La controversia en torno al juez Juan Carlos Peinado suma un nuevo capítulo. El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a proponer el archivo de las quejas presentadas contra el magistrado por su actuación en varios procedimientos de gran repercusión política, entre ellos el relacionado con la investigación a Begoña Gómez y otro vinculado a la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
La decisión llega después de que la autoridad disciplinaria ya hubiera planteado una primera propuesta de archivo en abril. Sin embargo, en aquella ocasión la Comisión Permanente del CGPJ rechazó la iniciativa y solicitó que se completara la investigación antes de adoptar una resolución definitiva.
Ahora, una vez ampliadas las actuaciones, el Promotor mantiene su criterio y considera que no existen motivos para abrir un expediente disciplinario contra el magistrado. La resolución afecta directamente a varias denuncias, incluidas las presentadas por el ministro Félix Bolaños, que cuestionó determinadas actuaciones del juez durante una de las diligencias más comentadas de los últimos meses.
Las quejas presentadas por Félix Bolaños
Dos de las denuncias analizadas fueron formuladas por el ministro Félix Bolaños. Las quejas se centraban en el interrogatorio que el magistrado realizó al dirigente socialista en el Palacio de la Moncloa dentro de la causa relacionada con Begoña Gómez.
Según la denuncia presentada, el juez habría actuado de manera «irregular» durante aquella comparecencia y también posteriormente, cuando solicitó sin éxito al Tribunal Supremo la apertura de una causa contra el propio ministro. Entre los episodios que generaron mayor polémica se encuentra la petición realizada por el magistrado para que se instalara una tarima desde la que pudiera situarse en una posición elevada respecto al testigo durante el interrogatorio.
Además, el juez reprochó a Bolaños que respondiera con «evasivas» a algunas preguntas y llegó a cuestionar determinadas reacciones durante la declaración. Estos hechos fueron incluidos en la queja presentada por el ministro ante los órganos de gobierno del Poder Judicial.
La respuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria
Pese a las críticas recibidas, la autoridad disciplinaria considera que los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional. En su nueva propuesta de archivo, el Promotor sostiene que las actuaciones cuestionadas pueden ser objeto de debate jurídico, pero no constituyen una infracción disciplinaria.
El informe señala que se trata de: «decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular».
La valoración supone un respaldo a la actuación del magistrado en el marco de las funciones que le corresponden como instructor de las causas que dirige. La conclusión es especialmente relevante debido al alto perfil político de los asuntos investigados y al intenso debate generado alrededor de algunas de sus decisiones procesales.
Las denuncias relacionadas con el caso de la EMT
Además de las reclamaciones impulsadas por Bolaños, el expediente incluye otras dos quejas presentadas por Más Madrid y por el diputado socialista Guillermo Hita. Ambas denuncias hacían referencia a la actuación del magistrado en una causa relacionada con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Los denunciantes consideraban que había existido una «desatención de sus obligaciones judiciales» debido a un retraso en la tramitación de una resolución. En concreto, cuestionaban que el juez hubiera dictado con dos meses de demora una prórroga dentro de la investigación sobre una presunta malversación atribuida al gerente de la EMT.
La causa analizaba el pago de un importe considerado desproporcionado por la organización de un acto vinculado a OkDiario. La demora en la resolución motivó las quejas trasladadas al CGPJ, aunque el Promotor tampoco aprecia motivos para iniciar una actuación disciplinaria en este caso.
La Comisión Permanente tendrá la última palabra
Aunque la propuesta de archivo vuelve a ser favorable al magistrado, el procedimiento todavía no ha concluido. La decisión definitiva corresponde a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, órgano que ya mostró discrepancias con la primera propuesta emitida en abril.
La composición de este órgano resulta especialmente relevante debido a la sensibilidad política del asunto. La Comisión Permanente está integrada por siete vocales, además de la presidenta del CGPJ.
Según la información disponible, cuenta con cuatro vocales de perfil conservador, tres progresistas y la presidenta del órgano, Isabel Perelló. En caso de empate, Perelló dispone de voto de calidad. Será este órgano el encargado de determinar si acepta la nueva propuesta de archivo o si considera necesario continuar con nuevas actuaciones.
Un caso que sigue generando repercusión política
La figura de Juan Carlos Peinado ha adquirido una notable relevancia pública durante los últimos meses debido a la repercusión política de algunas de las investigaciones que dirige. La causa relacionada con Begoña Gómez ha provocado numerosos enfrentamientos institucionales y ha situado varias de sus decisiones bajo un intenso escrutinio mediático y político. El interrogatorio realizado a Félix Bolaños fue uno de los episodios que más atención concentró, especialmente por las circunstancias en las que se desarrolló y por las posteriores críticas formuladas por el ministro.
La petición de apertura de una causa ante el Tribunal Supremo también contribuyó a elevar la tensión alrededor del procedimiento. A ello se sumaron las quejas vinculadas a la investigación de la EMT, que ampliaron el alcance de las reclamaciones presentadas contra el magistrado.
Un nuevo respaldo provisional al magistrado
La nueva propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria supone, por segunda vez, un respaldo a la actuación del juez frente a las denuncias recibidas. El informe mantiene que los hechos cuestionados forman parte del ámbito de la actividad jurisdiccional y que, por tanto, no justifican la apertura de un expediente disciplinario. Sin embargo, la decisión final sigue pendiente del pronunciamiento de la Comisión Permanente del CGPJ.
Mientras ese debate continúa abierto, el caso vuelve a poner el foco sobre los límites entre el control disciplinario de los jueces y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. La resolución que adopte finalmente el órgano de gobierno de los jueces marcará el cierre o la continuidad de una controversia que ha acompañado durante meses algunas de las investigaciones con mayor impacto político de la actualidad española.
