El Govern balear ha sometido a información pública la adecuación del proyecto de restauración de la cantera de Can Gallego, situada en Cala Tarida, en el municipio de Sant Josep, según consta en un anuncio publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
La documentación expuesta —el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental (EsIA)— detalla un plan que contempla verter en el hueco minero 1.152.000 metros cúbicos de tierras y piedras, equivalentes a 1.728.000 toneladas, a lo largo de más de tres décadas.
Dos canteras, un problema de encaje
La cantera de Can Gallego (nº 384) y la de Cala Tarida (nº 423) son colindantes y llevan años en fase de restauración, tras haber agotado sus recursos extractivos.

Cada una cuenta con un proyecto de restauración aprobado —Can Gallego desde 2005, Cala Tarida desde 2014—, pero ambos resultan incompatibles en la zona donde se tocan: mientras el acabado previsto para Cala Tarida es un talud paralelo a la línea que separa las dos explotaciones, el de Can Gallego se diseñó con taludes transversales a esa misma línea. El propio proyecto lo admite sin rodeos: el plan vigente para Can Gallego es «hoy en día, de imposible cumplimiento».
La empresa Arenas San José S.L., que explota ambas canteras en virtud de un acuerdo entre sus titulares, plantea ahora una solución conjunta: completar primero los 5.382 m² de Cala Tarida que quedaron pendientes de restaurar —su plataforma horizontal norte ya fue rellenada, revegetada y dada de baja del Registro Minero en 2021— y, una vez cancelada esa autorización, desarrollar el resto de la actuación íntegramente sobre la superficie de Can Gallego.

Más de 1,7 millones de toneladas hasta 2060
El proyecto divide el relleno en cinco fases, con una duración total estimada de casi 35 años. El volumen total de relleno es de 1.152.000 m³ (1.728.000 toneladas, calculadas con una densidad de 1,5 t/m³), procedente de tierras y piedras no contaminadas (código LER 170504) aportadas por terceros —obras, otras canteras— y por la propia empresa.
El ritmo previsto es de 60.000 toneladas anuales de material entrante, de las que 50.000 se destinan directamente al relleno y 10.000 se someten a trituración y cribado para su comercialización como árido.

La revegetación prevé la plantación de 1.930 pinos de Alepo (Pinus halepensis) y más de 7.000 ejemplares arbustivos —sabina (Juniperus phoenicea y J. oxycedrus), lentisco, brezo y romero—, además de una capa de clausura de drenaje y tierra vegetal en cada plataforma completada.
El presupuesto asciende a 290.001,53 euros y el horizonte de abandono definitivo de la explotación es el año 2060.
El impacto ambiental: paisaje de «alta calidad» y afección «posiblemente significativa»
El estudio de impacto ambiental evaluó cuatro alternativas y concluye que la propuesta es «la potencialmente (y comparativamente) menos lesiva».



Entre los datos que aporta el EsIA, la masa de agua subterránea sobre la que se asienta la cantera presenta un estado ecológico clasificado como «malo», con vulnerabilidad media, según el Plan Hidrológico de Baleares 2022-2027.
Según el Plan Territorial Insular de Ibiza (PTIE), el 97,9% del ámbito está clasificado como área de prevención de riesgo de erosión, y la totalidad como zona de riesgo medio de contaminación de acuíferos.
El IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales sitúa un 97,9% del terreno en riesgo «muy alto» y un 2,1% en riesgo «extremadamente alto».
El paisaje del entorno recibe una puntuación de 22 sobre la escala de Canter, lo que lo sitúa en la categoría de «alta calidad visual»; sin embargo, la valoración del impacto arroja 15 puntos negativos, calificados como «impactos posiblemente significativos».
No se detectaron especies catalogadas durante el trabajo de campo, aunque el Bioatlas registra la presencia potencial de Genista dorycnifolia subsp. dorycnifolia en la cuadrícula que incluye la zona. Sí se constató presencia de especies invasoras.
El propio estudio describe la cantera como «actualmente activa», una calificación que contrasta con la caducidad de la explotación extractiva declarada por el Govern en 2004 y con el litigio de 2013, en el que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares confirmó que la actividad de Arenas San José en el lugar se limitaba a la trituración y clasificación de material.











