Las contradicciones que rodean la licencia de reforma y ampliación del Hotel Ibiza Corso —el establecimiento de s’Illa Plana destinado a albergar el nuevo Lío Ibiza a partir de 2027— dejaron de ser una denuncia de despacho para quedar registradas en acta. La Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino intervino en el Pleno del Ayuntamiento de Ibiza para exponer, punto por punto, el reguero de irregularidades que este medio viene documentando desde marzo en el expediente de la licencia urbanística 11/2026.
La operación se apoya en una vía extraordinaria de modernización turística nacida en la crisis de la covid —el artículo 7 de la Ley 2/2020— que permite ampliar hasta un 15% la superficie construida a cambio de reducir plazas turísticas, previo informe favorable de la administración turística. La Comisión de Ordenación Turística del Consell de Ibiza emitió ese visto bueno el 13 de octubre de 2025 y, con él, el Ayuntamiento tramitó la licencia. Es sobre ese recorrido donde los vecinos han localizado los problemas.
Una licencia de sala de fiestas que no existe
El primer obstáculo del proyecto es conocido: el Plan General de 2023 prohíbe nuevas salas de fiesta en el municipio. Para esquivarlo, la promotora sostuvo que no se trata de una implantación nueva, sino de la ampliación de una sala de fiestas preexistente con licencia de actividad en vigor.
Esa licencia no aparece por ningún lado. El expediente invocado en la memoria del proyecto, el APER 128/2002, no otorgaba licencia alguna de sala de fiestas: era una simple comunicación de cambio de titularidad de la licencia hotelera de 1986. Y el APER 128/2022, citado de forma indistinta en los mismos documentos, corresponde a una tienda de ropa de la avenida Bartomeu Rosselló.
Lo único acreditado es una autorización de 1996 para una sala de baile de 488 metros cuadrados en la planta sótano -2, con aforo para 365 personas y con prohibición expresa de «realización de espectáculos y otras actividades propias de sala de fiestas». A ello se suma que en 2016 se ejecutaron obras para implantar una sala de fiestas-restaurante en las plantas -1 y -2 —el antiguo STK— que nunca obtuvieron licencia de legalización, ni de actividad ni de obra.
De 1.167 a 2.484 metros: el salto que autoriza la macrodiscoteca
Sobre esa licencia inexistente se construyó un salto de escala considerable. El informe municipal da por existente una sala de fiestas de 1.167,34 metros cuadrados y valida que la nueva alcance 2.484,20 metros, prácticamente el techo de 2.500 que fija el cuadro de usos para esa tipología en zona turística. El conjunto de la oferta complementaria del hotel se eleva así a 3.692,71 metros, el 26,36% del total del establecimiento.
La pieza clave de esa lectura es un informe técnico firmado por la arquitecta técnica municipal el 16 de marzo de 2026, que asumió la tesis del promotor: la prohibición del PGOU no afectaría a la ampliación por tratarse de un uso preexistente y no de una nueva instalación.
Dos coartadas que no pueden sostenerse a la vez
Aquí aparece la contradicción que los vecinos subrayaron en el pleno. La prohibición del planeamiento es exactamente la misma antes y después; lo único que ha cambiado es la razón por la que el Ayuntamiento dice que no se aplica.
Primero, la licencia se justificó sobre la existencia de esa sala de fiestas preexistente. Acreditado que no existe, el Ayuntamiento lo atribuyó a un «error inducido por la promotora», admitió que sin ese antecedente se estaría ante una sala de fiestas nueva prohibida por el planeamiento y, aun así, mantuvo la validez del permiso con un argumento distinto: la sala sería un servicio complementario del hotel, restringido a sus huéspedes.
Son dos justificaciones incompatibles. La primera presupone un uso recreativo propio y preexistente; la segunda niega que ese uso tenga entidad propia y lo convierte en un servicio del hotel. Y la segunda solo aparece cuando se cae la primera. El proyecto, entre tanto, no ha cambiado una sola línea.
