Lo que empieza como un castillo de arena o una zanja para protegerse del viento puede terminar en una sanción histórica. En España, las multas por alterar el ecosistema de los arenales o poner en riesgo a otros bañistas pueden alcanzar cifras astronómicas.
Más allá de la basura: las multas que pocos conocen
Cuando repasamos las prohibiciones en la costa, solemos pensar en no tirar colillas o no llevar perros a zonas no autorizadas. Sin embargo, la Ley de Costas y las ordenanzas municipales esconden regulaciones mucho más estrictas sobre algo que parece natural: manipular la arena.
Excavar no siempre es un juego de niños: mientras que los pequeños hoyos de los más chicos no suponen un problema, las excavaciones profundas o zanjas de gran tamaño están en el punto de mira de las autoridades.
El motivo es doble: por un lado, la seguridad, ya que estos pozos pueden provocar caídas y lesiones graves a otros usuarios; por otro, la preservación ambiental, debido al impacto directo en el ecosistema costero.
El valor de la arena: un recurso protegido
Aunque parezca inagotable, la arena es un bien escaso y vital para la biodiversidad. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, actúa como barrera natural contra mareas y tormentas, además de servir de hogar para múltiples especies.
La normativa española es tajante al respecto. La extracción de materiales del dominio público (ya sea arena, piedras o conchas) está prohibida. Según advierten expertos legales, llevarse estos elementos o alterar su disposición de forma agresiva puede considerarse un daño al patrimonio natural.
Dependiendo de la gravedad y del valor del daño causado, las multas pueden llegar hasta los 60.000 euros.
El caso de las «zanjas búnker» en Galicia
Uno de los ejemplos más claros de control se da en el municipio de Nigrán, en Pontevedra. Durante años, fue costumbre en la noche de San Juan cavar grandes fosos en Praia América para encender hogueras protegidas del viento.
Sin embargo, el Ayuntamiento decidió poner fin a esta práctica mediante un despliegue de seguridad sin precedentes que incluye drones y agentes del Seprona. Aquellos que acuden a la playa con palas para realizar excavaciones de gran envergadura se enfrentan a sanciones que, si se consideran graves por el impacto ambiental, podrían escalar hasta los 200.000 euros.
En casos más leves, la cifra suele oscilar entre los 100 y los 3.000 euros.
Un equilibrio delicado
No se trata solo de la arena; la retirada de conchas y caracolas también altera la cadena alimentaria y el refugio de pequeños crustáceos. Las autoridades insisten en que la playa no es un escenario infinito, sino un sistema vivo que requiere intervención mínima.
La clave para esta temporada es entender que la playa no es un recurso inagotable. Antes de realizar cualquier excavación de importancia, conviene saber que lo que parece una construcción inofensiva puede alterar el terreno de forma permanente y derivar en sanciones económicas que afectan seriamente el presupuesto familiar.
