Los vecinos de la zona de Casa Lola, en Sant Josep, denuncian la existencia de al menos tres focos de asentamientos y okupaciones en su entorno más inmediato y reclaman una intervención urgente ante lo que describen como un deterioro sostenido de la convivencia. Los afectados aseguran estar «cansados y con miedo» por la proliferación de chabolas, acumulación de basura y vehículos utilizados como vivienda en pleno núcleo residencial. La situación se ha agravado en los últimos meses, en línea con las 21 ocupaciones ilegales registradas en el municipio durante el primer cuatrimestre del año.
Tres focos en un mismo entorno
Los residentes sitúan los puntos conflictivos entre las carreteras de Porroig y es Cubells, a la altura de Cana Planells, una zona boscosa salpicada de viviendas unifamiliares. Allí, según el testimonio vecinal, conviven chabolas levantadas entre la vegetación, vehículos estacionados de forma permanente que funcionan como alojamiento y acumulaciones de residuos que se extienden sobre suelo rústico. El patrón se repite en al menos tres ubicaciones distintas, todas ellas próximas entre sí.
Episodios cada vez más frecuentes
Las familias del entorno afirman que los episodios conflictivos han ganado en intensidad y frecuencia. Los vecinos los vinculan al consumo de drogas, a altercados en la vía pública y a ocupaciones ilegales de inmuebles y parcelas. La sensación de inseguridad, sostienen, ya no es puntual sino cotidiana, y afecta de manera directa a la tranquilidad de las familias que residen en la zona durante todo el año.
Un precedente reciente en la misma zona
El malestar vecinal no es nuevo. La zona de Casa Lola ya saltó a la actualidad hace semanas a raíz de una intervención policial que terminó con la detención del hombre que sembró el pánico en el entorno, un episodio que los residentes citan como ejemplo del clima que llevan tiempo denunciando.
El obstáculo legal de fondo
Más allá del recuento policial, los vecinos apuntan a un problema estructural: la dificultad para mantener desalojados los espacios una vez recuperados. Como ya se ha expuesto en análisis previos, existe un agujero legal que permite a los okupas regresar tras ser expulsados, un efecto que las propias fuentes jurídicas han descrito como «ineludible» dentro del marco actual.
Reclaman medidas urgentes
Los residentes piden una respuesta inmediata de las administraciones competentes y advierten de que el problema podría agravarse con la llegada del verano y el aumento de población flotante en el municipio. Reclaman tanto refuerzo policial sobre los puntos identificados como una actuación coordinada que impida la reaparición de los asentamientos una vez retirados. La convivencia, insisten, «no puede esperar más».
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