La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno continúa generando preocupación dentro de la Policía Nacional. Altos mandos del área de Extranjería estiman que el proceso podría alcanzar hasta tres millones de personas, al tener en cuenta no solo a quienes obtengan la residencia legal, sino también a sus familiares a través de las reagrupaciones previstas en la normativa.
Según estos responsables policiales, la cifra superaría ampliamente las previsiones iniciales y tendría un impacto muy superior al contemplado cuando se puso en marcha la iniciativa. Además, critican la organización del procedimiento y cuestionan que la gestión principal de los expedientes recaiga en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al considerar que la Policía Nacional ha quedado relegada de funciones que forman parte de sus competencias. La preocupación también se centra en la capacidad del sistema para absorber el volumen de solicitudes y en los mecanismos de verificación de la documentación presentada durante el proceso.
La estimación de la Policía supera ampliamente las previsiones iniciales
Los altos mandos de Extranjería sostienen que el número final de personas que podrían acceder a la situación legal será muy superior al inicialmente previsto. Su cálculo parte de los 1,2 millones de solicitantes que, según sus estimaciones, podrían acogerse al proceso extraordinario.
A esa cifra añaden el efecto de las reagrupaciones familiares, que consideran uno de los principales factores de crecimiento. Según explican, «por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación». Tomando como referencia ese escenario, estiman que el proceso podría alcanzar a tres millones de inmigrantes junto a sus familias en aproximadamente un año.
Críticas al papel asignado a la Policía Nacional
Uno de los principales motivos de preocupación expresados por responsables policiales es el reparto de funciones establecido durante el procedimiento. Los mandos de Extranjería denuncian que el Ejecutivo ha apartado «deliberadamente» a la Policía Nacional del control de los trámites, dejando esa labor en manos del Ministerio de Migraciones.
A su juicio, esta decisión reduce las funciones policiales prácticamente a tareas administrativas. Según indican las mismas fuentes, «la Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración». Consideran que esta organización puede afectar a la verificación de la documentación y a la comprobación de determinados requisitos durante la tramitación.
Dudas sobre la comprobación de la documentación
Los responsables policiales también cuestionan la capacidad del sistema para revisar correctamente toda la documentación presentada. En concreto, advierten de que podrían producirse errores en aspectos como la comprobación de los antecedentes penales de los solicitantes.
Asimismo, muestran su desacuerdo con la preparación del personal encargado de la gestión. Según afirman, el personal del ministerio «no está capacitado» para tramitar estas solicitudes porque, sostienen, carece de «formación». Los altos mandos consultados resumen su posición asegurando que «la voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo».
Ante estas críticas, el Ministerio del Interior se limita a remitirse al contenido de la normativa que regula el procedimiento. Según su respuesta, «se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto», sin aportar más detalles sobre el reparto de funciones entre administraciones. Mientras tanto, la Policía mantiene su preocupación por el desarrollo del proceso y por el volumen de expedientes que deberán tramitarse.
La cifra de solicitudes desbordó las previsiones
Los mandos policiales sostienen que el número de peticiones registradas ya ha superado las previsiones realizadas por el Gobierno cuando aprobó la medida. Mientras el Ejecutivo calculaba inicialmente unas 500.000 solicitudes, la Policía Nacional situó desde el principio la cifra entre 1,2 y 1,3 millones.
Según las estimaciones de la cúpula policial, ese escenario terminará generando una presión difícil de asumir para el sistema. De hecho, advierten de forma contundente que «el sistema va a quebrar».
Preocupación por posibles fraudes en las reagrupaciones familiares
Otro de los aspectos que inquietan a los responsables de Extranjería es el posible incremento de intentos de fraude vinculados a las reagrupaciones familiares. Los mandos consultados consideran que organizaciones criminales podrían intentar aprovechar este mecanismo.
Según explican, «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados». Añaden que actualmente ya existen situaciones similares, aunque aseguran que suelen detectarse con rapidez debido al menor volumen de expedientes.
El informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería
La preocupación de la Policía no es reciente. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras elaboró un informe en el que cuestionaba el procedimiento antes de su puesta en marcha. El documento fue firmado por el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Alfredo García Miravete. En él se ponía en duda la urgencia alegada para impulsar la medida.
El informe señala: «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente».
Los riesgos señalados por el informe policial
Ese mismo documento advertía de posibles consecuencias derivadas de una regularización de gran magnitud. Entre ellas figuraban un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, tensiones sociales, problemas relacionados con la seguridad ciudadana y el orden público, además de una posible «desconfianza social» respecto a la gestión de las fronteras.
El informe también alertaba sobre la capacidad de los servicios públicos para absorber un incremento importante de población en un corto espacio de tiempo. En ese sentido recogía: «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español».
La Policía asegura haber detectado intentos de fraude
Durante el desarrollo del procedimiento, los agentes también afirman haber detectado numerosos intentos de acceder al proceso de forma irregular. Según la información disponible, Extranjería llegó incluso a emitir una alerta interna mediante un oficio después de contabilizar «multitud» de casos de personas que, según los agentes, intentaron incorporarse al proceso de manera fraudulenta.
Mientras continúa la tramitación de las solicitudes, la Policía Nacional mantiene sus reservas sobre el desarrollo de la regularización extraordinaria y sobre el impacto que, según sus estimaciones, podría alcanzar con las futuras reagrupaciones familiares.
