Ocho décadas han pasado desde que el Palacio de la Paz, en La Haya, acogiera la sesión inaugural de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hoy, este aniversario se celebra bajo una realidad dual: la consolidación de la Corte como el árbitro jurídico definitivo a nivel mundial y, al mismo tiempo, el desgaste de un sistema internacional donde la diplomacia y el poder suelen colisionar con el marco legal.
La agenda del aniversario incluye una ceremonia en La Haya con la asistencia confirmada de António Guterres y del monarca neerlandés, Guillermo Alejandro.
Una actividad judicial en máximos históricos
Desde su puesta en marcha en 1946, la CIJ ha sido el foro para resolver pacíficamente las controversias entre naciones. Sin embargo, los últimos años han registrado una aceleración drástica en su carga de trabajo.
Según datos recientes, el promedio anual de expedientes entre 2021 y 2025 duplica las cifras de décadas pasadas.
Un tribunal con más trabajo que nunca
El ritmo de la justicia internacional se ha acelerado de forma drástica en los últimos tiempos. Para entenderlo, basta mirar las cifras: de todos los juicios que ha tenido la Corte en sus 80 años de historia, casi la mitad se iniciaron apenas en los últimos 25 años.
Esto significa que los países están llevando sus problemas a La Haya con mucha más frecuencia que antes, duplicando el promedio de casos que veíamos en el siglo pasado.
El protagonismo de América Latina
En este escenario, nuestra región juega un papel fundamental: América Latina y el Caribe no son espectadores, sino protagonistas del tribunal, ya que acumulan el 22 % de todos los casos presentados.
Esto demuestra que los países latinoamericanos son los que más utilizan este sistema legal para resolver sus diferencias, convirtiendo a la región en un motor clave para la actividad de la Corte.
De fronteras a derechos humanos y clima
Además de tener más casos, los temas han cambiado mucho: antes, la Corte se ocupaba casi exclusivamente de peleas por fronteras o límites marítimos; hoy, su alcance es mucho mayor.
Los jueces ahora deben decidir sobre problemas globales que nos afectan a todos, como las leyes para frenar el cambio climático o juicios graves por violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura, discriminación y genocidio.
El dilema de la efectividad y el poder de veto
A pesar de su prestigio, el 80.º aniversario pone de relieve la debilidad estructural de la Corte: la falta de mecanismos coercitivos. Aunque las sentencias son vinculantes, la CIJ carece de una «policía» propia para ejecutarlas. El cumplimiento de sus fallos queda supeditado a la voluntad de los Estados involucrados o a la acción del Consejo de Seguridad de la ONU.
En este último punto es donde la justicia suele detenerse: el derecho de veto de las potencias permanentes en el Consejo de Seguridad permite que, en casos críticos como los de Ucrania o Palestina, las órdenes de la Corte (incluyendo medidas cautelares urgentes) sean ignoradas sin consecuencias inmediatas.
Esta percepción de impunidad representa el mayor desafío para la credibilidad de la justicia internacional en el siglo XXI.
Un legado en construcción
Pese a estas limitaciones, el impacto de la CIJ es innegable. Más de la mitad de los Estados miembros de la ONU han participado en sus procesos, y sus resoluciones han servido de base para tratados diplomáticos y para el desarrollo del derecho moderno.
Actualmente, 72 naciones mantienen procesos abiertos ante los 15 magistrados de la Corte. En un mundo que parece alejarse del consenso, la Corte Internacional de Justicia sigue siendo, al menos en la teoría, el último refugio para que la razón legal prevalezca sobre la fuerza militar.
