El Seprona de la Guardia Civil ha destapado un taller ilegal de reparación de motores eléctricos y bombas de agua en una finca rústica de Formentera, donde los agentes hallaron una gran acumulación de residuos y constataron que las labores se desarrollaban sin licencia. La inspección, realizada a finales de abril, se ha saldado con ocho actas de denuncia por infracciones medioambientales, industriales y urbanísticas, según informó la Guardia Civil en Illes Balears.
Una inspección con denuncia previa
Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza accedieron a la finca tras tener conocimiento de que en el lugar se estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la reparación de maquinaria, principalmente motores eléctricos y bombas de agua. El objetivo del dispositivo era comprobar sobre el terreno si existían irregularidades, especialmente en materia ambiental.
Lo que encontraron al llegar superó la sospecha inicial. Los guardias observaron una notable acumulación de residuos, metales, herramientas, motores eléctricos y electrodomésticos repartidos por la parcela, además de un taller-almacén donde se ejecutaban las reparaciones. La imagen era la de una actividad industrial consolidada en un entorno que la normativa balear protege como suelo no urbanizable.
Ocho actas por tres frentes distintos
El balance de la inspección se traduce en ocho denuncias administrativas que se reparten en tres bloques. El más voluminoso afecta a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: tres actas por acumulación incontrolada de residuos y por la quema de los mismos, una práctica especialmente sensible en un territorio que arrastra una crisis crónica de gestión de residuos en las Pitiusas y un elevado riesgo de incendios en verano.
A esas tres infracciones se suma una denuncia por vulnerar la Ley de Industria, al desarrollarse una actividad industrial en unas instalaciones que no reúnen las condiciones exigidas por la normativa sectorial.
Sin licencia y en suelo rústico
El tercer bloque de actas apunta directamente a la falta de cobertura administrativa del negocio. Los agentes formularon dos denuncias por carecer de licencia de actividad, un trámite imprescindible para cualquier explotación de estas características, y otras dos por infracciones de la normativa urbanística, al ejercer una actividad industrial en suelo rústico, una calificación que en Baleares restringe de forma muy estricta los usos permitidos.
La combinación de los tres frentes —residuos, industria y urbanismo— dibuja el perfil clásico de las actuaciones del Seprona en las Pitiusas, donde la presión sobre el territorio rural y la proliferación de actividades sin control han disparado los controles en los últimos años.
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