El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha ratificado sanciones por un total de 700.000 euros contra cinco fiestas ilegales celebradas en viviendas y una finca rústica del municipio. La Junta de Gobierno Local aprobó los acuerdos definitivos, tras la colaboración con el Consell de Ibiza y sus detectives privados. Sin embargo, el consistorio lamenta que los trámites tarden casi dos años.
Cinco expedientes por 700.000 euros
Las resoluciones sancionan la organización, comercialización y celebración de fiestas ilegales en suelo residencial y rústico. Dos expedientes corresponden a la reincidencia en una vivienda residencial, con una sanción de 100.000 euros tras desestimarse los recursos presentados contra las resoluciones, por la celebración reiterada de eventos multitudinarios clandestinos sin licencia.
Un tercer expediente afecta a un inmueble en régimen mercantil, cuya entidad titular deberá pagar otros 100.000 euros por albergar eventos multitudinarios con ánimo de lucro sin autorización. La sanción más elevada, de 300.000 euros —el grado máximo previsto por la ley—, recae sobre la comercialización ilegal de entradas y consumiciones en un evento multitudinario celebrado en una finca rústica.
El quinto expediente impone 200.000 euros a los arrendatarios de una vivienda por un evento con venta de bebidas y graves molestias acústicas constatadas por la Policía Local, que alteró el descanso de los vecinos.
El papel de los detectives privados
La instrucción de los cinco expedientes se apoya en la investigación realizada por el servicio de detectives privados contratado por el Consell de Ibiza. El Ayuntamiento destaca que estas pesquisas, sumadas al despliegue de la Policía Local de Sant Josep y a la instrucción de los servicios técnicos y jurídicos municipales, han permitido desarticular los intentos de los infractores de eludir la ley.
«Las viviendas no son discotecas»
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, defendió el trabajo de los funcionarios municipales y de la Policía Local, así como la alianza con el Consell de Ibiza. «Las viviendas no son discotecas ni recintos de fiestas», señaló, y añadió que, gracias al trabajo de los detectives y a los atestados policiales, «hemos conseguido armar expedientes jurídicamente muy sólidos», según recoge la nota de prensa municipal.
Casi dos años de trámites
El propio Ayuntamiento reconoce que la burocracia administrativa retrasa casi dos años la resolución de este tipo de expedientes, desde que se cometen las infracciones hasta que las sanciones adquieren firmeza. El alcalde calificó de «frustrante» esta lentitud, que a su juicio resta eficacia a la protección de los vecinos y del entorno frente a las fiestas ilegales.
Responsabilidad también para los propietarios
Todas las sanciones se amparan en el artículo 104.r de la Ley 7/2013, que regula el régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears y califica estas conductas como infracción muy grave. La norma prevé además un régimen de responsabilidad solidaria que puede alcanzar tanto a los promotores y comercializadores de los eventos clandestinos como a los propietarios de los inmuebles que los alquilan o cedan con esa finalidad.
