La posibilidad de acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones con 40 años cotizados atraviesa un momento de incertidumbre en España. Aunque el Congreso de los Diputados admitió a trámite el pasado 22 de septiembre de 2026 una proposición de ley impulsada por Podemos para eliminar los coeficientes reductores, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha paralizado su tramitación.
La iniciativa pretende que los trabajadores que hayan acumulado al menos cuatro décadas de cotizaciones puedan adelantar su jubilación sin sufrir los recortes permanentes que actualmente aplica la Seguridad Social. Sin embargo, la reforma todavía no está aprobada y, por tanto, no puede aplicarse.
Ante este escenario, asociaciones de afectados como Asjubi40 han solicitado una alternativa para acelerar su entrada en vigor. La propuesta consiste en recurrir a un decreto ley que permita eliminar las penalizaciones antes de las elecciones, aunque esta vía plantea importantes dificultades jurídicas.
Qué cambiaría en la jubilación anticipada con 40 años cotizados
Actualmente, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21% a las pensiones de quienes deciden jubilarse anticipadamente de forma voluntaria. El porcentaje de reducción depende principalmente de dos factores: los años que haya cotizado el trabajador y el número de meses que adelante su retirada respecto a la edad ordinaria de jubilación.
Estos recortes tienen una característica especialmente relevante: se aplican de manera vitalicia, por lo que la reducción de la pensión no desaparece cuando el jubilado alcanza la edad ordinaria de retiro. Por ejemplo, un trabajador con una base reguladora de 2.000 euros que decida jubilarse dos años antes de lo previsto, después de haber cotizado más de 44 años y medio, puede sufrir una penalización máxima del 13%. En ese supuesto, su pensión se reduciría hasta aproximadamente 1.740 euros mensuales.
Otro caso sería el de una persona con 40 años cotizados y una pensión ordinaria de 1.600 euros que adelante su jubilación 12 meses. Con una reducción de entre el 6% y el 7%, pasaría a percibir entre 1.490 y 1.500 euros al mes.
La proposición de ley presentada por Podemos busca eliminar estas penalizaciones para quienes acrediten 40 años o más de cotizaciones, permitiéndoles adelantar su salida del mercado laboral hasta dos años respecto de la edad ordinaria sin sufrir una reducción permanente en su pensión.
Además, la reforma contempla otro cambio importante: su aplicación retroactiva. De aprobarse en los términos planteados, quienes ya se hubieran jubilado anticipadamente con al menos 40 años cotizados podrían solicitar que se recalculase su pensión conforme a las nuevas condiciones.
Por qué la ley para jubilarse sin penalización está paralizada
El Congreso admitió a trámite la proposición de ley el 22 de septiembre de 2026, pero este paso no equivale a su aprobación definitiva. Para convertirse en una norma aplicable, la iniciativa debía completar diferentes fases parlamentarias antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En primer lugar, el texto tenía que pasar a la comisión competente, donde se abriría el correspondiente plazo de presentación de enmiendas.
Posteriormente, una ponencia debía estudiar las modificaciones propuestas y elaborar un informe. A continuación, la comisión tendría que debatir y votar tanto las enmiendas como el contenido de la iniciativa, antes de preparar un dictamen para elevarlo al Pleno.
Una vez superada esta fase, la proposición tendría que someterse a una nueva votación en el Congreso y continuar su recorrido por el Senado. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes han alterado este calendario.
Las proposiciones de ley que no completan su recorrido parlamentario antes de la disolución de las Cámaras caducan. Esto significa que la futura composición del Congreso no podría continuar automáticamente la tramitación desde el punto en el que quedó interrumpida. Por el contrario, la reforma tendría que presentarse nuevamente y comenzar todo el procedimiento legislativo desde el principio durante la próxima legislatura.
El decreto ley, la alternativa para acelerar la reforma de las pensiones
Ante esta situación, asociaciones de afectados como Asjubi40 han registrado una petición formal ante el Congreso para solicitar que el Gobierno en funciones recurra a un decreto ley. El objetivo es que la eliminación de los coeficientes reductores pueda aprobarse antes de la celebración de las elecciones generales, sin esperar al inicio de una nueva legislatura.
Las asociaciones consideran que la medida puede acogerse al supuesto de «extraordinaria y urgente necesidad», requisito previsto para la utilización de este instrumento legislativo. Un decreto ley es una norma con rango de ley que puede dictar el Gobierno en circunstancias extraordinarias. No obstante, su aprobación requiere un control parlamentario posterior. En concreto, debe ser convalidado o derogado en un plazo máximo de 30 días.
Con las Cortes disueltas, esta función puede recaer en la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que mantiene determinadas competencias del Congreso cuando este ha finalizado su mandato o no puede reunirse. Se trata de un órgano reducido, integrado por entre 21 y 22 diputados y cuya composición responde proporcionalmente a la representación parlamentaria.
Entre sus principales responsabilidades figura velar por los poderes de la Cámara y, en circunstancias extraordinarias y urgentes, convalidar decretos leyes. De esta manera, el recurso a un decreto ley aparece como una posible alternativa para intentar acelerar la eliminación de las penalizaciones a quienes hayan cotizado durante cuatro décadas.
Los obstáculos legales para eliminar los recortes antes de las elecciones
Aunque el decreto ley podría utilizarse, en teoría, para aprobar una medida de impacto social, su aplicación a esta reforma de las pensiones presenta dificultades. El principal obstáculo reside en la naturaleza de la modificación propuesta, ya que eliminar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada supondría una reforma estructural del sistema de pensiones. Por este motivo, su aprobación mediante un decreto ley resulta jurídicamente discutible.
Entre las cuestiones que generan dudas figura la ausencia de una urgencia sobrevenida que justifique recurrir a este procedimiento excepcional, así como su incidencia sobre derechos consolidados y el funcionamiento del sistema de Seguridad Social. Por tanto, aunque las asociaciones defienden esta alternativa, no existe garantía de que la reforma pueda aprobarse mediante este mecanismo.
Cuándo podría entrar en vigor la jubilación anticipada sin penalizaciones
La entrada en vigor de la reforma continúa condicionada a que se consiga aprobar una norma que modifique las reglas actuales. Si no prospera la alternativa del decreto ley, la vía ordinaria sería presentar nuevamente la iniciativa durante la próxima legislatura.
Para ello, un futuro Gobierno o grupo parlamentario tendría que impulsar otra vez la propuesta y conseguir que completase su tramitación en el Congreso y el Senado. Este procedimiento podría demorarse entre uno y dos años, lo que retrasaría la posibilidad de eliminar los recortes permanentes para quienes hayan cotizado durante al menos 40 años.
Mientras tanto, las condiciones actuales de la jubilación anticipada permanecen vigentes y la Seguridad Social continúa aplicando los coeficientes reductores correspondientes.
Así, pese a que la proposición de ley recibió el visto bueno inicial del Congreso para comenzar su tramitación, los trabajadores con 40 años cotizados todavía no pueden acogerse a una jubilación anticipada sin penalización en virtud de esta reforma.
La petición de Asjubi40 abre una posible vía para intentar acelerar los cambios antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero su viabilidad jurídica y su eventual aprobación siguen sin estar resueltas.
