¿Quién cobraba dinero a los okupas para instalarse en Casa Lola? La pregunta vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el desalojo judicial ejecutado este martes 27 de octubre en la finca de Es Cubells, en Sant Josep. Mientras algunos antiguos residentes aseguran haber pagado para vivir en el asentamiento, el abogado de la propietaria, Paquita Marsan, apunta directamente a un antiguo trabajador de la finca como la persona que presuntamente gestionaba los accesos y recibía los pagos.
«La información que tenemos es que hay un extrabajador de la propiedad que es el que estaba gestionando a los okupantes y les cobraba», ha afirmado Juan Carlos Rodríguez Tur, representante legal de Marsan, durante sus declaraciones a los medios de comunicación tras el operativo.
El letrado ha insistido en que la propietaria no recibió dinero de los ocupantes y ha rechazado las acusaciones que durante los últimos meses han vinculado a Marsan con el supuesto negocio generado alrededor del asentamiento.
«En ningún caso la propiedad aquí ha visto un duro», ha asegurado.
Sin embargo, los testimonios recogidos por La Voz de Ibiza entre quienes vivieron en Casa Lola apuntan a la existencia de pagos para acceder al recinto, aunque todavía no se ha acreditado documentalmente quién recibía ese dinero ni si actuaba por cuenta propia.
Una okupa asegura que pagó 700 euros para entrar
Elizabeth, una de las últimas residentes de Casa Lola, ha relatado a este periódico que llegó a Ibiza desde Málaga junto a su marido para trabajar durante la temporada.
Después de vivir en una habitación por la que, según explica, les pedían hasta 1.200 euros mensuales como pareja, ambos decidieron trasladarse al asentamiento porque no podían seguir afrontando el alquiler.
La mujer asegura que conoció la posibilidad de instalarse en la finca a través de compatriotas que ya residían allí.
«Se pagaba una cosita y después ya te quedabas», ha explicado.
Según su testimonio, abonó 700 euros a un hombre para poder instalarse en Casa Lola. A esa cantidad se sumaban posteriormente los gastos de agua y electricidad.
Elizabeth ha señalado que el acuerdo contemplaba inicialmente su permanencia hasta diciembre y que el pago se había planteado como anual.
Preguntada por la identidad de la persona que recibía el dinero, ha preferido no facilitar nombres.
Su relato coincide parcialmente con la versión del abogado en un aspecto: ambos sitúan a una tercera persona como intermediaria en el acceso al asentamiento. Sin embargo, no está confirmado que el hombre al que pagó Elizabeth sea el extrabajador mencionado por Rodríguez Tur.
«La dueña tenía conocimiento de todo»
La principal discrepancia entre ambas versiones está en el supuesto conocimiento que tenía la propietaria sobre los cobros.
Elizabeth reconoce que nunca habló directamente con Paquita Marsan, pero asegura que el hombre que gestionaba los accesos mantenía contacto con ella.
«Yo directamente no, pero sé que este hombre sí tenía contacto con ella», ha manifestado.
La antigua ocupante ha insistido en que, según la información que manejaba, Marsan estaba al corriente de lo que ocurría dentro de la finca.
«La dueña en todo momento tenía conocimiento de todo lo que pasaba aquí adentro», ha afirmado.
Se trata, no obstante, de una afirmación basada en el conocimiento indirecto que la mujer dice tener de la situación. No existen en los testimonios aportados pruebas que permitan acreditar que Marsan autorizara los cobros o recibiera parte del dinero.
El abogado niega que Paquita Marsan se beneficiara de la ocupación
Rodríguez Tur ha rechazado tajantemente que la empresaria obtuviera algún beneficio económico de la presencia de ocupantes en Casa Lola.
El abogado ha argumentado que mantener una propiedad de lujo ocupada carecería de sentido económico para su titular, especialmente teniendo en cuenta los daños que, según sostiene, ha sufrido el inmueble.
«No tiene ningún sentido económico», ha afirmado.
Según el letrado, la propiedad habría perdido miles de euros diarios durante el tiempo que permaneció ocupada, aunque no ha aportado una valoración económica que permita comprobar esa estimación.
Además, ha advertido de que la limpieza y rehabilitación de la finca podrían exigir una inversión de más de un millón de euros, una cifra todavía provisional que deberá concretarse después de evaluar los desperfectos.
«Si hay alguien que se ha lucrado, en ningún caso es la propiedad», ha insistido.
El representante legal de Marsan ha reiterado que la actuación judicial tenía como objetivo recuperar la posesión de Casa Lola y poner fin a una situación que, según su versión, perjudicaba tanto a la propietaria como a los vecinos del entorno.
Las acusaciones del alcalde de Sant Josep
La controversia sobre los posibles pagos no es nueva.
Durante los últimos meses, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, llegó a acusar públicamente a Paquita Marsan de favorecer la ocupación de su propiedad.
El Ayuntamiento también había manifestado su preocupación por las informaciones que apuntaban a la existencia de personas que cobraban por permitir el acceso a la finca.
Estas acusaciones provocaron un enfrentamiento entre el Consistorio y los representantes legales de la empresaria, que negaron reiteradamente cualquier implicación de Marsan en los presuntos cobros.
Rodríguez Tur ha vuelto a defender este martes que la propiedad fue la principal perjudicada por la ocupación y que, desde que su despacho asumió la representación legal, impulsó las actuaciones judiciales para recuperar el inmueble.
La denuncia por usurpación fue presentada el pasado 2 de julio de 2026, mientras que el desalojo se ha ejecutado este martes 27 de octubre.
Un asentamiento que llegó a albergar hasta 200 personas
La existencia de posibles pagos para acceder a Casa Lola adquiere especial relevancia por las dimensiones que llegó a alcanzar el asentamiento.
Durante los últimos meses se estimó que podían residir allí cerca de 200 personas, distribuidas entre caravanas, tiendas de campaña y construcciones precarias.
Elizabeth ha asegurado que buena parte de los ocupantes eran trabajadores que no podían afrontar los elevados precios del alquiler en Ibiza.
Según su versión, muchas familias abandonaron la finca durante las semanas anteriores al desalojo, después de recibir las primeras advertencias de las autoridades.
El abogado de la propiedad ha señalado que, cuando se ejecutó la intervención judicial, solo quedaban tres personas en el recinto.
Rodríguez Tur ha destacado la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Local, y ha asegurado que el operativo se desarrolló de manera rápida y sin incidentes relevantes.
La incógnita sobre el dinero recaudado
El desalojo judicial ha permitido a la propiedad recuperar Casa Lola, pero deja abierta una cuestión: quién organizaba realmente los accesos al asentamiento y qué destino tenía el dinero que algunos residentes aseguran haber pagado.
Por ahora, el abogado de Marsan señala a un antiguo trabajador, mientras que al menos una ocupante confirma haber entregado dinero a un hombre cuya identidad no ha querido revelar.
No se ha acreditado que ambas declaraciones se refieran a la misma persona ni se ha precisado cuánto dinero pudo recaudarse durante el tiempo que permaneció ocupado el inmueble.
Tampoco consta, a partir de las declaraciones conocidas, que se haya identificado formalmente a un responsable de los presuntos cobros.
Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, Rodríguez Tur ha anunciado que la propiedad instalará seguridad privada, precintará los accesos y adoptará medidas para evitar nuevas ocupaciones.
«A partir de hoy ya no se lucrará nadie más», ha afirmado el abogado, dando por cerrada una etapa de Casa Lola que, sin embargo, todavía deja interrogantes sobre cómo funcionaba el asentamiento y quién pudo beneficiarse económicamente de él.
