Esta es la historia de una adolescente de Sant Antoni que el año pasado cursaba primero de bachiller, aunque podría ser la historia de cualquier adolescente de las Baleares. Esta joven, que podría llamarse Sara, aunque podría tener cualquier otro nombre, desde pequeña tenía algunos problemas respiratorios, no demasiado graves, pero que de vez en cuando le obligaban a acudir a urgencias para que le pusieran nebulizadores con medicamentos para aplacar las crisis respiratorias, algo que le podría pasar a cualquier niño de las islas.
Con los años, estos problemas respiratorios se vieron agravados cuando se le detectó una fuerte alergia al polvo. Seguía sin ser algo grave pero le provocaba unas crisis que, en más de una ocasión, le obligaron a abandonar el centro educativo a mitad de la jornada o, directamente, a no acudir.
Aunque en primaria y en secundaria estas ausencias no le supusieron ningún problema, en primero de bachiller estuvieron a punto de costarle no pasar de curso.
Jugarse el curso a un examen de cada materia
Esta adolescente de Sant Antoni no iba mal en clase. Aprobaba la mayoría de los exámenes y todo apuntaba a que no tendría problemas para aprobar el curso. Sin embargo, a pocas fechas de los exámenes finales los profesores le informaron de que, por las faltas de asistencia, no le aplicarían la evaluación continua y tendría que examinarse de toda la materia del curso de cada una de las asignaturas.
Pese a que sus padres habían avisado en el instituto que estas crisis respiratorias le sobrevenían muy a menudo, y aunque le habían justificado todas y cada una de las faltas, desde el centro educativo insistían en que sólo podría justificar estas faltas con justificantes médicos, algo prácticamente imposible de cumplir porque muchas de las crisis respiratorias no habían requerido desplazamiento al centro de salud.
De cualquier forma, los padres de Sara (o cualquier otro nombre) acudieron a su médico de cabecera, que llevaba el seguimiento de estos problemas respiratorios desde que era pequeña, le solicitaron un informe o algún documento para poder justificar la enfermedad ante el centro. El médico les informó de que ningún médico podía justificar las ausencias, que sólo podían hacerlo los padres, algo que el instituto no aceptaba.
Finalmente, el médico accedió a hacer un escrito en el que indicaba los problemas respiratorios de la adolescente e informaba al centro de que sólo los tutores legales de los alumnos podían ser los que justificaran las ausencias. Un escrito que llegó tarde ya que habían empezado los exámenes del último trimestre y la adolescente se tuvo que examinar de toda la materia.
Esta historia es un ejemplo de la batalla que, desde hace ya algún tiempo, mantienen los profesionales de la salud con los profesionales de la educación. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) insisten en que certificar ausencias escolares no es competencia de los médicos. “La obligación de justificar la ausencia de un menor al centro escolar recae exclusivamente en sus padres, representantes o tutores legales. Son ellos quienes ejercen la patria potestad y tienen la responsabilidad de velar por la salud y educación de sus hijos”.
Justificar no es un acto médico
Recalcan que la Ley 41/2022 de Autonomía del Paciente establece que “no es función del médico autorizar o justificar administrativamente una falta de asistencia a un centro externo. Exigir a un médico que escriba en un papel un diagnóstico para que sea entregado en un colegio puede vulnerar el derecho a la confidencialidad de los datos de salud del menor”.
Insisten en que la emisión de estos documentos “no forma parte del acto médico. Exigirlos satura innecesariamente los centros de salud y detrae tiempo de la atención a pacientes enfermos”. Añaden a su vez que “los centros educativos deben aceptar como válidos los escritos firmados por los padres o tutores para justificar ausencias por enfermedades leves que no requieran hospitalización o tratamientos de larga duración”.
En aplicación de estas recomendaciones realizadas por los colegios de médicos, en centros de salud como el de Sant Antoni facilitan una copia de las medidas cuando se solicita un justificante para los centros educativos.
Autonomía de los centros educativos
Desde la Conselleria balear de Educación, por su parte, indican que pese a que la patria potestad es de los padres, los centros educativos tienen autonomía para valorar hasta qué punto lo que se pretende justificar es falta o no. “Si vamos al caso de unos padres que justifican una enfermedad durante ocho días consecutivos sin aportar nada, es extraño”, han apuntado, “pero si se justifica una enfermedad común durante tres días sin haber ido al médico, normalmente se justifican todas las faltas. La palabra de los padres se suele dar por buena, quitando si se detecta cualquier cosa extraña, que entonces se valora lo que se tiene que hacer”.
En el caso de Sara, que podría ser el de muchos adolescentes de las Baleares, los docentes optaron por no dar por buena la palabra de los padres sin esgrimir otro motivo que el de que las justificaciones las tienen que hacer en el centro de salud.
