El Pleno del Consell de Ibiza aprobó hoy un expediente de suplemento de crédito de 3,33 millones de euros destinado a garantizar la continuidad de los servicios sociales esenciales y la atención a colectivos vulnerables, según informó el conseller de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa.
El desequilibrio presupuestario responde directamente al «aumento desmesurado» del sistema de protección de menores provocado por la llegada continuada de menores extranjeros no acompañados (‘menas)..
El desglose del suplemento incluye prácticamente un tercio destinado a Menores, 484.000 euros a Promoción Social, 207.571 euros a la Oficina de la Mujer, 802.000 euros a Atención a la Discapacidad y 800.000 euros a conciertos sociales. Todas estas partidas han sido afectadas por la necesidad de atender la llegada imprevista de menores migrantes.
De 18 menores en 2019 a 112 en la actualidad
Losa subrayó especialmente la situación que vive el Servicio de Menores: el número de menores extranjeros no acompañados acogidos ha pasado de 18 en 2019 a 112 en la actualidad.
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Una presión que ha tensionado de forma notable la capacidad económica y administrativa del Departamento de Bienestar Social y que, según el conseller, acaba afectando también a otros servicios como la atención a personas con discapacidad o la integración sociolaboral.
«El problema es de financiación, no de voluntad»
«El problema no es de voluntad ni de gestión. El problema es que el Consell de Ibiza está asumiendo una presión asistencial cada vez mayor sin que el Estado aporte los recursos necesarios para hacerle frente», afirmó Losa, lamentando que «mientras todo el departamento se vuelca en buscar personal, espacios y crédito, se centra en lo urgente, desatendiendo lo importante».
El conseller rechazó que la cuestión deba abordarse desde un debate ideológico: «Hablamos de personas que deben ser atendidas con dignidad y con todas las garantías, pero también hablamos de un sistema que necesita recursos. No es un problema de humanidad, es un problema de financiación y de responsabilidad institucional».
Denunció que los consells insulares continúan asumiendo prácticamente en solitario las consecuencias económicas de la política migratoria estatal, sin una respuesta suficiente por parte del Gobierno de España.
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