El sistema de oposiciones en España atraviesa una situación que ha generado un profundo malestar entre miles de aspirantes que ya han aprobado, pero siguen sin destino. Se trata de funcionarios del Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) que, tras superar el proceso selectivo, permanecen en sus casas cobrando alrededor de 1.060 euros mensuales sin incorporarse a su puesto de trabajo.
La situación, lejos de ser puntual, refleja un problema estructural que afecta a distintas escalas de la Administración, en un contexto en el que, paradójicamente, organismos públicos como el SEPE o la Seguridad Social enfrentan falta de personal y dificultades en la atención al ciudadano.
Funcionarios sin plaza tras aprobar la oposición
El origen del problema se sitúa en la demora entre la aprobación de la oposición y la asignación de destino, un proceso que puede prolongarse durante meses e incluso años.
En el caso concreto de la convocatoria de julio de 2024 del Cuerpo de Gestión Civil del Estado, miles de opositores que aprobaron en mayo de 2025 siguen sin conocer su destino definitivo.
Durante este periodo, tras completar el curso selectivo obligatorio, pasan a ser funcionarios en prácticas, lo que les permite percibir un salario, aunque inferior al que recibirán una vez se incorporen al puesto.
Una incertidumbre que impacta en la vida personal
La falta de información y la ausencia de plazos claros han generado un clima de incertidumbre constante, que afecta directamente a la vida cotidiana de los afectados. Según recogió ABC, uno de los testimonios resume esta situación: «No nos informan de nada, no tenemos ni idea cuándo tendremos nuestro destino».
La inseguridad laboral derivada de esta situación tiene consecuencias prácticas inmediatas, como dificultades para renovar contratos de alquiler o acceder a financiación. Otro afectado lo explica con claridad: «Sin una publicación del destino en el BOE no se tramita nada», una realidad que bloquea decisiones clave como comprar una vivienda o formalizar contratos.
Aunque perciben un salario, este resulta insuficiente para muchos, especialmente en contextos familiares complejos o sin otros ingresos. Algunos opositores han tenido que recurrir a sus ahorros o al apoyo familiar, mientras que otros han experimentado un impacto directo en su salud emocional. Un testimonio refleja esta situación: «He tenido que tomar pastillas para dormir», en referencia a la ansiedad generada por la incertidumbre.
Casos concretos
Las situaciones personales evidencian la dimensión del problema. En algunos casos, los afectados han perdido oportunidades laborales o se han visto obligados a abandonar empleos previos confiando en una incorporación inmediata que no ha llegado.
También hay casos vinculados a decisiones económicas importantes. Algunos opositores han firmado contratos de arras para la compra de vivienda, pero no pueden acceder a una hipoteca al no tener un destino oficial asignado. En este contexto, se repite una idea central: la falta de seguridad jurídica impide avanzar en proyectos personales básicos.
El impacto se agrava en los casos en los que existen responsabilidades familiares, como hijos a cargo. La incertidumbre sobre el destino dificulta la planificación educativa, ya que no se sabe en qué ciudad se residirá finalmente. Una afectada resume esta situación: «En abril se cerró el plazo para pedir una plaza en colegios públicos», lo que complica la organización familiar.
La situación no es exclusiva de una convocatoria concreta, sino que se extiende a distintas oposiciones y escalas del Estado. Las demoras entre la superación del examen y la incorporación efectiva pueden alcanzar los dos o incluso tres años, según fuentes consultadas por ABC. Además, en algunas escalas inferiores ni siquiera se percibe salario hasta obtener destino, lo que agrava aún más la situación.
Falta de información y críticas a la gestión
Uno de los elementos más criticados por los afectados es la ausencia de comunicación por parte del Ministerio de Función Pública. Se repite una queja generalizada: «Ni una sola nota informativa» sobre los plazos o previsiones de asignación de destinos. Esta falta de transparencia alimenta la incertidumbre y dificulta cualquier planificación a medio plazo, tanto personal como profesional.
La situación resulta especialmente llamativa en un contexto de déficit de personal en organismos públicos clave. Servicios como el SEPE, la Seguridad Social o las oficinas de extranjería enfrentan una carga creciente de trabajo, mientras miles de funcionarios en prácticas esperan sin incorporarse. Este desequilibrio evidencia problemas de gestión y planificación en el sistema de empleo público.
El riesgo de pérdida de plazas
A este escenario se suma otro problema estructural: la acumulación de plazas sin convocar.
Actualmente, más de 9.000 plazas de ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2025 siguen pendientes, con el riesgo de caducar si no se gestionan a tiempo.
Este bloqueo administrativo refuerza la percepción de desorganización dentro del sistema, según los propios afectados.
Un sistema cuestionado por los propios opositores
Las críticas no solo apuntan a los retrasos, sino también a la planificación general del sistema.
Algunos afectados lo expresan de forma directa: «Si no hay dinero, que no convoquen oferta de empleo público».
La sensación de improvisación y falta de previsión se ha instalado entre quienes ya han superado el proceso selectivo, pero siguen sin poder ejercer su puesto.
