El Consell de Ibiza ha anunciado este miércoles dos decisiones que confluyen en el pleno del viernes y que reconfiguran el futuro del servicio de ITV en Ibiza: la adjudicación a Itevebasa de dos nuevas unidades móviles de inspección en el polígono de Montecristo y la aprobación definitiva del reglamento que autorizará a empresas privadas a instalar estaciones propias en la isla. La institución insular calcula que las nuevas líneas permitirán casi 30.000 inspecciones adicionales al año.
Un contrato de 1,46 millones
El refuerzo adjudicado a Estación ITV Vega Baja, SA (Itevebasa) tiene un presupuesto de 1,46 millones de euros sin IVA y una duración inicial de un año prorrogable. La empresa ya presta desde 2020 el servicio de unidades móviles del Recinto Ferial, con contrato vigente hasta julio de 2027. Las dos nuevas líneas asumirán inspecciones periódicas, previas a matriculación y duplicados, con el objetivo declarado de descongestionar la estación pública de Santa Gertrudis.
Dos figuras jurídicas distintas
Aunque ambas medidas afectan al mismo servicio, responden a modelos diferentes. El contrato con Itevebasa es una contratación pública: el Consell licita, la empresa presta el servicio en su nombre y la tarifa al usuario sigue siendo la pública, 24 euros para un turismo de gasolina, una de las más bajas del Estado. El reglamento, en cambio, no contrata: regula cómo una empresa privada podrá pedir autorización para abrir una estación propia, con inversión y personal propios, dentro de las tarifas máximas que fije la institución insular.
La vía abierta por el Govern en 2024
La posibilidad de este segundo modelo se abrió en mayo de 2024 con el Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa del Govern balear, convalidado después como Ley 7/2024. La norma autonómica habilitó a los Consells a elegir entre los tres modelos que ya recogía el Real Decreto estatal 920/2017: gestión directa, sociedad mixta o empresas privadas en régimen de concesión o autorización. El reglamento insular es el desarrollo procedimental necesario para activar esa tercera vía.
Cuatro meses de espera y un 40 % de ausencias
El movimiento se produce sobre un servicio con esperas de hasta cuatro meses y un absentismo del 40 % en las citas reservadas. La memoria justificativa del expediente cifra en unos 31.000 los vehículos pendientes de inspección. El Consell intentó durante meses construir una segunda ITV pública fija, pero la búsqueda chocó con las limitaciones del Plan Territorial Insular —que excluye el suelo rústico para este uso— y con la negativa de propietarios de suelo apto a vender. A esos obstáculos se sumaron las dificultades para cubrir las plazas de personal mecánico cualificado en Santa Gertrudis.
En paralelo, la institución ya ha adjudicado el nuevo sistema de cita previa con pago anticipado, aprobado en pleno en enero y aún pendiente de activación técnica, que considera clave para frenar las ausencias.
La oposición habla de privatización
PSOE e Izquierda Unida Podemos han anunciado en rueda de prensa conjunta que votarán en contra del reglamento, al que consideran un paso hacia la «privatización al 100 %» del servicio. La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha acusado al presidente del Consell, Vicent Marí, de haber «mentido» cuando en el último debate de política general aseguró que la estación pública de Santa Gertrudis no cerraría. La oposición sostiene que las disposiciones transitorias del texto prevén un cese «progresivo y ordenado» de la prestación directa que acabará siendo «definitivo».
El portavoz de Izquierda Unida Podemos, Òscar Rodríguez, ha hablado de «una receta clásica de privatización» tras «gestionar tan mal este servicio que hemos llegado a listas de espera de más de seis meses para pasar una obligación legal». Ambos grupos proyectan que el precio final acabará situándose alrededor de los 37-40 euros que se pagan de media en Madrid, Murcia o Cataluña, frente a los 24 actuales.
La versión del Consell
La nota difundida por el Consell sostiene en cambio que el reglamento mantiene «la gestión centralizada del servicio desde la estación de Santa Gertrudis» y describe el nuevo marco como un instrumento para «modernizar el servicio, aumentar la capacidad de inspección y continuar reduciendo los tiempos de espera» bajo supervisión de la institución insular. El pleno que decidirá el futuro de la inspección técnica de vehículos en la isla se celebra este viernes.
