Ibiza podría reducir en 50 el número de autorizaciones VTC domiciliadas en la isla si prosperan los expedientes de cambio de domicilio tramitados al amparo del nuevo reglamento balear del taxi y los vehículos con conductor. Según cifras provisionales facilitadas por el Consell de Ibiza, 80 VTC han solicitado trasladarse desde Ibiza a Mallorca o Menorca, mientras que 30 han pedido el movimiento inverso, es decir, venir a Ibiza procedentes de Mallorca y/o Menorca.
El dato todavía no es definitivo, porque los expedientes siguen en tramitación tanto en el Consell de Ibiza como en las administraciones de las otras islas. Según ha explicado el Consell de Ibiza, parte de las solicitudes están pendientes de acreditar requisitos como la residencia o los servicios prestados, por lo que el reparto final por islas aún puede variar.
La fotografía provisional apunta, en cualquier caso, a una pérdida neta de 50 autorizaciones VTC para Ibiza. El Consell interpreta esto ese balance negativo como una muestra de que el mercado de VTC en Ibiza ya está saturado y que las grandes peticiones registradas en los últimos años tienen un componente “puramente especulativo”, según la lectura trasladada por el departamento de prensa.
Ibiza sigue concentrando casi la mitad
Ibiza sigue siendo, pese a ese posible ajuste, la isla con más autorizaciones VTC domiciliadas de Baleares. En una respuesta parlamentaria firmada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, el Govern ha informado de que, según los datos disponibles en SITRAN, actualmente existen 407 autorizaciones VTC domiciliadas en Ibiza, frente a 354 en Mallorca y 6 en Menorca. La cifra sitúa a Ibiza con más de la mitad de las autorizaciones VTC contabilizadas entre las tres islas.
Los cambios de domicilio llegan tras meses de tensión por el volumen de solicitudes VTC acumuladas en Baleares y, especialmente, en Ibiza. Solo en 2023 se acumularon 10.000 solicitudes, 6.500 de ellas en Ibiza.
Buena parte de esas peticiones –según los taxistas, unas 6.500 en Ibiza y 3.500 en Mallorca– están promovidas por grandes grupos empresariales que ya controlan miles de licencias en otras comunidades.
El Govern ha calificado esas 10.000 peticiones como algo “desproporcionado” e “insostenible” desde el punto de vista medioambiental. Mediante recientes enmiendas a la Ley 4/2014 de Transportes, actualmente en tramitación parlamentaria, el Ejecutivo autonómico ha buscado restringir el acceso de nuevas VTC en las islas.
Por su parte, el Consell de Ibiza tiene claro cómo piensa denegar las 6.500 solicitudes VTC de 2023. Estas solicitudes están afectadas por el actual reglamento, que requiere una licencia urbana antes de que el Consell entregue la autorización interurbana. Como los ayuntamientos no han dado estas autorizaciones, la institución insular se negará. Para las 5.400 solicitudes previas al 2023 que el Consell contabiliza y están pendientes, la institución confía en denegarlas mediante estudios de saturación ya realizados.
Qué permite el Decreto 6/2026
El movimiento entre islas se explica por la disposición transitoria primera del Decreto 6/2026, de 20 de febrero, el nuevo reglamento balear que regula los servicios de taxi y de arrendamiento de vehículos con conductor. El texto fue publicado en el BOIB del 21 de febrero de 2026 y entró en vigor al día siguiente.
Esa disposición abrió un plazo máximo de un mes para que los titulares de autorizaciones VTC vigentes domiciliadas en Baleares pudieran solicitar el cambio de domicilio a otra isla distinta de aquella en la que estuvieran domiciliadas, siempre que hubieran prestado servicios en la comunidad autónoma antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2024.
El decreto exige, además, que la solicitud vaya acompañada de un listado digital de servicios prestados en Baleares y comunicados al Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor del Ministerio de Transportes entre el 18 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024.
La medida tenía especial importancia para las VTC que, aunque estuvieran domiciliadas administrativamente en una isla, hubieran venido prestando servicios en otra. El reglamento permite regularizar esa situación mediante un cambio de domicilio, pero condicionado a la acreditación de actividad previa.