De ahí la pregunta más incómoda que quedó en acta: ¿de verdad sostiene el Ayuntamiento que un local con escenario, camerinos, palcos VIP, guardarropa, pasarela, tres barras, una cocina de trescientos metros y puerta propia a la calle es un servicio complementario destinado a los huéspedes de un hotel de 342 camas? Y si lo es —restringido a los huéspedes y explotable únicamente por el titular del establecimiento, Turismo Balear S.A.—, ¿qué papel juega entonces el Cabaret Lío en la operación, cuando defiende públicamente su traslado como operador del espacio?
El 15% que el propio Ayuntamiento reconoce incumplido
A la discusión sobre los usos se suma un dato objetivo. Tras realizar mediciones a su costa, los vecinos advirtieron que el proyecto supera los límites del 15% de incremento de edificabilidad y ocupación, pese a que el arquitecto de la promotora afirmó lo contrario ante el Consell para obtener el informe favorable, requisito indispensable para la licencia.
Puesto el incumplimiento en conocimiento del Consell —que requirió al Ayuntamiento las comprobaciones que no había hecho—, el 22 de julio la arquitecta técnica municipal informó por escrito que la afirmación del proyecto de que el incremento no excede del 15% «no puede tenerse por correcta» y que dicho incumplimiento no es subsanable mediante una simple modificación del proyecto.
La consecuencia es de calado: falta el presupuesto habilitante de la licencia, lo que determinaría su nulidad de pleno derecho. El Ayuntamiento lo ha reconocido por escrito y, sin embargo, la licencia continúa vigente. Si las obras no se han iniciado no es por decisión municipal, sino porque lo impide la ordenanza que restringe las obras en verano, la misma que en junio ya obligó a frenar los trabajos.
Un barrio que se enteró tarde
El escrito parte de un contraste que la asociación repite desde que se plantó contra el traslado: a los vecinos se les notifica cualquier actuación menor de su entorno —hasta un simple cambio de bombillas—, pero la licencia que autoriza una obra de cerca de 13 millones de euros de presupuesto de ejecución material y una sala de fiestas de 2.484 metros se tramitó sin que tuvieran conocimiento de ella. No supieron nada hasta que ya estaba concedida.
Solo entonces se les convocó a una reunión, presidida por un representante del Cabaret Lío acompañado del concejal de Urbanismo, en la que se les comunicó que la licencia ya estaba otorgada y que «no había nada que hacer». El expediente, denuncian, se les fue entregando «a cuentagotas», mezclado y nunca completo. Tras reorganizarse y anunciar acciones legales, llevaron el asunto al pleno.
Las siete preguntas que quedaron en acta
- ¿Por qué el barrio no recibió información alguna del expediente hasta después de concedida la licencia?
- ¿Por qué no se comprobó, antes de conceder la licencia, si existía o no la licencia de sala de fiestas que la promotora invocaba?
- ¿Sostiene el Ayuntamiento que un local con escenario, camerinos, palcos VIP, pasarela, tres barras y cocina de 300 metros es un servicio complementario para los huéspedes del hotel?
- Si lo es, explotable solo por Turismo Balear S.A., ¿qué papel juega el Cabaret Lío en la operación?
- ¿Por qué no se comprobó, antes de conceder la licencia, si el proyecto cumplía el límite del 15% de incremento de ocupación?
- ¿Va a permitir el Ayuntamiento el inicio de unas obras amparadas en una licencia cuyo presupuesto habilitante el propio Consistorio reconoce incumplido?
- Si las obras se ejecutan y la licencia se anula después, ¿quién responde de las consecuencias y del coste, y con cargo a qué?
«La ley nos ampara. Vamos a luchar por la legalidad. Queremos una acción contundente», cerró la vecina que tomó la palabra. El alcalde, Rafael Triguero, respondió sin entrar en ninguna de las siete cuestiones: pidió «tiempo» y reclasificó la licencia como una «cuestión privada».
