El municipio de Sant Josep registra un aumento en los casos de ocupación ilegal, en paralelo a episodios recientes como la reocupación de la vivienda frente a Casa Lola, que ha vuelto a poner el foco en esta problemática.
Según datos facilitados por el Ayuntamiento, en 2025 se atendieron un total de 34 incidencias por usurpación, mientras que en lo que va de 2026 ya se han contabilizado 21, lo que apunta a una tendencia al alza.
En cuanto a los casos de allanamiento de morada, el pasado año se registraron 23, frente a los 6 contabilizados hasta ahora en 2026. Desde el Consistorio matizan que algunos de estos registros pueden corresponder a un mismo inmueble en distintos momentos.
Un fenómeno en crecimiento
El incremento de incidencias refleja una presión creciente sobre el municipio, donde la ocupación ilegal se ha convertido en un problema recurrente que combina factores sociales, legales y operativos.
Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de un ilícito penal cuya persecución corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, independientemente de la administración de la que dependan.
Entre la vía penal y la civil
Aunque estos delitos no requieren necesariamente de denuncia para iniciar su persecución, sí resulta clave para acreditar el interés del propietario en recuperar el inmueble.
En los casos en los que exista abandono o desinterés por parte del titular, la situación puede derivar en un conflicto de carácter civil, bajo la figura del precario, lo que traslada la resolución al ámbito judicial ordinario.
La dificultad para actuar
Desde el Consistorio insisten en que uno de los principales retos radica en la aplicación de la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la interpretación de la flagrancia en los delitos de usurpación.
Según explican, esta cuestión condiciona la capacidad de actuación policial y puede influir en la repetición de casos, como la reciente reocupación en Sant Josep.
