El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tendrá que dar explicaciones este jueves en sede institucional por el escándalo del Triguerogate sobre las irregularidades en su Vivienda de Precio Limitado destapadas por La Voz de Ibiza.
El Ayuntamiento ha convocado para el 28 de mayo a las 13.30 horas un pleno extraordinario monográfico sobre la licencia urbanística de primera ocupación de su VPL, inmediatamente después del pleno ordinario.
El único punto del orden del día es el «debate sobre la licencia urbanística de primera ocupación de un local transformado en una VPL, así como la licencia de primera ocupación por parte del alcalde de Ibiza», bajo el número de expediente 23227/2026.
La petición que se hace realidad
El pleno extraordinario es el resultado de la solicitud que PSOE y Podemos presentaron tras el estallido del escándalo. Ambos grupos argumentaron que la única comparecencia pública de Triguero hasta ese momento —una declaración ante los medios de comunicación— se había producido sin posibilidad de preguntas, lo que consideraban insuficiente para la rendición de cuentas institucional que exige un caso de esta magnitud.
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La concejala socialista Carmen Boned subrayó entonces que «la ciudadanía de Ibiza merece conocer con total claridad si se han cumplido los requisitos legales en todo el proceso de adquisición del local comercial posteriormente reconvertido en la vivienda a precio limitado», añadiendo que «no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de ejemplaridad política y de confianza en las instituciones».
La portavoz de Podemos, Guadalupe Nauda, señaló que el caso «pone en cuestión el uso de recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la vivienda a quienes realmente lo necesitan».
Lo que se debatirá
El pleno pondrá el foco en la licencia de primera ocupación, otorgada el 6 de marzo según ha documentado La Voz de Ibiza. A pesar de contar con ese documento, la familia Triguero no ha inscrito la VPL en el Registro autonómico de viviendas de precio limitado ni presentado la declaración responsable de beneficiarios, trámites obligatorios según la normativa.
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La licencia de primera ocupación, que marca el final de la tramitación urbanística municipal, fue recibida por la esposa del alcalde. Ella actuó en todo momento como representante ante el Ayuntamiento e inició los trámites, pese a ser propietaria al 100% de otra vivienda en el mismo edificio, lo que seis fuentes jurídicas independientes consultadas por La Voz de Ibiza califican de incumplimiento del artículo 2.5 de la Ley 3/2024.
El pleno extraordinario también llega después de que el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, presentara una denuncia formal ante el IBAVI por infracciones graves y muy graves, que el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, confirmó que será investigada. Y después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, eludiera respaldar explícitamente al alcalde, limitándose a defender la figura de las VPL en términos generales.
Las irregularidades documentadas por La Voz de Ibiza
La investigación de La Voz de Ibiza ha documentado una cadena de irregularidades en la operación inmobiliaria del alcalde y su esposa. Triguero y su esposa compraron un local en el barrio de Can Misses por unos 400.000 euros, lo reformaron por otros 200.000 y lo reconvirtieron en una Vivienda de Precio Limitado al amparo de la Ley 3/2024.
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La familia se mudó allí sin haber inscrito la vivienda en el Registro autonómico de VPL ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios, trámites obligatorios previos a la ocupación efectiva. La licencia de primera ocupación la recibió la esposa el 6 de marzo.
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Los pactos sucesorios formalizados en diciembre de 2025, mediante los que Triguero cedió bienes a sus hijos menores para rebajar artificialmente su patrimonio hasta el umbral exacto que exige la ley, fueron calificados de fraude de ley «de libro» por seis fuentes jurídicas independientes.
A ello se suman una valla ilegal instalada en el patio sin comunicación previa ni permiso de la comunidad de propietarios —retirada progresivamente al conocerse la investigación—, una denuncia vecinal presentada a través de la Línea Verde del propio Ayuntamiento que no generó ninguna actuación inspectora, y el envío de mensajes intimidatorios por redes sociales a vecinos críticos por parte de un abogado.
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