El Parlament balear aprobará previsiblemente este martes la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, una iniciativa impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca y pactada con el PP que será remitida al Congreso al afectar a competencias estatales. La votación llegará después de una previa marcada por las críticas de PP y MÉS a Aena, a la que acusan de mantener una estrategia de crecimiento constante en los aeropuertos de las islas, incluido el de Ibiza.
La ley nace con un objetivo político claro: que Baleares tenga más peso en las decisiones que afectan a sus aeropuertos, especialmente en materias como la planificación de infraestructuras, la conectividad, los impactos sobre el territorio y el eventual techo operativo de vuelos. En el caso de Ibiza, el debate conecta directamente con la presión turística y con el aumento de la capacidad aérea prevista para este verano.
MÉS ha situado el foco en Aena y en su presidente, Maurici Lucena, al que el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha acusado de actuar contra los intereses de los residentes de Baleares. “Es una empresa público-privada dirigida por una persona que obsesivamente va en contra de los ciudadanos de Baleares, que nos condena a ser un territorio tratado de forma colonial en el que sacar los máximos beneficios para repartírselos entre los accionistas”, ha afirmado en la rueda de prensa previa al pleno.
Apesteguia ha defendido que la gestión aeroportuaria no puede quedar en manos de una lógica exclusivamente empresarial, porque los aeropuertos de Baleares son “una infraestructura básica que articula la conectividad con el mundo” del archipiélago. Según el portavoz de MÉS, Aena mantiene “intereses centralistas y privados” para seguir controlando en régimen de monopolio las principales puertas de entrada de las islas.
El PP también ha cargado contra la estrategia de crecimiento de Aena, aunque desde un enfoque vinculado a la política de contención turística del Govern de Marga Prohens. La portavoz adjunta popular, Marga Durán, ha defendido que “no puede ser” que mientras Baleares adopta medidas para limitar plazas turísticas, combatir la oferta ilegal y reducir el techo de cruceristas, Aena “siga con su lógica expansiva de ir aumentando año tras año el número de pasajeros”.
Durán ha pedido el apoyo del Parlament a la ley y ha situado la cogestión como una pieza más de la estrategia de contención “por tierra, mar y aire”. En la nota de prensa del PP, los populares recuerdan el decreto de crecimiento cero de plazas turísticas, la reducción de 30.000 plazas ilegales y el acuerdo con las navieras para disminuir en 30.000 camas el techo mensual de cruceristas durante los meses de verano.
Qué cambiaría con la cogestión
La proposición no supone una transferencia directa de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet a la comunidad autónoma, como planteaba el texto inicial de MÉS, sino una fórmula intermedia. El punto central es reforzar el papel del Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears, un órgano en el que participan administraciones públicas, Aena y agentes económicos y sociales.
La clave del texto está en el carácter vinculante de algunos informes del comité, especialmente en los aspectos que incidan en la fijación del techo operativo máximo de vuelos anual y diario, los planes y programas aeroportuarios, las construcciones, la conectividad aérea y la mitigación de los impactos negativos sobre el entorno. Ese es el elemento que convierte la cogestión en una herramienta con posibles efectos sobre aeropuertos como el de Ibiza.
En la práctica, Baleares aspira a que decisiones estratégicas sobre los aeropuertos no dependan solo de Aena y del Estado, sino que tengan que ajustarse también al criterio de un órgano con presencia del Govern, los consells y los municipios afectados. En el caso de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia formaría parte del comité por ser el municipio donde se ubica el aeropuerto.
El debate tiene una traducción directa en Ibiza porque la planificación aeroportuaria condiciona el modelo turístico de la isla. La capacidad de vuelos y asientos no solo afecta a la conectividad de residentes y empresas, sino también al volumen potencial de visitantes, a la movilidad, a la vivienda, al consumo de recursos y a la presión sobre servicios públicos durante los meses de mayor ocupación.
Aena enfría cualquier cogestión real
Aena, sin embargo, ha dejado claro que no quiere abrir una cogestión con capacidad de decisión vinculante. Lucena ha defendido el modelo de red centralizada y ha puesto como referencia el acuerdo alcanzado con el País Vasco, basado en un órgano bilateral de carácter consultivo y no vinculante. Esa posición choca con el planteamiento balear, que busca que el comité tenga capacidad efectiva en determinados ámbitos.
La diferencia es sustancial: consultar no es decidir. El modelo que acepta Aena permite escuchar a una comunidad autónoma sin alterar el régimen legal ni la autonomía de la compañía. La vía que defiende Baleares, en cambio, pretende que algunos informes condicionen decisiones sobre el techo operativo, las inversiones o los impactos aeroportuarios. Por eso la aprobación en el Parlament no cerrará el conflicto: lo trasladará al Congreso.
El recorrido de la ley dependerá ahora de las Cortes Generales, donde el texto tendrá que superar el filtro jurídico y político de una materia en la que el Estado conserva las competencias principales. MÉS y PP sostienen que el texto se ha ajustado durante la tramitación para mejorar su encaje constitucional. El PSIB, en cambio, ha advertido de que la propuesta sigue siendo inviable en términos jurídicos y económicos.
PSIB se inclina por abstención
El portavoz adjunto socialista, Marc Pons, se ha desmarcado de las críticas de PP y MÉS a Aena y ha deslizado que el PSIB se abstendrá en la votación. Según Pons, el texto “no era viable, ni jurídica ni económicamente” y, aunque ha sido enmendado, mantiene una ruptura de equilibrios entre administraciones que dificultará su aprobación en el Congreso.
El PSIB propone tomar como referencia el acuerdo entre los gobiernos español y vasco, adaptándolo a la realidad insular. “Si el PP y MÉS quieren coger este camino, evidentemente nosotros no vamos a jugar a poner piedras. Pero nos preguntamos por qué no están dispuestos a aceptar el modelo vasco”, ha señalado Pons, que defiende una vía pactada con el Estado y no una ley que pueda encallar en Madrid.
MÉS rechaza esa comparación porque considera que Baleares tiene una realidad distinta, marcada por la insularidad, la dependencia aérea y la presión turística. Apesteguia ha defendido que tratar igual situaciones diferentes puede resultar discriminatorio y ha pedido al resto de fuerzas que apoyen una ley que, a su juicio, abre “un camino de ambición colectiva”.
Más asientos para Ibiza este verano
La discusión llega en un momento especialmente sensible para Ibiza. Las aerolíneas han programado para Baleares 47,9 millones de asientos este verano, un 2,6% más que el año pasado, según datos de la Asociación de Líneas Aéreas. Ibiza es el aeropuerto balear donde más crece la oferta: pasa de 9,3 a 9,8 millones de asientos, alrededor de un 5% más.
Ese aumento refuerza el argumento del Govern y del PP sobre la necesidad de actuar también “por aire”, después de haber impulsado medidas sobre plazas turísticas, oferta ilegal, cruceros y entrada de vehículos. La cuestión de fondo es si una comunidad turística saturada puede contener la presión sobre el territorio si no tiene margen de intervención en la puerta de entrada que más visitantes aporta.
La aprobación de este martes tendrá, por tanto, un fuerte valor político aunque no produzca efectos inmediatos en el aeropuerto de Ibiza. El Parlament enviará al Congreso una propuesta que busca limitar la capacidad de Aena para decidir en solitario sobre infraestructuras estratégicas en Baleares. El resultado final dependerá de Madrid, pero el mensaje de la Cámara autonómica será nítido: las islas reclaman voz y capacidad de decisión sobre sus aeropuertos.
