El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha anulado la denegación de quince autorizaciones VTC en Ibiza y ha obligado al Consell Insular de Ibiza a volver a valorarlas sin aplicar el límite cuantitativo que la institución venía usando para frenar la entrada de vehículos de transporte con conductor en la isla antes de que comenzara a tramitarse el nuevo reglamento del sector.
La sentencia, número 294/2026 y fechada el 20 de mayo, estima la apelación de un solicitante que en marzo de 2018 había pedido quince autorizaciones de la clase VTC ante el Departament de Política de Mobilitat i Medi Ambient. El Consell las denegó por silencio administrativo y confirmó después esa negativa en respuesta al recurso de alzada, alegando que no había «contingente disponible» en la isla conforme a la normativa vigente.
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El cupo de 6,74, en el centro del fallo
El argumento de la institución se apoyaba en el artículo 3 del Decreto 43/2014, que fija para Ibiza una proporción de 6,74 autorizaciones de taxi (VT) por cada autorización VTC. Según la resolución impugnada, al tiempo de presentarse la solicitud ya existían 50 autorizaciones VTC en vigor en la isla, por lo que no quedaba margen para nuevas concesiones.
El TSJB considera que esa denegación se sostuvo exclusivamente en el automatismo de la proporción, sin valorar otras circunstancias. La Sala sostiene que limitar las autorizaciones con un criterio meramente numérico responde a una lógica «estrictamente económica», contraria a la libertad de establecimiento que recoge el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La doctrina europea, telón de fondo
El fallo se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 8 de junio de 2023, dictada en una cuestión prejudicial sobre el cupo de VTC en el área de Barcelona. Esa resolución estableció que una limitación de licencias solo es admisible si se justifica en razones imperiosas de interés general —buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como motivos medioambientales— y no en argumentos puramente económicos.
A raíz de esa doctrina, el Tribunal Supremo viene anulando de forma reiterada las denegaciones de autorizaciones VTC fundadas solo en la proporción, en una cadena de sentencias que arranca con la número 41/2024, de 15 de enero. El TSJB se remite a esa jurisprudencia y a un pronunciamiento propio anterior, la sentencia 520/2025.
Qué ordena ahora la Sala
El tribunal revoca íntegramente la sentencia de instancia que en 2023 había dado la razón al Consell, anula el acto administrativo y acuerda la retroacción del expediente. La institución deberá valorar de nuevo las solicitudes conforme a la normativa vigente en el momento en que se presentaron, sin aplicar la limitación del 6,74 del Decreto 43/2014.
La sentencia precisa además que a estas solicitudes no les afecta la suspensión prevista en la Ley 1/2024, de 16 de febrero, que congeló las autorizaciones VTC y las licencias de taxi a la espera de un nuevo decreto autonómico de criterios objetivos. Esa suspensión, recuerda la Sala, solo alcanza a las solicitudes presentadas tras su entrada en vigor, y no es el caso.
El TSJB rechaza, en cambio, el argumento del recurrente sobre el sector de las limusinas. La parte alegaba que estos vehículos operan en un mercado distinto al del taxi y que no se les debería aplicar la misma normativa, pero la Sala entiende que una limusina es un vehículo con conductor como cualquier otro, sin un régimen propio que la diferencie del resto de VTC.
Un golpe a la estrategia del Consell
El pronunciamiento incide directamente sobre el plan que la institución insular había diseñado para contener la presión sobre las VTC. Como adelantó La Voz de Ibiza, el Consell maneja una estrategia jurídica de dos bloques para bloquear más de 10.000 solicitudes: las posteriores a 2023 se descartan por carecer de la autorización urbana municipal exigida por el nuevo reglamento, mientras que las anteriores —unas 5.400— se intentaban frenar en vía judicial.
La solicitud resuelta ahora pertenece precisamente a ese segundo grupo, el de los expedientes previos al reglamento. El fallo confirma que la denegación apoyada solo en la proporción no prospera ante los tribunales, lo que estrecha el margen de la institución para ese bloque de peticiones.
La Voz de Ibiza ha consultado al Consell de Ibiza sobre el alcance de la sentencia y sobre si tiene previsto recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo. Hasta el momento de la publicación de esta información, la institución no ha respondido.
Las enmiendas que blindan el cerco
La sentencia llega luego de que el PP y PSIB pactaran un paquete de enmiendas a la Ley 4/2014, incorporado a la ley ómnibus de proyectos estratégicos, que precisamente busca levantar un muro legal contra Uber y otras plataformas VTC tras la presión del taxi. El texto, aprobado recientemente, prevé que el Govern fije por decreto criterios objetivos para otorgar o denegar nuevas autorizaciones VTC, vinculados a la calidad del aire, la reducción de emisiones de CO₂, la gestión sostenible del transporte y la preservación de un territorio insular limitado.
Son, en esencia, los argumentos ambientales y territoriales que la doctrina europea exige y que la sentencia del TSJB echa en falta en la denegación del Consell. Las enmiendas añaden criterios más finos —el aumento de kilómetros recorridos sin pasajeros, la capacidad de carga de los espacios naturales o la afección sobre hábitats y especies protegidas—, refuerzan el régimen sancionador con multas de hasta 12.000 euros y obligan a los titulares a disponer de aparcamiento para el 80% de su flota.
Qué le queda al Consell
La sentencia no obliga a conceder las autorizaciones, sino a valorarlas de nuevo. Ahí es donde la institución puede reconstruir su defensa, pero con un listón más alto: el TSJB le reclama que cualquier denegación se apoye en razones imperiosas de interés general —impacto sobre el tráfico, el espacio público o el medio ambiente— y no en el simple recuento de licencias. En esa línea apuntaba el director insular de Transportes, Roberto Algaba, cuando explicó que el Consell disponía de un estudio de saturación previo al decreto Ábalos de 2018 y que, aun viéndose obligado a otorgar licencias, exigiría una lista estricta de requisitos, como que los vehículos estén físicamente en la isla o cuenten con los seguros correspondientes. La incógnita es si ese estudio basta como motivación reforzada o si los tribunales lo considerarán insuficiente frente a la doctrina europea.
El cupo del 6,74 ya estaba desbordado mucho antes de esta sentencia. Según datos facilitados por el entonces conseller de Movilidad, Mariano Juan, en octubre de 2023 circulaban en la isla algo más de 300 VTC frente a unas 900 licencias de taxi, después de que resoluciones judiciales anteriores obligaran al Consell a tramitar cerca de 600 solicitudes vinculadas al vacío legal que existió entre 2009 y 2015. Frente a ese parque, las más de 10.000 solicitudes acumuladas durante la moratoria dan la medida de la presión que la institución trata de contener.
Otro frente abierto: cuatro VTC más en los tribunales
La de las quince autorizaciones de 2018 no es la única solicitud previa al reglamento que ha llegado a la vía judicial. La empresa madrileña Alamedo Fleets SL ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJB —el procedimiento ordinario 284/2026— por cuatro autorizaciones VTC domiciliadas en Ibiza que solicitó en junio de 2023 y que solo le fueron reconocidas de forma parcial. El caso ilustra que el bloque de expedientes anteriores a 2024, el que las instituciones intentan contener en los tribunales, sigue generando litigios isla por isla.
