La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha cambiado numerosas normas relacionadas con la tenencia de mascotas en España. Aunque la normativa comenzó a aplicarse en 2023, todavía existen muchas dudas entre propietarios de perros y gatos sobre las obligaciones que impone la nueva regulación y sobre las sanciones previstas en caso de incumplimiento.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales nació con el objetivo de reforzar la protección de los animales de compañía y combatir situaciones como el abandono, el maltrato o la tenencia irresponsable. Sin embargo, algunos de sus apartados continúan generando sorpresa por las consecuencias económicas que pueden acarrear determinadas conductas consideradas habituales hasta hace poco tiempo.
Uno de los aspectos que más debate ha generado es el relacionado con la presencia continuada de perros y gatos en terrazas, balcones o patios. La ley establece limitaciones claras sobre este tipo de situaciones y contempla sanciones económicas importantes para quienes incumplan la normativa.
Además, el nuevo marco legal también regula cuestiones relacionadas con la venta de animales, la identificación obligatoria o las futuras exigencias vinculadas al seguro de responsabilidad civil y los cursos para propietarios.
Una ley que cambia las obligaciones de los dueños
La Ley de Bienestar Animal afecta principalmente a perros, gatos y hurones, aunque también incorpora regulación específica sobre colonias felinas y animales silvestres en cautividad. El texto legal busca endurecer el control sobre determinadas prácticas consideradas perjudiciales para los animales y establecer mayores obligaciones para quienes conviven con mascotas.
Entre las novedades más destacadas figura la futura obligación de realizar un curso específico para poder tener un perro y la contratación de un seguro de responsabilidad civil. No obstante, ambas medidas todavía están pendientes de desarrollo reglamentario definitivo.
Mientras tanto, otras disposiciones ya se encuentran plenamente vigentes y contemplan sanciones importantes en caso de incumplimiento. La normativa también modifica la forma en que pueden venderse determinados animales de compañía en España.
La venta de mascotas queda más limitada
Otro de los puntos relevantes de la ley aparece recogido en el artículo 55.1, donde se establece que “la venta de perros, gatos y hurones solo podrá realizarse directamente desde la persona criadora registrada sin la intervención de intermediarios”. La norma impide, por tanto, la comercialización de estos animales mediante determinados canales tradicionales y exige además que exista un contrato escrito de compraventa.
Asimismo, queda prohibida la venta de animales que no hayan sido previamente identificados conforme a la legislación vigente. Con estas medidas, el Ejecutivo busca reforzar el control sobre la trazabilidad de los animales y dificultar situaciones de abandono o comercio irregular.
Cómo funcionan las multas de la Ley de Bienestar Animal
La ley incorpora además un amplio régimen sancionador dividido en tres grandes categorías: infracciones leves, graves y muy graves. Las cuantías económicas pueden variar considerablemente dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias concretas de cada caso.
Las infracciones leves contemplan multas de entre 500 y 10.000 euros. Dentro de este grupo se incluyen conductas como no comunicar la pérdida de un animal o incumplir determinadas obligaciones administrativas.
Las infracciones graves elevan las sanciones hasta un rango de entre 10.001 y 50.000 euros. En este apartado aparecen conductas como el abandono, la falta de identificación del animal, determinadas mutilaciones o el uso de métodos agresivos durante la educación de la mascota.
Por último, las infracciones muy graves pueden alcanzar multas de entre 50.001 y 200.000 euros en situaciones relacionadas con maltrato con resultado de muerte, peleas de animales o actividades de cría y venta prohibidas por la ley.
La cuantía final dependerá de la valoración realizada por la administración competente en cada expediente sancionador.
El punto que más polémica ha generado
Uno de los aspectos que más repercusión ha tenido desde la entrada en vigor de la norma es el relacionado con la permanencia de animales en terrazas, balcones o patios. La ley prohíbe expresamente mantener de forma habitual a perros y gatos en este tipo de espacios cuando ello pueda afectar a su bienestar.
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El artículo 74.o recoge como infracción grave: “Mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos”. Esto significa que dejar a un perro viviendo de manera continuada en una terraza o balcón puede derivar en una sanción económica importante. En estos casos, las multas pueden situarse entre 10.001 y 50.000 euros, dependiendo de la gravedad concreta de la situación detectada.
La normativa pretende evitar que los animales permanezcan aislados o expuestos de forma continua a condiciones inadecuadas.
La supervisión también pasa a ser obligatoria
La ley también introduce limitaciones relacionadas con el tiempo que un animal puede permanecer solo sin supervisión. El texto establece que no se puede “dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas”. Este apartado afecta especialmente a propietarios que acostumbraban a dejar a sus mascotas solas durante largos periodos de tiempo.
Con esta medida se busca garantizar unas condiciones mínimas de cuidado y atención continuada hacia los animales de compañía. Además del bienestar físico, la normativa también pone el foco en aspectos relacionados con la atención emocional y las necesidades básicas de socialización de los animales.
Un cambio profundo en la relación con las mascotas
La aprobación de la Ley de Bienestar Animal supone uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia de protección animal en España. Más allá de las sanciones económicas, la normativa introduce una filosofía más estricta respecto a las obligaciones de quienes tienen animales de compañía.
Las administraciones consideran que determinadas prácticas que durante años fueron habituales ya no son compatibles con los estándares actuales de bienestar animal. Por ese motivo, la ley endurece el control sobre situaciones relacionadas con abandono, aislamiento o cuidados insuficientes. Al mismo tiempo, el régimen sancionador busca tener un efecto disuasorio frente a conductas consideradas irresponsables.
