el modelo
El cierre de la vía exprés supone un punto de inflexión en la política migratoria española hacia los venezolanos. Durante años, el sistema ofrecía una respuesta previsible: aunque no se concediera asilo, existía una alternativa mediante permisos humanitarios.
A partir de ahora, ese esquema desaparece. Los ciudadanos venezolanos pasarán a ser tratados bajo los mismos criterios que cualquier otro extranjero, dentro de un sistema más homogéneo y alineado con las políticas europeas.
El cambio no solo afecta a los trámites administrativos, sino que redefine el marco en el que se gestionará la regularización y la integración de miles de personas en los próximos años, en un escenario que sigue marcado por la incertidumbre y la evolución de la política migratoria tanto en España como en la Unión Europea.
