El Gobierno central ha retirado este martes el veto que había planteado contra la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament balear pueda continuar su recorrido en el Congreso de los Diputados. La decisión elimina, al menos por ahora, el obstáculo que amenazaba con frenar una norma con consecuencias directas para Ibiza, ya que pretende dar a las instituciones de Baleares más capacidad para intervenir en decisiones estratégicas sobre aeropuertos como el de Es Codolar.
El cambio llega apenas cuatro días después de que el Ejecutivo comunicara formalmente su oposición. El viernes , el Gobierno había pedido impedir la tramitación al considerar que la ley podía reducir los ingresos de Aena y, por extensión, afectar a los ingresos del Estado. Esa posición había trasladado el conflicto sobre la gobernanza de los aeropuertos baleares directamente al Congreso.
La retirada ha sido anunciada por el diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, quien la ha atribuido a la “presión” ejercida sobre el Gobierno central durante los últimos días. Vidal se ha mostrado satisfecho por este “paso adelante”, aunque ha advertido de que todavía deberán superarse nuevos obstáculos para que la proposición acabe convirtiéndose en ley. El diputado también ha sostenido que lo ocurrido demuestra el “peso” de su formación en el Estado.
De un posible bloqueo a poder seguir debatiendo la ley
El veto suponía una amenaza especialmente relevante porque podía impedir que el Congreso entrara siquiera a discutir el fondo de la propuesta. El Gobierno había invocado el impacto presupuestario de la norma para oponerse a su tramitación, después de que el Parlament la aprobara el pasado 28 de abril y la remitiera posteriormente a las Cortes Generales al afectar a competencias estatales.
El argumento utilizado por el Ejecutivo se centraba fundamentalmente en los posibles efectos de la cogestión sobre el tráfico aéreo y las tarifas aeroportuarias. En su escrito al Congreso sostenía que una eventual limitación del crecimiento del número de pasajeros o una congelación de las tarifas tendría una repercusión “muy significativa” sobre las cuentas de Aena y, como consecuencia, sobre los dividendos que recibe el Estado.
Los cálculos trasladados por el Gobierno estimaban que, si los aeropuertos de Baleares mantuvieran en 2026 los 47,2 millones de pasajeros de 2025 en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, Aena dejaría de ingresar 32,5 millones de euros. Además, cifraba en otros 32,9 millones la pérdida potencial de ingresos si se mantuviera la tarifa aeroportuaria media del pasado año en vez de aplicar la aprobada para este ejercicio.
La conclusión del Ejecutivo era que esa disminución podía obligar a compensar a Aena mediante una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. MÉS cuestionó desde el primer momento ese razonamiento al considerar que se basaba en consecuencias futuras e hipotéticas de una ley que todavía no ha determinado ninguna reducción concreta de vuelos ni de tarifas.
Qué puede cambiar para el aeropuerto de Ibiza
Para Ibiza, la importancia de que la ley siga adelante reside en que podría modificar quién interviene en algunas de las decisiones que ahora dependen fundamentalmente del Estado y de Aena.
La propuesta que salió del Parlament no supone transferir a Baleares la titularidad ni la gestión directa de los aeropuertos, una posibilidad que sí figuraba en planteamientos anteriores. El mecanismo finalmente acordado pasa por reforzar el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y otorgar carácter vinculante a determinados informes sobre cuestiones especialmente sensibles para las islas.
Entre ellas aparecen la fijación del techo operativo máximo de vuelos anual y diario, los planes, programas y construcciones aeroportuarias, la conectividad aérea y las medidas para mitigar los efectos negativos de los aeropuertos sobre su entorno. Es decir, la cogestión no determina por sí sola que tengan que reducirse los vuelos en Ibiza, pero sí pretende que esas decisiones no dependan exclusivamente de Aena.
En ese órgano estarían representados el Gobierno central y Aena, pero también el Govern, los cuatro consells insulares y municipios directamente afectados, entre ellos Sant Josep de sa Talaia, donde se encuentra el aeropuerto de Ibiza. Esa composición es precisamente una de las claves de la reforma: dar mayor capacidad de intervención a las administraciones que gestionan los efectos territoriales, turísticos y de movilidad derivados de la actividad aeroportuaria.
El debate coincide con la gran reforma de Es Codolar
La retirada del veto adquiere especial relevancia en Ibiza por el momento en el que se produce. La isla mantiene abierto un intenso debate institucional y social sobre el futuro de Es Codolar y sobre hasta dónde debe crecer la capacidad aeroportuaria, después de conocerse los planes de Aena para acometer la mayor remodelación de la terminal en décadas.
La cuestión de la cogestión ya había llegado al Parlament entre críticas a Aena y en un contexto de creciente presión aérea sobre Ibiza. PP y MÉS han coincidido durante la tramitación en reclamar que Baleares tenga más capacidad para condicionar las decisiones del gestor aeroportuario, aunque mantienen diferencias políticas sobre otros aspectos de la política turística.
Por eso, la retirada del veto no significa que Ibiza haya conseguido ya capacidad para limitar vuelos o condicionar una obra de Aena. La ley todavía tendrá que superar su tramitación parlamentaria en Madrid y su contenido puede sufrir modificaciones. Lo que cambia desde este martes es que el debate podrá continuar y que la vía legislativa para reforzar la posición de las instituciones baleares frente al gestor aeroportuario permanece abierta.
Después de que el viernes el Gobierno amenazara con cerrar esa vía por razones económicas, la marcha atrás del Ejecutivo devuelve ahora el foco al contenido de la cogestión y a la batalla política sobre quién debe decidir el futuro de los aeropuertos baleares. Para Ibiza, esa discusión afecta directamente a una pregunta que ha ganado protagonismo con los planes para Es Codolar: cuánto puede crecer su aeropuerto y qué capacidad deben tener las instituciones de la isla para intervenir en esa decisión.
